M+.- Cuando Leticia Elena Pérez García comenzó a presentar gases persistentes, estreñimiento y pequeños sangrados en 2020, comenzó una batalla contra un cáncer colorrectal que, meses después, obligaría a cirugías mayores, tratamientos prolongados y una vigilancia médica de por vida.
Hoy, a sus 45 años, la profesora de Historia de México no solo sobrevive a una enfermedad que ya hizo metástasis pulmonar, sino que impulsó una iniciativa para cambiar la Ley Federal del Trabajo, para evitar que otros pacientes tengan que elegir entre su salud y su salario.
El diagnóstico llegó tarde, en plena pandemia. Tras consultas virtuales, interpretaciones erróneas y retrasos para acceder a una colonoscopía, un estudio reveló un tumor de ocho centímetros en el recto.
Fue operada en enero de 2022 en el IMSS, le retiraron el tumor y recibió una colostomía temporal.
Aunque inicialmente fue catalogada como etapa uno, un año después aparecieron nódulos en ambos pulmones, confirmados como metástasis del cáncer original, lo que la colocó clínicamente en una etapa avanzada, relató.
Fue sometida a dos cirugías pulmonares en 2024 y a quimioterapia prolongada, con un pronóstico actualmente estable bajo tratamiento continuo.
“Voy a tener que seguir en estudios de manera permanente, durante muchos años”, detalló Pérez García.
Luego de reincorporarse al trabajo, después de un año de incapacidad médica, comenzó a enfrentar descuentos salariales y pérdida de bonos cada vez que debía ausentarse para realizarse tomografías, laboratorios o estudios de vigilancia.
“No hay una figura legal que proteja estas ausencias. Aunque sean justificadas médicamente, se me descuenta el día y prestaciones”, explicó.
La problemática quedó documentada también en la exposición de motivos de la iniciativa Ley Elena, donde se reconoció que “gracias a los avances médicos, el cáncer ha dejado de ser exclusivamente una enfermedad terminal para convertirse, en muchos casos, en una enfermedad crónica que requiere seguimiento médico periódico”, dijo la impulsora de la petición en change.org con el título Hazlo ley: Permisos laborales para pacientes oncológicos.
El mismo documento advirtió que “un número significativo de pacientes oncológicos enfrenta barreras laborales para acudir a sus estudios médicos, debido al temor a descuentos salariales, sanciones administrativas o incluso la pérdida del empleo”, una situación que termina afectando tanto la salud del trabajador como la productividad a largo plazo.
En la práctica clínica, los controles suelen realizarse cada tres o seis meses y, en el caso de estudios con contraste o pruebas como el PET CT, el procedimiento puede ocupar toda la jornada y generar malestares posteriores que impiden regresar al trabajo ese mismo día.
De esa vivencia surgió la propuesta conocida justamente como Ley Elena, una iniciativa ciudadana que buscó modificar la Ley Federal del Trabajo para garantizar permisos laborales con goce de sueldo destinados exclusivamente a estudios médicos de control, seguimiento y vigilancia, sin riesgo de descuentos, sanciones o despido.
“Lo que proponemos es que la Ley Federal del Trabajo garantice a las personas trabajadoras con un diagnóstico de cáncer hasta cuatro permisos laborales al año con goce de sueldo para acudir a estudios médicos de control, seguimiento, vigilancia, sin riesgo de descuento, sanciones o despido.
“Pensamos que es necesario, específicamente en México, de que, al terminar el tratamiento oncológico, al final no es que nunca más vas a regresar, sino que requieres controles periódicos de vigilancia, y pues se ha visto que muchos trabajadores posponen o abandonan sus estudios por no perder la entrada económica o por perder el empleo por algunas represalias que pudieran haber.”, detalló Pérez García.
¿Qué contempla la propuesta?
La iniciativa plantea adicionar una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece las obligaciones de los patrones.
La redacción jurídica estableció que los empleadores deberán “otorgar a las personas trabajadoras diagnosticadas con cáncer permisos laborales con goce de sueldo hasta por cuatro días al año, no necesariamente consecutivos, para la realización de estudios médicos de control, seguimiento o vigilancia relacionados con su padecimiento, previa presentación de constancia médica”.
El mismo texto precisó que dichos permisos “no podrán considerarse como faltas injustificadas, ni dar lugar a sanciones, descuentos salariales, rescisión de la relación laboral o cualquier otra forma de discriminación laboral”.
Los permisos estuvieron orientados principalmente a estudios de imagen complejos como tomografías con contraste y PET CT, los cuales requieren ayuno, aplicación de sustancias y, en algunos casos, recuperación posterior.
