DOMINGA.– A Tomás Yarrington no sólo lo acusaron de recibir maletas repletas de dinero, también hay testimonios que cuentan cómo sus colaboradores llevaban millones de dólares en las cajuelas de sus autos para repartir entre los votantes. Así ganó la gubernatura de Tamaulipas hace casi treinta años. A los narcopolíticos, definitivamente, ya no los hacen como antes.
En los tiempos del priismo del despilfarro y la fanfarronería, Tomás Yarrington tejió una red de poder y un pacto con el Cártel del Golfo. El expediente judicial al que tuvo acceso DOMINGA revela los detalles de esa relación y cómo terminó enfrentando a la justicia en México y Estados Unidos. Los videos de hoy no se comparan con el voluminoso legajo de evidencias de ayer. La cancelación de visas parece peccata minuta frente a la persecución que desplegó el Tío Sam entonces. Los descaros del tamaulipeco hicieron enfurecer a las élites de México y a las autoridades de la Unión Americana.
Y es que las ambiciones del exalcalde de Matamoros iban mucho más allá de reinar en su tierra natal: soñaba con convertirse en presidente de México.
Pero comencemos por el principio. Cuando Tomás Yarrington acababa de rendir protesta como candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, en junio de 1998, envió a su operador político Jesús Vega Sánchez a La Mansión del Prado, un restaurante en Reynosa que durante décadas fue punto de reunión para la clase política. Ahí lo esperaba Juan José Muñiz Salinas, El Bimbo, entonces director de Seguridad Pública de ese municipio que, según la averiguación de la Procuraduría General de la República (PGR), servía de enlace entre políticos y el Cártel del Golfo, una de las organizaciones más poderosas y violentas de los noventa.
A la reunión también llegó César Eduardo García Martínez, un agente de la Policía Ministerial que años después se convertiría en testigo protegido de la PGR y de la DEA bajo la clave de Óscar. Desde que El Bimbo quedó como comandante de Reynosa, éste era de sus hombres de mayor confianza y quien recolectaba las cuotas del cobro de piso y protección que, de acuerdo a su declaración ante la PGR, oscilaban entre los 100 y 150 mil dólares mensuales.
Jesús Vega Sánchez, entonces secretario del PRI en Tamaulipas, un cargo que el testigo equipara al de un coordinador de campaña, transmitió un mensaje del candidato: “No importa de dónde vengan los fondos y los compromisos que se tengan que pactar, nos urge dinero”, dijo. Enseguida le pidió al Bimbo que le ayudara a que los comandantes en la frontera juntaran dinero para su campaña. A cambio, Yarrington se comprometía a dejarlos en sus puestos cuando fuera gobernador, según consta en un documento del Poder Judicial de la Federación.
El Bimbo respondió que sí pediría el dinero a los comandantes pero advirtió que provendría del crimen organizado, de las distintas organizaciones que operaban en la frontera, y que ellos tendrían que cumplir los compromisos que adquirieran.
Vega contestó: “Por eso no te preocupes, [Yarrington] está dispuesto a cumplir con los compromisos que se están absorbiendo, por algo me envió a mí, su mejor amigo, y hombre de confianza para realizar esta labor”.
Después de la reunión, El Bimbo habló con los destacamentados en los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Matamoros y Río Bravo para pedirles apoyo financiero. Todos cooperaron, dijo Óscar. También se acercó a operadores de otras organizaciones criminales, entre ellos uno del Cártel de Juárez, a quienes pidió dinero para la campaña.
Hacia la tercera semana de junio, durante un evento político en Reynosa al que asistía Yarrington, El Bimbo envió a Óscar a entregar un millón de dólares en efectivo a Vega Sánchez. El dinero iba en un portafolio negro, en billetes de 20 dólares y también de 100. Aseguró que se lo dio en propia mano a la salida del acto y que Vega lo subió a una camioneta Suburban roja en la que también iba Yarrington.
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Las entregas continuaron en maletines y maletas de julio a octubre, sumando una cantidad que oscilaba entre 400 y 800 mil dólares cada una y en distintos puntos. Una de ellas terminó en el lobby del antiguo Best Western Gran Hotel Residencial de Matamoros, donde ahora está el consulado gringo. Ahí el testigo Óscar aseguró haber entregado unos 500 mil dólares, con Yarrington en ese lugar.
