La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) manifestó su preocupación por el aval de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley Minera, pero aseguró que respeta el resolutivo del amparo interpuesto por el pueblo maseual, –que habita en la Sierra Norte de Puebla–, en defensa de su territorio frente a la amenaza de diversas concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en su territorio.
“La Semarnat manifiesta su preocupación por el resolutivo que niega conceder el amparo a las quejosas que reclaman la inconstitucionalidad de diversos artículos que regulan el sistema de concesiones de la Ley Minera, ya que estos no contemplan el deber de consultar a los pueblos indígenas cuando puedan afectarse sus derechos e intereses”, sostuvo la dependencia encabezada por María Luisa Albores.
En un comunicado, la Semarnat resaltó que dicha ley establece actos de autoridad que podrían afectar a los pueblos y comunidades indígenas, así como los hábitats y ecosistemas en los que se encuentran asentados. Es decir, sus territorios y su relación con el acceso preferente a los recursos naturales, como lo establecen el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México.
El derecho a la consulta a los pueblos indígenas está reconocido por el derecho internacional, así como por nuestro marco constitucional que reconoce el artículo 1 de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.
“De tal forma, las leyes que emanen de la Constitución deben estar apegadas al marco constitucional. En caso contrario, por lógica jurídica, el ordenamiento legal debe considerarse inconstitucional. En este sentido, la Semarnat no comparte el criterio expresado hoy por el Pleno de la Segunda Sala, al haber declarado lo contrario en su resolución.
Agregó que “no obstante lo anterior, esta secretaría respeta el trabajo del Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratifica su compromiso con los pueblos indígenas de México en el reconocimiento del derecho a la consulta, el fortalecimiento del marco de derechos humanos y ambientales y la obligación del Estado mexicano de garantizarlos y hacerlos efectivos”.
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