Familiares de víctimas de desaparición tienen derecho a participar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones implementadas por el Estado en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, destacó la investigadora del Observatorio sobre Desaparición y la Impunidad en México, Volga de Pina Ravest.
“Es una coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias. Y también tienen derecho a no participar, pero sí a ser informados”, explicó en la Segunda Edición del “Diplomado Profesionalizante en materia de Búsqueda de Personas”.
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En el evento, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y la Coordinación de la Licenciatura de Ciencia Forense de la Facultad de Medicina, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), De Pina Raves enfatizó que la obligación de búsqueda e investigación es del Estado y requiere llevarla a cabo desde un enfoque de derechos que implica: integridad personal, justicia, verdad y reparación.
En la Conferencia Magistral "Principales enfoques y herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas en México", la especialista recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, en su resolución del amparo 1077/2019 relacionado con la desaparición forzada del joven Víctor Álvarez Damián en el puerto de Veracruz en 2013, el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas.
“Este derecho es independientemente que se sepa o presuma que se ha cometido un delito en su contra; se activa ante la imposibilidad de localizar a una persona; se agota hasta localizarla y aplica en desaparición forzada, cometida por particulares, sustracción o retención ilícita de menores, trata o tráfico, secuestro, privación ilegal de libertad, feminicidio, homicidio, plagio, delincuencia organizada u otros”, detalló.
Volga de Pina Ravest se pronunció por poner las necesidades de las víctimas en el centro, evitar la revictimización, garantizar el respeto a su dignidad y derechos, tener en cuenta los efectos e impactos que generan las acciones y prácticas de autoridades y garantizar la calidad en los procesos.
Los pilares en la materia deben ser que se busca a todas las personas desaparecidas recientes y de larga data, coordinación, diversidad de delitos que dan lugar a la desaparición, distintos tipos de búsqueda, distintas autoridades y diferentes fuentes, procesos y metodologías.
El mayor reto nacional es la coordinación entre las diversas instancias que trabajan en este tema, como las Comisiones de Búsqueda, las Fiscalías del país, los Juzgados, policías, autoridades migratorias, municipales, entre otros, y la comprensión del modelo de búsqueda.
En el Protocolo Homologado de Búsqueda “hay muchas maneras de buscar” y que los tipos son: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada, de familia y procesos de localización.
Existen muchas técnicas para la búsqueda de personas, como la asociación de patrones (tipo de perpetrador, formas de victimización, modus), formas de victimización y tipos de víctimas y el contexto local.
LCR