Ahora que ha arrancado el proceso electoral 2027, con 20 mil cargos en juego, esta es la historia de Tomás Yarrington, el primer exgobernador de Tamaulipas que terminó preso por recibir sobornos durante una campaña electoral. Según la averiguación de la PGR y el testigo protegido, su campaña de 1998 se pagó con dólares entregados en maletas por mandos policiales y grupos criminales vinculados al Cártel del Golfo, a cambio de conservar a los comandantes en sus puestos y dejarlos operar.
Yarrington y una campaña con despilfarro
Para 1998 Tamaulipas estaba gobernado por Manuel Cavazos Lerma. Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba arranca su campaña, un político que venía de familia pobre y numerosa, pero desde sus 30 ya sabía moverse a sus anchas. Había construido una carrera dentro del partido y ocupado distintos cargos públicos que lo habían colocado en los círculos más exclusivos del poder político. Su trayectoria incluía la presidencia municipal de Matamoros, la dirigencia estatal del PRI y una diputación federal, lo que lo colocó en la mira de los pesos pesados nacionales.
La campaña se hizo como toda campaña priista de los noventa: con despilfarro y fanfarronería. Según una pericial contable que contrató el PAN de manera independiente, ante la sospecha del origen ilícito de los recursos, dijo que, sólo en septiembre de ese año, el tricolor dispuso 100 mil pendones, 100 espectaculares, 200 kilómetros de pasacalles y un millón de calcomanías. También repartió 100 mil camisetas, 30 mil gorras y mandiles con su rostro.
Un gasto que el panismo estimó en 87 millones de pesos, pero que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del PRD, calculó en más de 300 millones. 300. Había incluso spots con el boxeador y celebridad del momento, Óscar de la Hoya, hablando espanglish del “futuro” de Tamaulipas.
En la elección participaron Gustavo Cárdenas Gutiérrez, del PAN y entonces una de las figuras opositoras con mayor fuerza en el estado, exalcalde de Ciudad Victoria. Y del otro lado estaba Joaquín Hernández Correa, candidato del PRD con escasa experiencia política e hijo del histórico líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, quien estuvo preso casi nueve años y sostuvo que su encarcelamiento fue una persecución política durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
El Cártel del Golfo creció con Yarrington
A finales de los noventa, el Cártel del Golfo era una estructura con presencia territorial, rutas propias, redes de distribución y policías a sueldo. Había nacido en Matamoros como una red de contrabando liderada por Juan Nepomuceno Guerra y se volvió gigante con su sobrino, Juan García Ábrego, que movía cocaína para el Cártel de Cali. Pero García Ábrego cayó en enero de 1996, lo enviaron a Estados Unidos y su organización se quedó con las rutas pero sin jefe.
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En ese vacío creció Osiel Cárdenas Guillén, un delincuente de barrio con una condena por cocaína en Texas, que compartía el mando con Salvador Gómez Herrera. En julio de 1998, semanas después de la reunión en La Mansión del Prado, los detuvieron en un rancho cerca de Matamoros y los arraigaron en la capital. Osiel pagó unos 15 mil dólares a cada uno de los cuatro agentes que lo custodiaban y escapó por una ventana. Después, según las investigaciones, ordenó matar a su socio Chava, y con ese golpe se ganó el apodo del Mata Amigos.
Para protegerse necesitaba gente que supiera pelear. Según la PGR, el teniente Arturo Guzmán Decena dejó el Ejército en septiembre de 1997 y formó una escolta a petición del capo, con la orden de reclutar sólo exmilitares. Años después se sabría que eran desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE.
Colegas reporteros en esta época recuerdan que la influencia criminal comenzó a impactar también a quienes abrían todos los días la cortina de un negocio. Ya no bastaba con controlar las rutas de la droga: comenzaron las presiones sobre antros, alcohol, cigarros y otros productos, hasta llegar a los comercios. En esa etapa comenzó a tomar forma el cobro de piso, una práctica que convirtió el control criminal en una cuota que comerciantes y negocios debían pagar para poder trabajar. Así, la violencia dejó de ser un asunto de plazas fronterizas y se metió a la vida cotidiana. En este contexto, Cardenas Guillén habría aceptado financiar la campaña del candidato.
