Jorge Sepúlveda, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, advirtió que la aprobación de la nueva Ley de Amparo en el Senado encendió alertas entre juristas, ya que las reformas contienen disposiciones “regresivas” que podrían vulnerar derechos constitucionales y debilitar la función del amparo.
Posibilidad de eliminar suspensión
En una entrevista para MILENIO Televisión con Carlos Zúñiga, el vicepresidente afirmó que una de las principales preocupaciones es “que se elimine la posibilidad de suspensión. Esto puede dar pie a abusos, incluso a incluir periodistas incómodos u opositores”, por la ampliación de casos donde no procede la suspensión del acto reclamado, especialmente los relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Sabemos además que en esta lista de personas bloqueadas no hay una participación de un juez como sí lo existe en el control jurisdiccional en otras partes del mundo” y esta medida podría abrir la puerta a abusos, “por eso es que a nosotros nos preocupa el que no se pueda, o quien presida la UIF”, afirmó.
Aquí puedes ver el video:
▶️ Proyecto de Ley de Amparo sufre modificaciones tras las audiencias públicas y tomando en cuenta la opinión de 40 expertos; en esto ha cambiado la propuesta de Sheinbaum
— Milenio Televisión (@mileniotv) October 2, 2025
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Sepúlveda recordó que se concedieron alrededor de mil 400 amparos contra la lista de personas bloqueadas, lo que demuestra su importancia.
“Si ahora no hay control jurisdiccional ni beneficio de suspensión, se vulnera el derecho de defensa”, advirtió el jurista.
Limitación al amparo de colectivos
También alertó sobre el principio de progresividad, ya que “desde 2011 los tratados internacionales forman parte de nuestra norma máxima; por tanto, no debemos ir para atrás. Cualquier reforma debe ser progresiva, no regresiva” y “solamente podemos tratar de incorporar nuevos derechos, no de eliminar los que ya existían.”
Otro punto preocupante que indicó es la nueva redacción del interés legítimo, la cual limitaría el acceso al amparo de colectivos vulnerables, ya que “antes se ganaron amparos en materia educativa, ambiental y de salud, ahora los efectos se restringen al quejoso”, explicó.
El abogado también reconoció aspectos positivos como la ampliación del plazo de sentencias de 60 a 90 días y la implementación del juicio en línea.
“Son elementos favorables que muestran voluntad de modernizar el sistema”, dijo.
Aun con las reservas, Jorge Sepúlveda destacó que hubo diálogo legislativo.
“Sí se escuchó la voz de muchos que ahí participamos. No todas las modificaciones que queríamos se lograron, pero confío en que la Cámara de Diputados corrija lo relativo a la retroactividad”, afirmó.
El vicepresidente de la BMA dijo alegrarse de que “exista también la voluntad republicana en la Cámara de Diputados para abrir esto a debate y que podamos también mejorar y contribuir a que la iniciativa mejore.”
JCC
