El pleno de la Cámara de Diputados dio por recibida y turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto, para opinión, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión presentada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre otros aspectos, la propuesta prevé la persecución de oficio a dichos actos ilícitos y penas de hasta 25 años de prisión para los responsables.
Se plantea una penalidad inicial de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 56 mil 570 pesos, a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.
La iniciativa presidencial establece, sin embargo, tres conjuntos de agravantes, con sanciones más severas.
Así, las penas se elevan hasta una tercera parte, de ocho a 20 años de prisión, en casos como el cobro de cuotas, conocido como cobro de piso, cuando la extorsión se cometa contra quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, así como cuando el responsable extorsione a su víctima a nombre de algún sindicato, organización o agrupación, sea real o simulada.
De igual forma, las penalidades aumentan hasta en una mitad, para alcanzar de 12 a 22.5 años de prisión, por conductas como la extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, o cuando el responsable tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima.
Finalmente, el castigo se incrementa hasta dos terceras partes, de 10 a 25 años de privación de la libertad, para quien emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, práctica conocida como montachoques, o en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional.
El proyecto de Sheinbaum establece además las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de ésta.
Considera para ello homologar un solo tipo penal para su aplicación en todas las entidades federativas.
Extorsión, al alza
El nuevo ordenamiento deriva de la reciente reforma constitucional para otorgar al Congreso la facultad de expedir la ley en la materia, con el fin de unificar en todo el país el tipo penal de extorsión, así como sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, para prevenir, investigar y castigar dicha conducta.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia del delito de extorsión creció 58 por ciento en tan solo seis años, al pasar de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025.
En su exposición, la iniciativa de reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre señala que una problemática para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas, pues actualmente los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y 12 años de pena máxima, lo que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años, por citar algunos ejemplos.
LP
