La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bateó una petición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien pretende echar atrás el auto de formal prisión que le fue dictado en el proceso que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exmandatario estatal impugnó que un juez federal del Estado de México rechazara concederle la suspensión definitiva.
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Ante esta situación, interpuso un incidente de revisión, el cual quedó radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Pero ahora buscaba que la Corte atrajera el caso.
Sin embargo, el máximo tribunal de justicia desechó la petición.
“Se puso a consideración de las personas ministras de este Tribunal la presente solicitud formulada por parte no legitimada para conocer del recurso de revisión incidental 215/2025 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y ninguna de las referidas personas ministras de esta Suprema Corte manifestó su intención de hacer suya la respectiva solicitud”, detalla el acuerdo publicado en estrados.
Ahora, corresponderá al Tribunal Colegiado continuar con el estudio del recurso y determinar si confirma o no la decisión emitida por el juez federal.
El proceso del que se queja tiene que ver con la causa penal 34/2024, en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, donde se le dictó auto de formal prisión el 25 de junio de 2025.
Antecedentes
El 9 de abril de 2017, Tomás Yarrington fue detenido en la ciudad de Florencia, Italia, tras la existencia de una ficha roja emitida por Interpol.
El 11 de abril, el Ministerio de Justicia de Italia notificó oficialmente y de manera simultánea a las autoridades de México y de los Estados Unidos sobre la audiencia y determinación de la Corte de Apelaciones de Florencia de fecha 10 de abril de 2017, respecto de la legalidad de la detención, con fundamento en las órdenes de aprehensión libradas por las autoridades judiciales tanto de México como de Estados Unidos.
Fue hasta el 9 de abril de 2025 cuando el gobierno norteamericano deportó a México al exgobernador, quien fue puesto en manos de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual cumplimentó dos órdenes de aprehensión en su contra, una por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y la segunda, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue ingresado al penal de máxima seguridad de Altiplano, en el Estado de México.
Actualmente, suma tres procesos penales en su contra, los cuales forman parte del anterior sistema de justicia penal.
DG
