La mañana de este jueves, tres magistrados electos por voto popular resolverán un amparo que podría marcar un precedente en materia de derechos de las mujeres y protección familiar.
El recurso, identificado como caso 992 'Las Novias', fue promovido por Ingrid Tapia, ex pareja de Leonel Ramírez Farías, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acusado de ejercer violencia familiar.
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El objetivo del litigio es que el estado mexicano garantice protección efectiva a madres e hijos víctimas de violencia, y que con ello, se eliminen cinco criterios jurisprudenciales que históricamente han penalizado a las mujeres que, como Tapia, abandonan su hogar para salvaguardar su integridad y la de sus hijos.
Ramírez Farías, quien colaboró con Rogelio Ramírez de la O cuando éste encabezó Hacienda, actualmente funge como director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que le ha permitido evadir notificaciones judiciales.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil de la Ciudad de México prevé emitir su resolución final, pese a que el expediente conformado por 11 tomos y miles de páginas, fue entregado el pasado 19 de septiembre al magistrado ponente Fortres Mangas Martínez.
Junto a él participarán Cristian Martínez Morales, ex funcionario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Araceli Trinidad Delgado, ex jueza de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), quien previamente fue investigada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por presuntos actos de corrupción y maltrato laboral.
Los tres magistrados fueron elegidos por voto popular en los comicios del 1 de junio pasado, por lo que colectivos feministas han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que, por su reciente incorporación, no estén preparados para resolver un caso de esta dimensión.
El colectivo Caso 992 Las Novias subraya que este expediente no representa un caso más, sino un proceso estratégico para consolidar las leyes contra la violencia vicaria, la '3 de 3' contra la violencia y el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios, instrumentos legales impulsados durante más de una década por mujeres, académicas y activistas.
Según el colectivo, un fallo adverso a Tapia mantendrá los criterios discriminatorios que han castigado a las madres víctimas de violencia y que han impedido reconocerlas como sujetos de derecho.
Al exterior del Poder Judicial de la Federación, Tapia señaló que 30.2 millones de niñas, niños y adolescentes viven con una madre sola y que cuatro de cada diez mujeres llegarán a la vejez sin patrimonio tras dedicar su vida al cuidado de sus hijos.
El amparo busca modificar los criterios para que el Estado reconozca el derecho de las mujeres a poner a salvo a sus hijos y acceder a compensaciones económicas justas, sin exigirles el demostrar desventajas laborales por maternidad.
De ser desfavorable la resolución del tribunal, Ingrid Tapia aún podrá recurrir a solicitar un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el caso podría convertirse en un nuevo referente jurisprudencial en la defensa de los derechos de las madres víctimas de violencia en nuestro país.
MAYE
