La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcial y temporalmente a la empresa minera Sago Import Export, ubicada en Zimapán, Hidalgo, tras detectar un derrame de jales (residuos tóxicos de la actividad minera) que no solo contaminó el suelo dentro de la planta, sino que llegó hasta viviendas cercanas en la comunidad conocida como La Alberca.
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Denuncia ciudadana reveló el derrame
Fueron vecinos de la localidad de Santa María quienes documentaron mediante videos la práctica indebida que realizaba la empresa, la cual afectó predios de la población en los que se derramó el producto proveniente de los jales mineros.
Esto provocó que inspectores de la Profepa acudieran a verificar la denuncia y, tras acreditar la irregularidad, procedieran a colocar los sellos, al identificar que el derrame representa un riesgo inminente de daño ambiental por residuos peligrosos.
Los inspectores constataron que el derrame tuvo su origen en la parte superior de la presa de jales 2, afectando al menos 1.38 hectáreas con lodos, jales y agua residual contaminada.
Exigen remediación del área afectada
Por ello, la dependencia ordenó detener las actividades e instruyó a la empresa a implementar acciones inmediatas de contención, retiro de materiales y remediación del área afectada, que contempla el interior de las instalaciones de la minera, así como predios aledaños.
Cabe señalar que la sustancia industrial contaminante incluso llegó hasta el invernadero de uno de los vecinos y a terrenos de otras personas de la localidad de Santa María.
Sago Import Export, S.A. de C.V. pertenece a una sociedad integrada por el empresario Julio Sánchez y la exalcaldesa de Zimapán, Rosalía Gómez Martínez; de hecho, el nombre de la asociación proviene de la mezcla de las primeras sílabas de los apellidos de ambos.
Sanción y medidas
La sanción se sustenta en el artículo 170 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que faculta a la autoridad a intervenir ante riesgos inminentes al ambiente. La clausura impuesta frena las actividades de beneficio de minerales metálicos y no metálicos, así como la generación y disposición de residuos mineros en las presas 2 y 3, que comparten la misma estructura.
La medida se mantendrá hasta que la empresa cumpla con acciones concretas: garantizar la no repetición del incidente, retirar los residuos vertidos y remediar el suelo afectado, tanto dentro como fuera de sus instalaciones.
Sago Import Export, que opera en la región con la extracción de plomo, zinc y cobre, deberá ahora enfrentar no solo los efectos ambientales del derrame, sino también el escrutinio público por su falta de control en la gestión de residuos.
