La violencia de Los Ardillos no ha cedido en Guerrero durante, al menos, una década. Treguas frágiles con grupos rivales, señalamientos por vínculos con gobiernos locales y una amplia reputación delictiva los ha convertido en uno de los principales actores criminales del estado.
Su presencia y operaciones han quedado constatadas en múltiples episodios y, recientemente, en el terror que sembraron en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán donde su embestida dejó a su paso homicidios, agresiones con drones explosivos y el desplazamiento de decenas de familias que imploraron el apoyo del gobierno federal.
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De acuerdo con Rogelio Agustín, corresponsal de MILENIO el estado, la génesis de la embestida y el asedio de Los Ardillos en la zona tiene como objetivo algo que han buscado durante años: el control completo de la Montaña Baja de Guerrero.
La ambición del grupo delictivo por expandir sus operaciones y mantener un dominio territorial se vincula a la relevancia que el estado ha tenido a través de los años para actividades relacionadas tanto al tráfico de drogas, como a la explotación de recursos naturales y otras economías criminales como, por ejemplo, la extorsión.
El origen de Los Ardillos
En la década de los ochenta, entre las montañas de Tlanicuilulco en el municipio guerrerense de Quechultenango la amapola que crecía con facilidad se convirtió en la materia prima de un lucrativo negocio que emprendió un ex policía rural conocido como La Ardilla.
Aunque su nombre real era Celso Ortega, su alias comenzó a acaparar atención en la región hasta llegar a oídos de uno de los narcotraficantes más notorios que han operado en el país: Arturo Beltrán Leyva. Junto a sus hermanos y en contubernio con el Cártel de Sinaloa, El Barbas -como también era conocido el capo- vio en células criminales de Guerrero la oportunidad de ampliar su influencia y poderío. Y lo consiguió.
Si bien diversos grupos criminales locales se alinearon con el Cártel de los Beltrán Leyva, tras el abatimiento de su líder y la eventual caída de sus hermanos, el hampa guerrerense se dividió.
"Tras la fragmentación de la Organización Beltrán Leyva (OBL) en 2010, Guerrero quedó con un vacío de poder, según un informe publicado en enero de 2015 por el Wilson Center. Aparecieron entonces nuevos grupos como Los Rojos y Los Ardillos, los cuales comenzaron a disputarse el territorio", reza un informe del think tank, InSight Crime.
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Para entonces, Celso Ortega se encontraba recluido luego de que en 2008 fue arrestado por el homicidio de dos agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Tres años más tarde La Ardilla fue liberado, sin embargo, fue asesinado a balazos en la misma localidad que vio nacer a su grupo criminal.
Aunque su asesinato figuró como un fuerte golpe a su estructura y operaciones, fue cuestión de tiempo para que un reacomodo dentro de sus filas revelara que su legado criminal quedó en manos de personas no sólo de su confianza sino que también llevan su sangre: sus hijos.
Celso, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez, quienes son mejor conocidos bajo el alias de La Vela, El Barco y La Parota respectivamente, asumieron el liderazgo de Los Ardillos y continuaron operando las redes de contrabando de drogas y de control territorial tejidas por su padre, no obstante, su ambición fue más allá.
El Dato...El cuarto hijo de 'La Ardilla' y su posición política
Entre los hijos del fundador del grupo criminal destacó Bernardo Ortega Jiménez cuya trayectoria floreció en cargos públicos de la región. De acuerdo con registros, entre 2002 y 2005 se desempeñó como presidente municipal de Quechultenango y posteriormente como diputado local (2005-2008 y 2012-2015), así como Presidente del Consejo del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guerrero. (2009-2012).
Portafolio criminal y rencillas
Con Celso, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez al frente, Los Ardillos ampliaron su portafolio criminal, un factor que también estuvo motivado por los cambios en el mercado internacional de las drogas en donde las de origen vegetal como, por ejemplo, la heroína fabricada con el opio de las amapolas, fueron poco a poco desplazadas por las de fabricación sintética como los opioides o las metanfetaminas.
En ese sentido y aunque la heroína continúa siendo negocio, el grupo delictivo incursionó en otras actividades delictivas como la minería ilegal pero también la extorsión al transporte público, tiendas, operadores turísticos, eventos religiosos, empresas mineras e incluso a comercios de productos cotidianos. Dicha dinámica también ha dejado a su paso ataques armados, homicidios, secuestros, desapariciones y amedrentamientos tanto a víctimas que se rehúsan a pagar como a integrantes de grupos rivales que también buscan el control de dichas economías criminales.
El claro ejemplo de esas rencillas tomó lugar en 2013 cuando Los Ardillos se vieron envueltos en una cruenta disputa con Los Rojos -otra escisión del Cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero- por el control de Chilapa de Álvarez, un municipio estratégico para el tráfico regional de drogas.
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En entrevista con InSight Crime, el antropólogo de la Universidad de Alabama y experto en Guerrero, Chris Kyle, explicó que en dicha disputa Los Ardillos fueron quienes buscaron su expansión a territorios que se encontraban bajo influencia de sus rivales. Para lograrlo, aseguró, cooptaron a fuerzas de seguridad para que persiguieran a Los Rojos.
De acuerdo con reportes de medios de comunicación locales, fue en noviembre de 2015 cuando un grupo de supuestos policías comunitarios de diversas localidades irrumpieron en Chilapa y se llevaron a al menos 30 personas de las cuales se perdió por completo el rastro. El hecho, apuntan, terminó por desplazar a Los Rojos de la región.
El asedio de Los Ardillos no terminó ahí. Años más tarde también protagonizaron una cruenta disputa con Los Tlacos, un grupo delictivo que aunque tuvo su orígen en grupo de autodefensas terminó por convertirse en otro actor criminal del estado que se ha enfrentado al grupo criminal de los Ortega Jiménez en distintas zonas, especialmente en Chilpancingo de los Bravo.
