Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años en la cárcel sin recibir sentencia, caso que provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado Mexicano, solicitó este jueves a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar impedidas a dos ministras en la discusión del tema de la prisión preventiva oficiosa.
Simón Hernández León, abogado del caso García Rodríguez, explicó que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa hicieron manifestaciones subjetivas y criminalizantes.
Por esta razón presentaron un escrito en el máximo tribunal de justicia y solicitaron fecha para audiencia con el ministro presidente.
“En el caso de la ministra Estela Ríos, tiene el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2025, pero ella como Consejera Jurídica de la Presidencia, en 2022, junto con el secretario de Gobernación solicitó a esta Suprema Corte mantener la prisión preventiva oficiosa, entonces eso ya es un prejuzgamiento de su parte, ya decidió una posición común en el área federal".
“Y en el caso de la ministra Yasmín Esquivel por manifestaciones subjetivas y criminalizantes al señor Daniel García y al señor Reyes Alpizar en 2022, en la Feria Internacional del Libro, pues manifestó que 'qué bueno que hayan estado 16 años en prisión, que eran unos pobres angelitos' y, bueno a ella le fue turnado el amparo directo”.
El litigante señaló que por esas consideraciones personales y subjetivas no cuentan con objetividad para tomar conocimiento de este caso, por lo que pidieron a Hugo Aguilar que las recuse.
A su vez, Daniel García dijo que es necesario hacer ver a las ministras y ministros las “graves repercusiones” que tiene hoy en día la prisión automática.
“Hoy en día de la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una herramienta de extorsión, hoy todos sabemos que el primer paso para liberar a una persona es la barandilla del ministerio público y el hecho de haber convertido ésta en una herramienta para poder liberar a cualquier delincuente, desde la barandilla del ministerio público, pues convierte al ministerio público en el fiscal, en un juez, no hay necesidad de que un indiciado tenga la revisión de un órgano jurisdiccional porque el fiscal tiene la facilidad constitucional de enviar a quien sea a la prisión”, comentó.
Indicó que es urgente que cada uno de los 40 mil casos que hoy existen en las prisiones de México sean revisados y que “se elimine esa barbaridad de la Constitución”.
David García interpuso un amparo con el cual busca que se tumbe la condena de 35 años de prisión dictada en su contra, la cual fue ratificada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el 17 de marzo de 2023.
Actualmente David García enfrenta su proceso en libertad, ya que la condena en su contra no está firme.
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