Las constantes irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) terminaron por enterrar a este mecanismo, creado a finales de los noventa para atender emergencias causadas por desastres naturales.
Durante la revisión de distintos ejercicios fueron detectadas anomalías como las observadas en las cuentas públicas 2017 y 2018 cuyos resultados fueron parte de una auditoría especial publicada en el informe Resultados de la Fiscalización del Proceso de Reconstrucción de los Daños Ocasionados por los Sismos de Septiembre de 2017.
De acuerdo con la ASF se realizaron 32 revisiones, 11 a la cuenta pública 2017 y 21 a la 2018 agrupadas en nueve ejes temáticos: vivienda, unidades económicas, infraestructura educativa, en salud, militar, carretera, hidráulica, atención de la población y aseguramiento agropecuario.
En lo que corresponde a la muestra auditada al Fonden por 5 mil 599 millones de pesos, entre lo más relevante en infraestructura educativa destaca la detección de pagos por 5.1 millones de pesos realizados a contratistas en Chiapas, Oaxaca y Morelos, ejercidos fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados. Además, no se entregó documentación para comprobar dichos pagos.
También en el sector educativo, Chiapas y Morelos no acreditaron la entrega y/o instalación de 221 aulas móviles por 66 millones de pesos; mientras que Oaxaca no sustentó la aplicación de penas convencionales en el retraso de instalación de aulas móviles y módulos sanitarios por un total de 4.2 millones de pesos.
La SEP de esta entidad no supervisó el oportuno inicio de acciones para atender los planteles escolares dañados, pues en abril de 2018 ni siquiera habían iniciado los procesos de contratación, pese a que fueron autorizados en noviembre de 2017, recursos por 356.7 millones de pesos.
Mientras que en Morelos fueron detectados pagos indebidos por 3.2 mdp en la compra de material de construcción -denominado “concreto ciclópeo”- con base en las normas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Respecto a infraestructura carretera e hidráulica, en la auditoría 239-DS realizada en la Conagua se detectó que esa instancia suscribió ocho contratos con cinco proveedores que expidieron 18 comprobantes fiscales digitales (CFDI) por 61.2 millones de pesos.
En paralelo la Comisión encargada del agua emitió oficios de solicitud de transferencia de recursos a Banobras, para cada uno de los contratistas, por los montos señalados en las estimaciones y los CFDI, es decir, duplicaron los cobros.
La auditoría 209-S, que corresponde a atención de la población, detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó 37.7 millones de pesos a Banobras (como fiduciario del Fonden) por concepto de honorarios, sin acreditar a qué correspondían dichos pagos.
Adicionalmente, Sedatu pagó 37 mdp por la verificación de acciones de autoconstrucción de vivienda en los estados Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, sin documentar el total de las entregas para justificar el gasto, entre otras irregularidades.
Anomalías que datan de viejos gobiernos
Durante administraciones estatales anteriores que fueron afectadas por fenómenos naturales, también dejaron un cúmulo de irregularidades tras ser provistos de recursos del Fonden.
Un ejemplo es el caso de Veracruz durante la administración del exgobernador Javier Duarte, cuando en 2015 la entidad padeció de varias inundaciones que provocaron daños severos a causa de lluvias intensas en municipios como Álamo, Tuxpan, Tempoal, Misantla y Martínez de la Torre.
La ASF detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incumplió con la reconstrucción de viviendas por 14.4 millones de pesos otorgados a través del Fonden. Además, al término de su gestión se detectó la existencia de más de 2 mil contratos abiertos entre 2009 y 2016 por obras que, o no fueron entregadas, o bien, no estaban concluidas.
Otro hecho fue el de Tabasco cuando el entonces gobernador Andrés Granier desvió recursos recibidos por las graves inundaciones de 2011 y por lo que incluso pisó la cárcel.
En ese entonces, la ASF reportó un posible daño al erario por 432 millones de pesos nunca fueron ejercidos en beneficio de los damnificados y daños sufridos en la entidad.
El huracán Ingrid y la tormenta Manuel que azotaron al estado de Guerrero en 2013 fueron otra muestra de la mala aplicación de recursos del fideicomiso, ya que incluso en 2017, a poco más de tres años de su presencia los trabajos de reconstrucción a las más de 16 mil viviendas programadas no llevaban ni el 50 por ciento de avance.
En 2020, durante una intervención ante integrantes de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF, a propósito de la crisis por la pandemia del covid-19, ya había sugerido modificar las reglas de operación del Fondo para que los apoyos lleguen con oportunidad y dejara de ser opaco.
“Hacer un nuevo Fondo, otro tipo de instrumento presupuestal con nuevas reglas de operación, sin dejar de reconocer la importancia que ha tenido para atender los efectos de los desastres naturales”, dijo entonces.
Sin embargo, en la segunda entrega de la revisión a la cuenta pública 2020, la ASF informó que seguían siendo recurrentes las inconsistencias en ese mecanismo de apoyo.
El ‘desastre’ del Fonden obligó a su extinción
Pese a reproches y debates para desaparecer ese recurso, ese mismo año el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su eliminación por considerarlo un instrumento de corrupción y el 6 de noviembre se resolvió su extinción mediante un decreto.
“Era un hoyo de corrupción, un hoyo negro de corrupción, eso era el Fonden. Era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo aprovechando que había una emergencia”, dijo en una de sus conferencias mañaneras.
Fue el 27 de julio de 2021 cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto con el que fueron derogadas sus reglas de operación y oficializó su desaparición como fideicomiso.
A partir de entonces, la responsabilidad para atender emergencias fue conferida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la Secretaría de Hacienda quedó encargada de emitir las nuevas disposiciones.
Esto dio paso al denominado Programa para el Fondo de Desastres Naturales.
Hay suficientes recursos para atender la emergencia. - CSP
Frente a las recientes devastaciones causadas por las tormentas tropicales Priscilla y Raymond que han dejado hasta ahora una cifra de 64 fallecidos y 65 desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para este año se cuenta con un fondo destinado a emergencias de hasta 19 mil millones de pesos, con lo que garantizó que existen los suficientes recursos para atender a las poblaciones afectadas.
En su conferencia del lunes 14 de octubre explicó que, si bien ya no existe el Fonden como Fideicomiso, sí se cuenta con una partida presupuestal de apoyos para atender emergencias como las que enfrentan estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
“Este año de los 19 mil millones de pesos se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos, hasta la fecha, por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero, en Oaxaca, con el huracán ‘Erick’. Y hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar”, aseguró.
El Fonden, recordó, tenía reglas burocráticas excesivas para poder utilizar los recursos a diferencia, ahora el uso de los recursos es transparente sin corrupción y otorgados de forma expedita.
Además, reconoció la solidaridad de algunos empresarios que han puesto en marcha su ayuda con maquinaria y donación de despensas para los damnificados.
LG