Casi treinta años después de aquella elección, platico con Gustavo Cárdenas Gutiérrez, quien era entonces candidato del PAN, hoy de 69 años: “[Yarrington y yo] cursamos en las mismas secundaria y preparatoria antes de convertirnos en rivales políticos”, dice. Lo recuerda como un joven brillante y de origen humilde, que llegó al Tec de Monterrey con una beca otorgada por su padre, Jorge Cárdenas González, exalcalde de Matamoros. Destaca su facilidad para la oratoria, con esos discursos al estilo de los priistas de la vieja guardia.
El excandidato panista no olvida lo que vivió en esa contienda del ‘98. “En mis recorridos por Miguel Alemán [municipio fronterizo], observaba camionetas que daban vueltas alrededor de la estación de radio donde [yo] estaba dando entrevistas”. Su equipo le decía que los vehículos pasaban repetidamente mientras hablaba de sus propuestas al aire y él los veía cuando salía. “El mensaje era clarísimo, aquella presencia era una advertencia de que mis declaraciones eran vigiladas y que había gente que tenía intereses en el resultado electoral”.
En esos días un amigo cercano le describió una escena que retrataba el tamaño del dinero que Yarrington movía durante la campaña: “los operadores del PRI tenían cajuelas de carros repletas de efectivo y lo entregaban a las familias a cambio de su voto”. Para Cárdenas, aquella circulación de dólares rebasaba lo que podía explicarse únicamente con los recursos destinados a la campaña o del gobierno.
Era la evidencia de que en Tamaulipas circulaban dólares para comprar votos. También era obvio la presencia del crimen organizado en el proceso electoral, aunque, a diferencia de lo que ocurriría en años posteriores, la operación, dijo, se mantenía bajo ciertos códigos, sin recurrir a las agresiones directas contra opositores.
El ocultamiento de información durante su gobierno
Otro que cubrió aquella campaña fue el periodista Melitón García de la Rosa. Recuerda que, cuando cubría ciudades como Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria y el sur de Tamaulipas, empezaba a ver el dinero circular sin pudor: en los eventos de campaña se repartieron billetes de 500 pesos a quienes acudían a los mítines. Pero el dinero no era lo único que se movía debajo de la campaña, en las redacciones locales que cubrían la fuente policiaca ya se hablaba de comandancias y agencias del Ministerio Público cuyos titulares no necesariamente respondían a sus mandos oficiales si no al Cártel del Golfo.
El 25 de octubre de 1998 la campaña terminó y Tomas Yarrington se convirtió en gobernador electo a los 41 años. Durante su sexenio, en 2002, el puente sobre el río Pilón se vino abajo en Mainero y se llevó a tres mujeres. Para enero de 2004, empresarios y partidos de oposición pidieron su salida ante la crisis de seguridad en el estado, marcada por secuestros, cobro de piso y señalamientos de infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiales.
Dos agentes de la Policía Ministerial habían sido señalados como líderes de una banda de secuestradores. Dos meses después, el 19 de marzo de 2004, Roberto Javier Mora García, director editorial de El Mañana, regresaba de madrugada del periódico cuando lo atacaron frente a su casa en Nuevo Laredo. Lo apuñalaron 26 veces. El 31 de agosto de ese año, el periodista Francisco Arratia Saldierna murió en Matamoros tras ser torturado y arrojado de un vehículo en marcha.
El Cártel del Golfo crecía. Osiel Cárdenas ya había reclutado a antiguos militares de élite, los futuros Zetas. Con ellos la organización dejó de depender de pactos y pasó a tener su propio brazo armado. Y esa fuerza se mostró en Matamoros. En noviembre de 1999 hombres del cártel habían rodeado a dos agentes estadounidenses que se encontraban realizando labores de investigación encubierta y reunían información sobre el grupo criminal. Los dejaron ir después de advertirles que no volvieran. Desde ahí el negocio se expandió a lo largo de la frontera.
