Más de 20 personas acudieron la mañana de este lunes a las oficinas de la Contraloría de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado para quejarse y aclarar la situación que enfrentan, al ser interesados y haber cubierto los requisitos solicitados por la dependencia, en la convocatoria pública para la instalación de Establecimientos de Consumo de Alimentos y Bebidas en los planteles escolares a cargo de la dependencia.
De acuerdo con los inconformes, los resultados de la convocatoria se darían a conocer el 1 de julio, conforme a lo dispuesto por la Comisión de Administración y Control de Establecimientos de Consumo a través de la página en internet, pero no fueron difundidos sino hasta el 4 de julio.
“Se dio a conocer un listado de 371 autorizaciones para instalar un establecimiento de consumo escolar para el ciclo escolar 2019-2020 en escuelas primarias y secundarias, pero omitieron el resultado de más de 130 planteles que no obtuvieron la concesión debido a que no cumplimos ‘supuestamente’ con los requisitos de la convocatoria”.
“El listado omite de manera desobligada y sin fundamento legal alguno, el ganador de la institución pública de educación de la cual yo participé y la dé un gran número de centros de educación”, denunció un hombre quien decidió omitir su nombre por seguridad.
Ante esta situación, mencionó que acudió a la Coordinación de Establecimientos Escolares para entablar un diálogo con la encargada del área, Adriana Flores Piña, quien señaló que desconocía las razones administrativas del proceso debido a que recientemente había ocupado el cargo.
“Ella nos dijo que no podía hacer nada, que ya eran calificaciones establecidas y que desconocía los parámetros a calificar, pero nos informó que se lanzaría una nueva convocatoria”.
“Solicitamos que se haga pública la calificación y los ganadores de las escuelas faltantes que participaron para un establecimiento de consumo dentro de la convocatoria, así como el procedimiento de calificación, su criterios, objetivos y medibles”, dijo tajante.
Además, pidieron que se sancione administrativamente a la coordinadora por su falta de ética y conocimiento del proceso de evaluación y publicación de la convocatoria.