Un juez de control del Reclusorio Norte determinó vincular a proceso por tentativa de homicidio a tres de los detenidos durante la marcha de la Generación Z, y reclasificó a otros 5 que podrán seguir su proceso en libertad.
Durante una audiencia que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, 5 de los 8 detenidos que enfrentaban cargos por tentativa de homicidio, lograron que el juzgador reclasificara y se les vincule solo por el delito de resistencia de particulares.
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En tanto, de los tres a los que se les vinculó a proceso por el delito de tentativa de homicidio, solo uno podrá seguirlo en libertad y los otros dos bajo presión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia calificó como legal la detención de los 8 sujetos detenidos durante los enfrentamientos con la policía el sábado pasado.
Cuatro personas procesadas continuarán en prisión preventiva justificada en dicho penal. Se trata de Fernando Escobar, Francisco García Colín, por tentativa de homicidio; mientras que Quetzal Arturo y Luis Alberto González, por el delito de resistencia de particulares.
Estos últimos quedarán en prisión debido a que no pudieron comprobar el arraigo, ya que no presentaron documentos que acreditaran un domicilio fijo para continuar con su proceso en libertad.
Otros cuatro imputados continuarán con su proceso en libertad por el delito de lesiones y resistencia de particulares, ya que se les fijó la medida cautelar de forma periódica.
Como medida cautelar, el juez les impuso firma periódica cada 15 días a quienes seguirán proceso en libertad.
En una primera audiencia por los delitos de robo y lesiones, los jóvenes Daniel David Rocha y José Luis Matus fueron procesados y se les fijó la medida cautelar de firma periódica cada 15 días, por lo que llevarán su proceso en libertad.
Además, cinco más solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva y el próximo viernes se llevará a cabo la continuación de audiencia a las 10:30 horas en el mismo centro penitenciario.
En otra audiencia, una persona identificada como Enrique Sosa también fue vinculado a proceso y se le fijó la medida cautelar de firma periódica cada 15 días, por lo que también llevará su proceso en libertad.
Esta persona fue presentada ante un Ministerio Público en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que fue presentado en una audiencia por separado.
Mientras que en otra diligencia, dos más fueron procesados por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones y de igual forma se les permitió llevar su proceso en libertad y realizando una firma periódica.
Abogados condenan violencia de bloque negro en marcha
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, (BMA) condenó los actos de violencia, en los que señaló, resultaron vulnerados derechos fundamentales de diversas personas que ejercían, en su inmensa mayoría, su derecho a la libre expresión y protesta a través de una “manifestación social esencialmente pacífica y orgánica”.
La BMA hizo énfasis en la importancia de distinguir entre la protesta legítima y pacífica de ciudadanos y la violencia generada para intentar deslegitimar esta manifestación a través del vandalismo cometido por el llamado “bloque negro”, cuya aparición ha sido recurrente en marchas que cuestionan al Gobierno Federal y cuyas acciones, dirigidas a provocar confrontaciones violentas muestran el evidente propósito de descalificar una auténtica expresión ciudadana con la finalidad de alterar la narrativa de justificada protesta.
La Barra mencionó que no se debe olvidar, que la manifestación tiene su origen en la ejecución del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, acto criminal que indigna al país entero.
“En este mismo tenor, hacemos un llamado a las autoridades competentes en materia de seguridad pública de la Ciudad de México para que, en las próximas movilizaciones convocadas por diversos medios, entre ellas la prevista para el 20 de noviembre, se respeten los protocolos de actuación que garantizan la libre expresión de ideas, así como la integridad de las personas”.
Asimismo, pidió a la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México que garantice plenamente los derechos humanos de todas las personas detenidas, incluyendo su integridad personal, acceso inmediato a defensa y comunicación con sus familiares, en cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Es indispensable destacar que la protesta social pacífica es un derecho fundamental y un mecanismo esencial de participación ciudadana dentro de toda democracia. Su protección efectiva constituye un requisito indispensable para la vigencia del Estado de Derecho en México”.
Con información de Carlos Vega
CHZ