Entre 2022 y 2024 ambos grupos delictivos desataron jornadas de violencia al disputarse el control del rastro de la capital guerrerense, así como el cobro extorsivo al transporte público. El conflicto no sólo paralizó las vialidades y cotidianidad de las y los guerrerenses, sino que impacto en los aumentos de los precios de productos avícolas, carnicería y otros de la canasta básica.
"La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes de México señaló en un comunicado que, en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo y Taxco, el crimen organizado fija los precios finales. Este es un modus operandi que puede ayudarlos a consolidarse en ciertas áreas y llevar a cabo este nuevo método de extorsión”, apuntó un análisis del think tank sobre el interés de Los Tlacos y Los Ardillos en el control de dicha economía criminal.
Los Tlacos y Los Ardillos lograron establecer una tregua en la que el obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo - Chilapa, Salvador Rangel y otros sacerdotes como Jesús González Hernández o Filiberto Velázquez fungieron como intermediarios entre representantes de ambos grupos delictivos.
Si bien la pax narca se hizo presente tras dicho acuerdo, en octubre de 2025 una serie de hechos violentos encendieron las alertas sobre una posible reactivación del conflicto, al tiempo que se evidenció la intención de Los Ardillos por continuar consolidando su dominio criminal.
Hasta el momento en el que se escribe esta nota, la presencia del grupo delictivo encabezado por los hermanos Ortega Jiménez ha sido documentada tanto en Chilpancingo de los Bravo, como en Tixtla de Guerrero, Mochitlán, Juan R. Escudero, Ayutla de los Libres, Quechultenango, Chilapa de Álvarez, Atlixtac, José Joaquín Herrera, Ahuacuotzingo y Tlapa de Comonfort.
Al panorama de su expansión territorial se suma la influencia política que Los Ardillos han demostrado tener en la zona, la cual no sólo apunta a Bernardo Ortega Jiménez sino también a una reunión que su hermano, Celso, sostuvo con la ex alcaldesa de Chilpancingo de los Bravo, Norma Otilia Hernández en 2023.
Las imágenes de la reunión desataron indignación entre la opinión pública y, aunque la entonces edil negó cualquier tipo de vínculo o acuerdo, la huella de Los Ardillos fue imborrable del gobierno local y se volvió a avivar un año más tarde. En octubre de 2024 fue asesinado Alejandro Arcos Catalán, quien recién había resultado electo para asumir el cargo de presidente municipal de la capital guerrerense.
Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el rastro del entonces presidente municipal se perdió luego de que asistiera sin seguridad a una reunión en Petaquillas, zona que se encuentra bajo control de Los Ardillos. Horas más tarde fue localizado decapitado en una camioneta blanca tipo pick up abandonada en la colonia Villas del Roble.
Como dicho crudo episodio, en su afán de expandirse y ejercer su dominio, Los Ardillos han dejado a su paso jornadas de violencia en distintas zonas del estado al enfrentarse tanto a agentes de seguridad, como a grupos rivales pero también a un tercer actor: los grupos de autodefensas.
El asedio a comunidades indígenas
"Los Ardillos han pasado más de 25 años […] matando indígenas, mujeres, niños y ancianos, secuestrando, desapareciendo y extorsionando […] en su área de influencia”, sentenció un comunicado atribuido a Los Tlacos que circuló en 2022.
Si bien la intención de dicho mensaje era manchar la reputación de su rival, lo cierto es que también evidenció el modus operandi con el que el grupo criminal de los hermanos Ortega Jiménez ha intentado consolidar su control territorial en un estado en donde el constante asedio de organizaciones delictivas ha motivado también el surgimiento de grupos de autodefensas.
En ese contexto fueron surgiendo organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), así como la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), la cual en colaboración con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG), han impedido que Los Ardillos se apoderen de la Montaña Baja del estado.
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“Hay muchos incentivos (para los ataques de Los Ardillos contra las comunidades indígenas). Si bien el mercado de la amapola en general se ha reducido, controlar estas tierras aún permite obtener dinero a cambio de protección. En segundo lugar, la minería se ha convertido en un importante generador de conflicto en muchas partes de Guerrero”, explicó Falko Ernst, analista de International Crisis Group, en entrevista con InSight Crime.
Aunque existen reportes de que el grupo criminal de los hermanos Ortega Jiménez se ha infiltrado en algunas de sus policías comunitarias, su asedio a comunidades indígenas ha quedado documentado a través de los años.
Tan solo en 2019, más de un centenar de miembros de Los Ardillos irrumpieron en Rincón de Chautla. Su embestida fue repelida por tan solo 30 integrantes de la CRAC-PF. Ese mismo año también perpetraron ataques en Zoyapesco.
En enero de 2020 diez músicos nahuas de la región fueron atacados y masacrados en Chilapa. El crimen, además de ser atribuido a la organización delictiva de los hermanos Ortega Jiménez, desató indignación entre la población civil y orilló a la CRAC-PF a reforzar sus filas armando a niños de entre seis y quince años de edad.
"Cada tres o cuatro días los grupos criminales nos amenazan con invadir nuestra comunidad [...] estamos preparando a los niños para que puedan defenderse en caso de que pierdan a sus padres o madres", declaró Bernardino Sánchez Luna, fundador de la policía comunitaria a Vice.
Seis años después de que las imágenes de los menores de edad armados le dieron la vuelta al mundo, el asedio de Los Ardillos a la Montaña Baja de Guerrero se mantiene latente, al tiempo que la esperanza de los habitantes de las comunidades desplazadas continúa depositándose en la resistencia indígena de la región.
ATJ
