El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el documento De la emergencia a la recuperación de la pandemia por covid-19: la política social frente a desastres, que tiene como objetivo explorar las afectaciones conocidas hasta el momento de la pandemia sobre la salud, la educación, el trabajo y el bienestar económico.
Su objetivo es seguir contribuyendo a los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de México para enfrentar la pandemia y sus efectos, a partir de un mapeo de la atención pública que han recibido como un primer paso para retroalimentar las medidas adoptadas para aprovechar el aprendizaje colectivo e institucional en este contexto.
Y tras sus hallazgos, el Coneval precisó la necesidad de un modelo integral de gestión de riesgos en la política social permitiría contar con un enfoque de prevención, en el que se adopten estrategias para mitigar la aparición de riesgos a través de sistemas de observación y mecanismos de comunicación.
Dentro de sus principales descubrimientos se mencionó que la evolución de los contagios ha sido diferenciada en el territorio y se han concentrado en las zonas metropolitanas, debido diferencias territoriales en las condiciones y recursos disponibles para atender la salud.
“La pandemia ha traído afectaciones que, si bien no son una consecuencia directa de la enfermedad, también pueden tener repercusiones en la salud de la población. Un ejemplo de esto es el incremento de la violencia doméstica y de género”, precisó el Coneval.
Respecto a la magnitud de las afectaciones económicas el Producto Interno Bruto (PIB), que en 2020 tuvo una caída de 8.5 puntos porcentuales con respecto a 2019 lo que implicó una desaceleración de la actividad económica.
Asimismo, se observaron retrocesos en los indicadores del ingreso laboral y de la pobreza laboral que, si bien ocurren en el corto plazo, también tienen implicaciones en el mediano y largo plazo.
También, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), la población en situación de pobreza laboral pasó de 35.6 por ciento en el primer trimestre de 2020 a 39.4 por ciento en el primer trimestre de 2021.
Además de los contagios y los problemas de salud asociados a la pandemia, el consejo mencionó que se registró un incremento de la demanda de servicios de salud que significa una presión extraordinaria para el personal de este sector, en sus condiciones laborales y ante un mayor riesgo de contagio en comparación con el resto de la población.
Pero junto con los riesgos físicos por contagio, la pandemia es causa de estrés entre toda la población y en el caso de las y los trabajadores de la salud se magnifica por la exposición durante largas jornadas, a entornos de gran demanda física y emocional ante el riesgo constante de contagio, separación de sus familias y situaciones de estigmatización social.
Asimismo, como consecuencia de las medidas de aislamiento, se han presentado situaciones de estrés al interior de los hogares, facilitando el desarrollo de casos de violencia que afectan primordialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En relación al tema educativo la interrupción de estos procesos presenciales y su sustitución por la educación a distancia suponen riesgos de aumentar las disparidades educativas preexistentes, al reducir las oportunidades que tienen las personas para continuar con su aprendizaje.
Respecto a la disponibilidad de los bienes que requerirían ser utilizados por la población de tres a 15 años para tomar clases a distancia, en 2020 a nivel nacional 92.3 por ciento contaba con televisión, 34.6 por ciento con una computadora, laptop o tablet, 51.0 por ciento con internet en la vivienda y 90.3 por ciento de ellos tenían un celular en su vivienda.
Sobre la propagación del virus comenzó en las principales zonas metropolitanas del país y se expandió hacia las periferias, ciudades medias y finalmente, a las localidades rurales, actualmente, el patrón geográfico de contagio de la pandemia se ha mantenido en las zonas metropolitanas y hay entidades que después de un año continúan con los registros más altos de contagios (positivos acumulados) y de casos activos, por ejemplo: Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato.
En cuanto a las intervenciones implementadas por las entidades federativas, a marzo de 2021, se identificaron mil 244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia.
Con base en el marco de análisis de la política social a partir del enfoque de la Gestión Integral de Riesgos ante Desastres (GIRD), el Coneval identificó 20 afectaciones y 76 riesgos que, tomando como base la evidencia disponible, se vinculan principalmente con los derechos a la salud, la educación y al trabajo, así como con la dimensión de bienestar económico.
Y resaltó la necesidad de definir una estrategia de atención a desastres de acuerdo con la perspectiva de la coordinación interinstitucional, lo que supone considerar elementos indispensables como información de calidad y suficiente, definir responsabilidades entre actores y ámbitos de gobierno, así como contar con instrumentos de coordinación intersectorial.
De esta manera, comentó que se haría posible la implementación de medidas anticipadas para atender de manera efectiva las consecuencias que para la población representan los distintos tipos de desastres. Para ello, subrayaron que es fundamental contar con recursos presupuestarios que estén disponibles para realizar acciones que atiendan estas contingencias.
Si bien reconoció que el contexto actual ocasionado por la pandemia tiene una naturaleza sin precedentes y sus alcances podrían considerarse como imprevisibles, la implementación de medidas oportunas de prevención permitiría fortalecer los mecanismos de respuesta y reducir el grado de exposición y vulnerabilidad ante los desastres, reforzando la resiliencia de la población ante situaciones de riesgo, así lo aseguraron en el documento.
Asimismo, apuntó que son necesarios elementos mínimos que permitan acciones coordinadas, tales como la definición de una secuencia de intervenciones de programas necesarios para atender la emergencia, la selección del conjunto de actores que participará en la toma de decisiones, la definición de un espacio para tomar decisiones conjuntas, la cual se sugiere que tenga la autoridad suficiente para modificar su diseño y operación, así como la existencia de información oportuna y sistematizada.
Por lo cual para la etapa de recuperación será necesario orientarla a la construcción de medidas oportunas que permitan disminuir niveles de riesgo y reorientar la política de desarrollo social a recuperar aquellos espacios afectados en el bienestar de la población.
icc
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