El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, aseguró que “han sido días muy amargos para la gente”, después de los hechos de violencia y desplazamiento forzado que se han registrado en Chilapa; asimismo, acusó que la comunidad exige justicia al sumar más de diez años con hechos violentos en la entidad.
En entrevista para MILENIO Noticias con Josué Becerra y Dany Martin, el director del Centro de Derechos Humanos recordó que recientemente han aparecido cuatro personas asesinadas en la carretera de Chilapa-Tlapa; sin embargo, enfatizó que la inseguridad la han vivido desde hace una década.
De modo que la ciudadanía de Chilapa demanda, entre otras cosas, justicia; “ellos quieren que se investigue a quienes han hecho todos estos crímenes”.
Abel Barrera señaló que las familias han sido desplazadas a la fuerza, “irse a los cerros, esconderse en la iglesia para ponerse a salvo”.
Comentó que esta situación no se arreglará únicamente colocando un cerco de seguridad, sino desmantelando a las células delictivas.
“Tiene que haber investigaciones a fondo de los hechos actuales y pasados que han permitido esta escalada de violencia; investigar los vínculos con las autoridades locales o municipales”, acusó.
“Hay varios delitos que no se han investigado, como las incursiones armadas con drones que se lanzan y caen en las casas; la gente va encapuchada y no se puede mirar quiénes fueron, no hay condiciones para que un testimonio sea certero”, dijo Abel Barrera.
Aunado a esto, dijo que las autoridades deben tener el contexto de la violencia y de los actores que inciden en él para esclarecer los hechos, de modo que externó que en la visita de la Secretaría de Gobernación hay un “gran reto” al considerar que no solo se está exigiendo que se les atienda en lo básico, también están exigiendo justicia:
“Que busquen a sus desaparecidos, y las personas que han sido asesinadas, se castigue” a quienes cometieron el crimen, señaló.
En cuanto a los nexos, Abel Barrera recordó que el asesinato de diez músicos en el 2020 “obligó a las autoridades a que se sentaran en una mesa”.
Abundó en que tanto la fiscalía como las autoridades “les dejan toda la responsabilidad a las víctimas para que investiguen los hechos; la gente, ante esta situación, levanta a sus familiares y los sepulta, porque quedan abandonados”.
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