La Legislatura local convocó a diversas instituciones educativas para que formulen propuestas para ocupar los tres lugares vacantes que tiene el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
La convocatoria se hará pública este 11 de diciembre, para que el 14 se hagan llegar las ternas a las oficinas de la Cámara de Diputados y sean entrevistados por los integrantes de la comisión legislativa de Derechos Humanos y el 17 de este mes remitir una propuesta a la Junta de Coordinación Política.
Esto con el fin de hacer los nombramientos, de quienes dejaron el cargo desde el pasado mes de octubre y a petición del ombdusperson, Jorge Olvera, que pidió desahogar el procedimiento para poder funcionar adecuadamente.
Los espacios vacantes son los que dejaron Miroslava Carrillo Martínez, quien terminó su periodo en octubre, aunado a su impedimento para continuar por haber sido electa diputada federal por el partido Morena.
Asimismo, Marco Antonio Macin Leyva, concluyó ya dos periodos, por lo cual ya no puede ser reelecto y debe nombrarse a alguien en su lugar.
A diferencia de Carolina Santos Segundo, quien representa al sector indígena y sólo lleva un periodo, lo cual le permite ocupar otro plazo más.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política fija los plazos en la convocatoria para que cualquier institución educativa haga propuestas de quienes podrían ocupar el cargo durante los siguientes tres años en este órgano colegiado, donde la ley pide que al menos sean dos mujeres y uno de extracción indígena.
Requisitos
Entre los requisitos para ser Consejero Ciudadano se requiere gozar de reconocido prestigio y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como contar con experiencia en derechos humanos.
Los Consejeros Ciudadanos deben ser electos por el Pleno de la Legislatura con la aprobación de al menos dos terceras partes de sus integrantes presentes.
Quienes sean electos para este cargo estarán impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Facultades y obligaciones
Sus facultades y obligaciones son establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los objetivos de la Comisión; someter a consideración de la o el presidente, mecanismos y programas que contribuyan al respeto, defensa, protección, promoción, estudio, investigación y divulgación de los derechos.
Esto, además de el Reglamento Interno y demás disposiciones tendentes a regular la organización y funcionamiento del organismo; transmitir a la Comisión la percepción social sobre las actividades de la misma; entre otros.
LC
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