La jueza federal Ángela Zamorano Herrera resolverá hoy si concede la libertad anticipada al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de dos audiencias maratónicas en las que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa del ex mandatario cruzaron acusaciones de mala conducta carcelaria, tortura, persecución política y hasta de circo mediático.
Desde el 15 de abril de 2017 hasta este viernes 21 de noviembre, han transcurrido 3 mil 141 días de detención continúa para el ex mandatario estatal.
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Javier Duarte fue detenido en Guatemala, en abril de 2017, y el 17 de julio del mismo año arribó a México tras allanarse al proceso de extradición.
Inmediatamente, fue ingresado al Reclusorio Norte en donde enfrentó un proceso por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como decidió acogerse a un proceso abreviado, el 26 de septiembre de 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión, condena que concluirá el 15 de abril de 2026.
COMPLEJO
La jueza decidió reservar su fallo hasta la tarde de este viernes, al estimar que se trata de un asunto “complejo” que requiere un análisis detallado de las pruebas, de los antecedentes carcelarios del ex mandatario y de su comportamiento procesal.
Por ello, convocó a audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte a las 17:00 horas.
En caso de que la juzgadora decida no conceder el beneficio, el ex gobernador tendrá que cumplir con los 145 días que le faltan de prisión.
SEÑALAMIENTOS
En las audiencias del 11 y 19 de noviembre, se colocaron sobre la mesa dos versiones opuestas de Javier Duarte: para la FGR, un interno con mala conducta que burló la acción de la justicia y se resistió en seis ocasiones a comparecer ante un juez por el delito de desaparición forzada; para la defensa, un preso que ya cumplió con los requisitos de ley para obtener su libertad anticipada y que ha sido objeto de una “persecución política” y de tácticas “desleales” de la autoridad.
El 11 de noviembre, la defensa presentó a cinco testigos -funcionarios penitenciarios y del sistema federal- para acreditar que su cliente reúne los requisitos de haber cumplido el 70 por ciento de su condena, mantener buena conducta, haberse integrado al plan de actividades de reinserción social y no estar sujeto a prisión preventiva por otras causas.
Sin embargo, el intento de la defensa por mostrar un historial limpio se vio opacado cuando el fiscal Manuel Granados Quiroz, de la FGR, confrontó a los testigos con los antecedentes disciplinarios del sentenciado, como el hallazgo de cuatro latas con alcohol en 2019, así como un Blu-Ray modificado como módem de banda ancha, una pluma con cámara y un teléfono celular, todos objetos prohibidos para los internos, además de sanciones que habrían derivado en la suspensión de visitas por 15 días.
Zamorano Herrera decidió aplazar la continuación de la audiencia al 19 de noviembre, luego de que la FGR solicitó tiempo para presentar a seis testigos.
Una vez retomada la diligencia, la FGR endureció su postura y trató de echar abajo las pretenciones de Javidú.
La fiscal auxiliar Denisse Moreno Córdoba, de la Fiscalía Especializada en Denuncias de Personas Desaparecidas de Veracruz, declaró que en seis ocasiones se intentó llevar al ex mandatario a una audiencia inicial por un presunto delito de desaparición forzada y que, de manera reiterada, éste se negó a salir de su celda.
Relató que, tras múltiples frustraciones, incluyendo excusas médicas, una supuesta exposición a covid y la obtención de una suspensión provisional, fue hasta el 16 de noviembre de 2022 cuando Javier Duarte compareció.
Ese día, dijo, el ex gobernador alegó problemas de salud, aseguró que había vomitado y se había desmayado, y abandonó la sala “sin permiso del juez”. Ante ello, el juzgador advirtió que podía recurrir a la fuerza pública. Minutos después, personal penitenciario regresó al ex mandatario “en una silla, sujetado”, según la testigo.
El fiscal Granados Quiroz calificó estos episodios como muestra de “mala conducta” y sostuvo que fueron “seis intentos de audiencia” frustrados por la negativa del ex mandatario.
También hizo mención a un mensaje publicado en Twitter (hoy X) el 13 de diciembre de 2022, con el que supuestamente Javier Duarte habría amenazado a un abogado.
La defensa respondió con dureza. Pablo Campuzano de la Mora, abogado del ex gobernador, acusó a la FGR de “deslealtad” procesal y de intentar presentarlo como un “inadaptado”, mediante testimonios que, dijo, ofrecen información desactualizada y sesgada.
Afirmó que el mensaje de Twitter no fue escrito por su cliente, que Duarte no tiene teléfono celular ni acceso a esa red social desde octubre de 2016, y que la propia FGR se había desistido de incorporar esa prueba.
El defensor reveló además que se presentó una denuncia por “tortura” contra funcionarios que habrían inyectado “adrenalina” a Javier Duarte y lo habrían llevado “sentado y amarrado” en una silla a la audiencia en la que fue “sujetado” por personal penitenciario, en contra de su voluntad y pese a haber informado a un juez que se encontraba mal de salud.
En su intervención final, el propio ex gobernador rompió el silencio y acusó a la FGR de actuar de mala fe, de querer “hacer un circo” con su caso y de agraviarlo al afirmar que se robó 60 mil millones de pesos, pese a que, subrayó, la reparación del daño fue fijada en “cero pesos”.
CHZ