A Osiel Cardenas el ejército lo detuvo el 14 de marzo de 2003, en Matamoros, pero su caída no desarmó la estructura. Los Zetas se quedaron con el mando operativo y, en la frontera, la disputa por Nuevo Laredo anunció la violencia que heredaría el siguiente gobernador. De modo que cuando Yarrington entregó el poder a Eugenio Hernández Flores, a fines de 2004, Tamaulipas ya tenía a una organización criminal con ejército propio.
La carrera presidencial fallida y sus enemigos del Centro
Durante su administración, que concluyó en 2004, Tomás Yarrington consolidó su presencia dentro del priismo nacional y su nombre comenzó a circular entre los priistas que buscaban disputar la candidatura presidencial para 2006.
Se integró al grupo Todos Unidos contra Madrazo. El bloque reunió a Arturo Montiel, Enrique Jackson, Enrique Martínez, Manuel Ángel Núñez Soto y el propio Yarrington. Su objetivo era construir una candidatura capaz de enfrentar a Roberto Madrazo, entonces dirigente nacional del PRI, a quien acusaban de usar su cargo para favorecerse dentro del partido y quedarse con la candidatura presidencial. Durante aquella disputa, los cinco aspirantes recorrieron el país, participaron en foros y expusieron sus propuestas. En uno de los primeros encuentros públicos, en Guadalajara, Yarrington dijo que era necesario aplicar mano dura contra el crimen organizado y de aumentar las sanciones legales. Yarrington, sin embargo, quedó fuera de la carrera, desplazado por los políticos chilangos. Pero aquella competencia nacional lo expuso a adversarios con influencias en la capital.
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Se filtró en la prensa que existían indagatorias que habían identificado una red de prestanombres y empresarios de nivel estatal y hasta internacional que permitieron ocultar propiedades y recursos. Para 2007 la PGR integró nuevas investigaciones sobre esas operaciones y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Pero Yarrington conservó su influencia. Según testimonios, respaldó a Eugenio Hernández Flores como sucesor en la gubernatura y después se trasladó a Estados Unidos, donde se dedicó a la consultoría política y a su familia. En el año de 2010 reapareció en la Convención de Delegados que eligió a Rodolfo Torre Cantú como candidato a gobernador, asesinado una semana antes de las elecciones. El crimen sacudía a Tamaulipas pero el PRI conservó el triunfo.
Estados Unidos comenzó a seguir el rastro de las propiedades, empresas y operaciones financieras de Yarrington. En las investigaciones apareció Fernando Alejandro Cano Martínez, señalado como su prestanombres y operador financiero. En mayo de 2013, un jurado federal presentó contra ambos la acusación de conspiración para operar una red de crimen organizado, lavar dinero y defraudar a bancos.
La justicia estadounidense formalizó las acusaciones en contra de Yarrington en una corte federal del sur de Texas. Presentó demandas para decomisar propiedades vinculadas a su nombre. Y lo señaló de recibir sobornos de narcotraficantes, incluido el Cártel del Golfo, a cambio de permitirles operar sus redes de contrabando. Le atribuyó haber participado (entre 2007 y 2009) en el tráfico de cargamentos de cocaína a través del puerto de Veracruz con destino a Estados Unidos.
El expediente identificó a Cano Martínez –propietario de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo– como su prestanombres y uno de los empresarios que habría pagado sobornos a cambio de obtener contratos millonarios de obra pública durante su gobierno. También utilizó empresas y cuentas bancarias para mover dinero entre México y Estados Unidos y adquirir propiedades.
El exgobernador, que años atrás había aspirado a la Presidencia de México, pasó cinco años prófugo de la justicia, luego de que un juez federal libró una orden de aprehensión y las autoridades mexicanas solicitaran el apoyo de la Interpol para localizarlo. Se sabría que se escondió en Calabria, al sur de Italia, bajo el nombre falso de José Ángel Márquez Pérez. El 9 de abril de 2017 viajó a Florencia para pasar la Semana Santa y fue detenido al salir de un restaurante, acompañado de un hombre de nacionalidad polaca, también detenido pero que después quedó en libertad.
Las autoridades italianas autorizaron la extradición y, el 20 de abril de 2018, lo entregan a Estados Unidos. En el Distrito Sur de Texas tendría que responder por los cargos de una investigación que siguió el rastro de sus operaciones financieras y sus vínculos con el crimen organizado. Tras la acusación, seis días después, el 26 de abril, Yarrington rechazó los cargos.
