El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas para prohibir el castigo corporal a menores, así como cualquier acto de fuerza que atente contra la integridad física o psíquica de niños y adolescentes.
Avaladas con 443 votos a favor y una abstención, las modificaciones al Código Civil Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes amplían el campo de protección a los menores ante cualquier situación de violencia física, psicológica, además de agresiones verbales, amenazas, intimidación, denigración, ridiculización, culpa, humillación o manipulación.
El proyecto turnado al Senado para su análisis precisa que, de acuerdo con la Unicef, el castigo corporal se entiende como el uso de la fuerza con la intención de causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea, como, por ejemplo, pegar a los niños, bien con la mano o con el uso de algún objeto.
Otros métodos de disciplina se basan en la violencia psicológica, que incluye agresión verbal, amenazas, intimidación, denigración, ridiculización, culpa, humillación o manipulación para controlar.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia, subrayó que el castigo corporal se ha practicado durante generaciones.
“Mediante lesiones físicas y castigos corporales, se empleaba una manera de educar, corregir y dirigir el camino; sin embargo, crearon inseguridades en niñas, niños y adolescentes, incluso hasta adicciones y resentimiento”, dijo.
Por ello y con el objetivo de fortalecer el marco jurídico, indicó la legisladora morenista, los diputados aprobaron las reformas para erradicar el castigo corporal, previniendo la situación de realizar cualquier conducta que atente contra la integridad física o psíquica de niñas y niños.
La legisladora panista María de los Ángeles Gutiérrez, autora de la iniciativa, llamó a su vez a no ser indiferentes ante la violencia física conocida como castigo corporal y precisó que las medidas de disciplina deben ser abordadas desde una perspectiva de política pública.
Señaló que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia es reconocido por la Convención de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, imponiendo la obligación de los Estados de protegerlos frente a maltratos de padres, madres o cualquier otra persona.
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