El Tribunal Electoral pospuso resolver un caso de violencia política de género en contra de una candidata a jueza a la que un compañero de trabajo la presionó para renunciar a su trabajo si quería participar en la elección judicial, pues mientras el pleno consideraba que estaban probadas las “amenazas veladas” y los estereotipos, el magistrado presidente Gilberto Bátiz proponía retirarle medidas de protección.
“Te quiero mucho, pero tienes que decidir si decides irte a tu candidatura o seguir laborando aquí”, “¿saben si tiene novio?”, “la quiero hacer mi vieja”, “voy a pedir su renuncia”, “lo hago porque te quiero mucho”, son algunas de las frases que recibió una candidata a jueza por parte de su compañero de trabajo Edgar Martínez Arroyo en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos durante la elección judicial.
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El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto de Guzmán Bátiz, optó por retirar su proyecto, luego de que las magistraturas expresaron su rechazo a la propuesta de concluir que estas expresiones no eran violencia de género y, por lo tanto, determinaba que se dejaran sin efectos las medidas de protección que le habían sido otorgadas para protegerla en su entorno laboral.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y las magistradas Claudia Valle y Mónica Soto expusieron su voto en contra, sobre todo, destacando que tras conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo en los que el Tribunal Electoral es clave, no puede haber marcha atrás en todo lo que la Sala Superior ha logrado en favor de las mujeres.
Tras este primer debate con Gilberto de Guzmán Bátiz como presidente del TEPJF, el magistrado optó por retirar su proyecto y considerar los puntos de sus pares para ajustar su propuesta en una línea jurisprudencial que combata la violencia contra las mujeres.
TEPJJ no puede dar paso atrás
La magistrada Mónica Soto rechazó la propuesta de descartar violencia política de género y enlistó “las grotescas frases” que la candidata recibió para visibilizar cómo si encajan en la metodología de perspectiva de género que la Sala Superior ha impulsado para no dejar la violencia sin castigo.
Recordó que la candidata entregó llamadas telefónicas grabadas en las que el acusado hacía insinuaciones de índole sexual hacia ella con otros compañeros y que advertía que no lograr que “se hiciera su vieja” entonces pediría su renuncia por haberse postulado para una candidatura judicial.
“Estamos ante un caso clásico de violencia y de actitud misógina, machista y patriarcal del poder, él pregunta ‘sabes si tiene novio o esposo’ y dice ‘la quiero hacer mi vieja’, luego agrega ‘voy a pedir su renuncia’, y el colofón, ‘si no la obtengo, si no me obedece, si no la hago mi vieja, le pido la renuncia’, la denunciante pregunta ‘¿por qué me vas a pedir mi renuncia?’, y él respondió ‘porque te quiero mucho”.
El proyecto del magistrado presidente concluía que “es solamente un desacuerdo ante la posibilidad de que se pusiera en riesgo sus actividades como servidora pública”, lo que rechazó de manera tajante, pues sostuvo que estos casos exigen un análisis con perspectiva de género.
“Yo de verdad me pongo en una situación de lamentar que también se pretenda que el acto violento tenga que ser reiterado o insistente para poder ser considerado de gravedad. Ha sido firme mi convicción como jurista garantizar a las mujeres su derecho de acceso y ejercicio a cargos públicos libres de toda violencia".
“Sostener lo contrario atenta con la labor de este Tribunal Electoral de garantizar los derechos humanos de las mujeres, libres de toda violencia basada en cuestiones de género”.
Soto explicó que el proyecto carecía de los tests de violencia política de género y que se llegaba a esta conclusión porque se acreditaron algunos rubros del test, pero no todos, lo que dijo, no puede ser un incentivo para seguir agrediendo a las mujeres.
“Es momento de no dar pasos atrás, sino de seguir fortaleciendo nuestra visión de eliminar como Tribunal Constitucional los obstáculos técnicos, procesales y fácticos que puedan llegar a permitir la violencia porque falta una parte de un test y entonces es suficiente para dejar este hecho sin sancionar para seguir permitiendo violencias y que el agresor sepa que tiene muchas posibilidades de seguir agrediendo sin que haya ninguna consecuencia y que las mujeres sigan pensando dos o tres veces el tener que decidir si quieren ejercer sus derechos o vivir libres de violencia".
“Respetuosamente, me aparto y pido una disculpa por extenderme en mi participación, pero justamente es mi convicción y mi obligación siempre, pero en estos 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres, es mi deber reforzado, pues oponerme a cualquiera de ellas”.