Sin embargo, el 25 marzo de 2021, finalmente cambiaría su postura declarándose culpable de conspiración para lavar dinero. Reconoció haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos de empresarios y particulares que buscaban obtener contratos y hacer negocios con el gobierno de Tamaulipas, aunque no admitió los señalamientos relacionados al narcotráfico. Yarrington sería sentenciado a nueve años de prisión en 2023.
En tanto, Cano Martínez, que también fue detenido en febrero de 2017 en Nuevo León, a petición de autoridades estadounidenses, quedó en libertad al no existir una orden de detención provisional con fines de extradición. Desde entonces, no se ha informado de una sentencia en su contra en Estados Unidos.
Un hombre que ahora cree en Dios
Tomás Yarrington pasó seis años en una celda en Estados Unidos, en confinamiento solitario y bajo estrictas medidas de seguridad, separado del resto de los reclusos. Fue el segundo político mexicano encarcelado en ese país por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, después de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, y antes de Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública.
Durante la audiencia, su defensa describió el aislamiento total al que estuvo sometido, sin contacto con otras personas, y aseguró que en 35 años de ejercicio profesional el abogado nunca había visto una situación semejante. Por ello, pidió que ese tiempo de aislamiento se tomara en cuenta para reducir su condena.
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La conspiración para lavar dinero –proveniente de sobornos de empresarios y particulares– llevó a Yarrington a recibir una condena de nueve años en Estados Unidos. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, cuando se declaró culpable en 2021 de ese delito, se le retiraron los demás cargos, incluidos los relacionados con narcotráfico y fraude bancario. Salió libre en julio de 2024, tras permanecer siete años y tres meses bajo custodia desde su detención en Italia. Las autoridades no explicaron el motivo de su salida anticipada, aunque la legislación estadounidense contempla reducciones por buena conducta. El tribunal calculó entre 3.5 y 9.5 millones de dólares el monto vinculado con las operaciones ilícitas, cifra que tomó como referencia para determinar la gravedad del delito y fijar la condena.
Durante la audiencia de sentencia, celebrada el 15 de marzo de 2023, un año antes de salir de prisión, la fiscalía dijo que Yarrington admitió haber recibido sobornos mientras gobernaba Tamaulipas y haber ocultado recursos ilícitos en Estados Unidos para sostener un estilo de vida lujoso. Entre los bienes descritos en el caso figuraban propiedades en South Padre Island, Port Isabel, Mission y Austin, además de vehículos de lujo, aeronaves e inmuebles de inversión en Texas.
Ese día, frente a todos, a sus 66 años con el cabello cubierto de canas, complexión robusta y lentes de aumento, Tomás Yarrington se veía muy distinto de aquellos años, rodeado de poder, protección y lujos. La cárcel había hecho mella.
“Con su permiso, su señoría. Han pasado seis años desde que vivo bajo custodia. Han sido seis años difíciles, muy duros: de aislamiento, silencio y soledad, pero también de reflexión, arrepentimiento y crecimiento espiritual; un tiempo para reencontrarme con Dios y buscar su perdón.
“El hombre que comparece hoy ante usted no es el mismo que ingresó por primera vez a prisión hace seis años. He cambiado, y para bien. Hoy estoy más cerca de convertirme en el hombre que Dios quiere que sea.
“Ofrezco una disculpa a usted, al gobierno estadounidense, al pueblo mexicano y a mi familia. Pido perdón por mi conducta indebida”.
Luego de salir de la prisión federal de Thomson, Illinois, pasó los siguientes nueve meses bajo custodia migratoria estadounidense, hasta ser deportado a México. Así terminó el paso de Yarrington por la justicia estadounidense pero inició su peregrinación por los tribunales mexicanos. Hoy el exgobernador está encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, a donde llegó el 9 de abril de 2025, muy lejos de las oficinas del poder y de la vida política que alguna vez dominó. Sigue a la espera de que los tribunales resuelvan las acusaciones por presuntos delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como si recibió dinero del Cártel del Golfo.
GSC / MMM