“No todos los pacientes pueden salir de un estudio y regresar inmediatamente a su jornada laboral”, subrayó Pérez García.
Desde el punto de vista económico, la iniciativa argumenta que se trata de una reforma de impacto limitado para las empresas.
“El otorgamiento de hasta cuatro permisos anuales con goce de sueldo representa una afectación mínima en comparación con los costos derivados del ausentismo prolongado, incapacidades médicas extensas, rotación de personal y pérdida de capital humano”.
También estableció que “esta medida no implica la creación de plazas, pagos extraordinarios ni ampliación de licencias médicas, sino únicamente el reconocimiento de ausencias justificadas previamente acreditadas”.
En el plano internacional, la propuesta se alineó con prácticas laborales vigentes en países como España, Francia, Alemania y Chile, donde existen mecanismos que permiten a las personas trabajadoras acudir a controles médicos sin poner en riesgo su estabilidad laboral.
El grupo impulsor se encontró en etapa de recolección de firmas ciudadanas a través de una plataforma digital, con una meta inicial de al menos 3 mil apoyos para presentar formalmente la iniciativa ante un legislador que la impulse en el Congreso.
Aunque aún no existió un patrocinio parlamentario, el objetivo fue abrir el debate público sobre los derechos laborales de las personas que viven con cáncer.
Una historia que busca transformar la ley
Para Pérez García, el impulso legal no fue solo un reclamo laboral, sino una extensión de su propia batalla por mantener calidad de vida, estabilidad económica y acceso a seguridad social.
“Tengo que organizar mis tratamientos fuera de mi jornada laboral porque sé que no me van a dar permiso”, reconoció.
Madre de tres hijos y docente de preparatoria, consideró que la iniciativa también buscó sensibilizar a empleadores y a la sociedad sobre una realidad poco visible.
“La empatía y el apoyo hacen una diferencia enorme. A veces no se trata solo del tratamiento médico, sino de poder sostener la vida cotidiana”, afirmó.
La llamada Ley Elena, todavía en fase ciudadana, pasó de una experiencia clínica individual a pretender convertirse en un derecho colectivo.
“El cáncer no termina cuando concluye el tratamiento activo, implica una vigilancia permanente que debe ser compatible con el derecho al trabajo digno y protegido”, sostuvo.
¿Qué se requiere para que la iniciativa prospere?
La iniciativa ciudadana se encuentra habilitada para recabar apoyos a través de una plataforma digital de participación ciudadana, donde cualquier persona puede respaldar el proyecto mediante un registro básico de identidad.
El objetivo inmediato es alcanzar al menos tres mil firmas para que un legislador pueda presentar formalmente la propuesta ante el Congreso e iniciar su trámite parlamentario.
Una vez presentada, la iniciativa deberá ser turnada a comisiones legislativas para su análisis, dictamen y eventual discusión en el pleno.
De aprobarse, el decreto tendría que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y entraría en vigor al día siguiente, con un plazo adicional para que las autoridades laborales emitan las disposiciones administrativas necesarias para su correcta aplicación.
El proyecto plantea una reforma directa a la Ley Federal del Trabajo, al adicionar una fracción al artículo 132, lo que permitiría que el derecho sea obligatorio para todos los empleadores, tanto del sector privado como del sector público, al tratarse de una norma de carácter federal y de aplicación general.
La homologación resulta clave para garantizar que el beneficio opere de manera uniforme entre trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE y a otros esquemas de seguridad social.
La iniciativa establece que los permisos deberán acreditarse mediante constancia médica expedida por una institución pública o privada de salud, lo que permite que, tanto hospitales del IMSS, del ISSSTE, servicios estatales de salud y prestadores privados puedan validar los estudios sin generar criterios diferenciados entre subsistemas.
Al no tratarse de una incapacidad médica, sino de un permiso laboral con goce de sueldo, la aplicación recaería directamente en los centros de trabajo, independientemente del régimen de afiliación del trabajador, evitando vacíos legales entre los distintos sistemas de seguridad social.
El objetivo es que un trabajador reciba el mismo trato y protección jurídica sin importar si cotiza en el IMSS, en el ISSSTE, o en un esquema mixto.
De prosperar la reforma, las autoridades laborales tendrían que emitir lineamientos operativos para estandarizar la validación de constancias médicas, los mecanismos de comprobación y la protección contra sanciones, con el fin de asegurar una implementación homogénea en todo el país.
ksh