Amenazas veladas y estereotipos sexistas
Claudia Valle Aguilasocho detalló que el proyecto concluye que debido a que la candidata no cedió a la presión de su compañero para renunciar, entonces “no se afectaron sus derechos ni su competencia en la contienda”, lo que la magistrada expuso que no compartía, pues la violencia era evidente.
Expuso que hubo una llamada telefónica acreditada, en la que Edgar Martínez Arroyo cayó en “estereotipos sexistas, que refuerzan la idea de que la identidad de una mujer está subordinada a su disponibilidad emocional o a su disponibilidad sexual” y con amagos directos a la candidata señalándole que pediría su renuncia.
“Desde mi visión jurídica, todas estas expresiones son alusivas a estereotipos de género, son amenazas veladas para solicitar una renuncia de un cargo directivo que desempeñaba la denunciante. Buscó amenazar e intimidar a una mujer con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura y al cargo que en esa época ya tenía”.
La magistrada optó por no repetir otras de las expresiones que la candidata recibió para no revictimizarla.
Análisis aislados genera incentivos perversos
Mientras que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que el proyecto debía hacer “un análisis cuidadoso desde la perspectiva de género”, pues “un examen aislado de las expresiones podría llevar a la aparente conclusión de que no se actualiza la violencia política de género”.
Y señaló que no seguir la línea del Tribunal Electoral de hacer análisis integrales y en contexto de las expresiones, y no aislados de cada una de éstas, puede llevar a incentivos perversos que dañen a las mujeres.
“En el proyecto se dice que no se produce un efecto real de daño o de menoscabo al ejercicio de su candidatura, yo difiero de ello y de hecho no ha sido el estándar para evaluar la afectación en este tipo de casos. Si el examen se limita a revisar si cada expresión coincide con un tipo específico o una categorización rígida de violencia, se corre el riesgo de perder el significado completo de la interacción y con ello invisibilizar circunstancias que sí condicionan en los hechos el ejercicio de un derecho político o que sí generan en las condiciones de su ejercicio incentivos negativos, perversos, no deseables”.
También recordó que el que las amenazas hacia la denunciante no se hayan consumado, esto no desaparece que la violencia sí existió.
“El daño a su derecho político-electoral se concreta porque la amenaza de obligarla a renunciar por tener pretensiones político-electorales es real, independientemente de que se consuma. Se advierten elementos de asimetría en la relación, manipulación y alusiones de carácter sexo-genéricas que inciden directamente en las condiciones que la denunciante ejerció en su función pública y en su candidatura, en particular resulta indispensable evaluar el espacio institucional en el que ocurren los hechos, el tipo de lenguaje utilizado y la posición específica de la denunciante, cuya calidad de candidata a jueza fue instrumentalizada para presionarla respecto de la continuidad en su empleo”.
Magistrado retira proyecto e impacta en plazos legales
Ante el rechazo de sus pares, el magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz planteó el retiro del proyecto para presentar una nueva propuesta que, consideró, podría dar nuevas salidas jurisdiccionales ante casos como éste.
“Permítanme manifestarme antes de que hubiera alguna otra intervención. Considero muy oportuno que habiendo escuchado estas voces, permitan ustedes que retire el proyecto a efecto de que se pudiera llevar un planteamiento tomando en consideración no sólo esta oportunidad, sino yo también considero muy prudente que guardemos cierta distancia con las propias jurisprudencias emitidas por este propio pleno, que permitirán hacer un análisis que yo ponga a consideración de ustedes y que refuerce el planteamiento que nos dé riendas a proponer una salida jurisdiccional institucional".
“Y lo digo sin menoscabo, repruebo estas manifestaciones de por sí grotescas”.
Sin embargo, la decisión del magistrado presidente impacta en los plazos legales que la reforma judicial obliga a la Sala Superior a cumplir, lo que el magistrado Felipe Fuentes pidió que quedara asentado en el acta tras no votar el asunto.
“Nada más, si el pleno ya aceptó retirar el asunto, que en el acta correspondiente se asentara que el plazo de 24 horas que nos marca el artículo 476, inciso e) de la LGIPE queda suspendido, porque tenemos un plazo de 24 horas para resolver una vez presentado el proyecto y, en ese sentido, creo que no comprometería el plazo que tenemos que observar”.
Se prevé que en la próxima sesión pública, cuando el magistrado presidente presente una nueva propuesta que contemple todos los elementos expuestos por sus pares.
RM
