A pesar de las estrategias implementadas por el Gobierno de Jalisco, el derecho de las mujeres al acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente, pues no son atendidas con perspectiva de género ni derechos humanos, denunció Alejandra Cartagena López, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
“Siguen sin entender que la violencia contra las mujeres, que la vida de las niñas, de las mujeres, la integridad, no solo es un asunto de mujeres que debe arreglar la Secretaría de Igualdad o la Fiscalía, sino que es un asunto transversal, donde todas las instituciones deben estar comprometidas”, señaló.
Cartagena López indicó que debe existir una política pública transversal que realmente tenga un indicador de resultados en el impacto de la vida de las mujeres y que, sin duda, ha sido un gran desafío para los estados que han invisibilizado la violencia contra este sector de la población, y debe alarmar.
La también académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) mencionó que cada año hay un aumento de 30 por ciento en el número de muertes violentas de mujeres; la pandemia agudizó este incremento, pero también las desapariciones y la violencia de género.
“Al 27 de febrero llevamos 35 feminicidios; en 2021 hubo 273 mujeres asesinadas en el estado, y eso es un dato alarmante, hablando de que tenemos una alerta de género y se supone que ya llevamos años con política pública o estrategias, acciones o como le quieran llamar, para no solo atender la violencia contra las mujeres, sino la prevención”, dijo la integrante de Cladem.
Desde hace un par de años, Jalisco se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a feminicidios, por lo que Cartagena López cuestionó de qué sirven los protocolo sino se realizan con perspectiva de género y los casos quedan como homicidios dolosos.
Agregó que es preocupante que estos asesinatos no sean considerados relevantes al no considerarse por razón de género, cuando las autoridades deben preocuparse por tantas muertes violentas de mujeres: “¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos 273 mujeres asesinadas, ya sea feminicidio u homicidio; que sin duda alguna la exigencia siempre ha sido que no solo investiguen con el protocolo de feminicidio, sino realmente estén formados, capacitados, para poder lograr carpetas de investigación por estos delitos de feminicidio que ya lo hemos escuchado, qué han dicho las propias autoridades, pues es muy difícil acreditar este delito, lo cual no es verdad”.
La académica criticó que el año pasado las autoridades jaliscienses clasificaron como feminicidio solamente 73 de las 273 muertes violentas de mujeres; el resto se consideraron homicidios dolosos. Sin embargo, explicó que el Código Penal es muy claro para identificar este delito, “cuando las mujeres son asesinadas y hay un componente sexual, ahí hay un feminicidio; cuando hay un continuo de violencia, cuando hay antecedentes de violencia, ahí hay un feminicidio; cuando sus cuerpos son desmembrados, la saña con la que están matando a las mujeres, pues sin duda alguna, nosotras, desde Cladem y el Observatorio, llevamos ya 15 años documentando estos delitos, y lo que nos hemos dado cuenta es que con la pura nota periodística alcanzamos a percibir cuando es un feminicidio y cuando no”.
Impunidad, el otro mal
Las pocas sentencias contra agresores de mujeres en los últimos diez años también han provocado el incremento de la violencia de género. Un caso reciente es el de Kenia, de 16 años de edad, privada de la libertad y víctima de abuso sexual e intento de violación por parte de un funcionario de Zapopan; su agresor no fue procesado, pues el juez consideró que no había elementos suficientes en su contra.
“El juez lo deja libre y dice ‘a ver, no le hizo nada, si la hubiera querido violar, la viola; no la privó de la libertad, porque ella se sube sola al carro’, pero estaba drogada y no hay una perspectiva de género, y hay que decirlo también, que es una gran preocupación que desde el Poder Judicial, aun cuando se habla de esta gran formación y de esta obligación de los jueces, juezas, magistrados y magistradas, que juzguen con perspectiva de género, y no lo están haciendo, y están dejando libres a estos delincuentes”, dijo Cartagena López.
La madre de la menor hizo pública la denuncia y refirió que ha recibido llamadas y mensajes para que desistan de la acusación, pero decidió darlo a conocer para evitar que más adolescentes sean violentadas.
La integrante de Cladem refirió que en Jalisco se contabilizan 2 mil 668 desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de marzo de 1963 al 1 de marzo de 2022; la mayoría son adolescentes.
Concluyó que el gran reto de las autoridades es generar una política pública que realmente cumpla con garantizar el derecho a la vida libre de violencia a niñas y mujeres; reiteró que se requiere una atención transversal para que tengan acceso a la justicia y no sean criminalizadas y revictimizadas.
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SRN
