La empresa SAGO Import Export que fue clausurada recientemente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) derivado de un derrame de jales en sus instalaciones, tiene su domicilio en Zimapán; sin embargo, la constitución de la sociedad mercantil fue avalada en 1998 por una notaría de Querétaro, a cargo de Abel Reyes Castro.
Incluso, dicha empresa cambió en 2004 su domicilio de la ciudad de Santiago de Querétaro a Zimapán y puede establecer sucursales en cualquier parte del país. En esa ocasión la modificación fue avalada por un notario de Pachuca. En ese mismo año, decretó un aumento de capital social fijo por 5 millones 710 mil pesos.
El objeto de la sociedad, además de obtener permisos para la adquisición, exploración y explotación de concesiones mineras, también se dedica a la comercialización, importación, exportación de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.
Según esta plataforma, el representante de la minera es el empresario de Zimapán, Daniel Antonio Sánchez González y aparece como socio Julio Cesar Sánchez González.
En noviembre de 2018, SAGO Import Export firmó un convenio de colaboración, representado por Julio Cesar Sánchez González, con el entonces rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, quien se comprometía a asesorar a la empresa en temas contables, financieros, fiscales, jurídicos, de operación minera y metalúrgica, intercambio, préstamo o donación de material didáctico con fines educativos.
En ese entonces, la casa de estudios se comprometía a apoyar a la empresa para la realización de proyectos académicos o de investigación, además de promover la participación de estudiantes para la realización de servicio social y prácticas profesionales en los proyectos que formularía la empresa.
Sedeco da seguimiento
Carlos Henkel Escorza, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo (Sedecoh), informó que dan seguimiento a la clausura parcial de la mina en Zimapán y agregó que informó a las dependencias que tienen la facultad para que hagan las revisiones conducentes.
“Le damos seguimiento para que ambas partes estén correctas, tanto la dependencia así como la empresa tampoco se vea afectada por alguna arbitrariedad”.
Agregó que cuando la empresa cumple con los requisitos recibe todos los apoyos, pero cuando no es así se le exige que los cumpla para reabrirla con tal de no afectar las fuentes de empleo de los trabajadores.
Agregó que la dirección general de minería de Sedeco ha estado en contacto para conocer los detalles, pero detalló que es un tema que le corresponde atender a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante la inspección de Profepa, se identificó riesgo inminente de daño ambiental por residuos peligrosos, por lo que se ordenó detener las actividades de la minera y se instruyó a la empresa a implementar acciones inmediatas de contención, retiro de materiales y remediación del área afectada.
