DOMINGA.– La noche del 22 de agosto pasado el equipo de campaña del diputado Danilo Forte trabajaba a marchas forzadas sin saber que el crimen organizado local les haría trizas ese empeño. Cerca de la medianoche juntaban folletos y banderillas para repartir al día siguiente en una plaza pública de Ciudad 2000, un barrio tradicional y de clase media en Fortaleza, al noreste de Brasil. Con la elección encima, no había tiempo que perder. Pero los voluntarios se agotaban en vano: el grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo, en español) les impediría distribuir el material electoral.
A la mañana siguiente, los activistas a favor de Danilo Forte, un veterano legislador de 68 años, de la centroderecha, salieron a las calles y un grupo de hombres armados los regresaron por donde venían. “Nos amenazaron, mostraron armas y dijeron que solo podrían hacer campaña ahí con su autorización”, se quejó el diputado en busca de la reelección y denunció la intimidación ante el Tribunal Superior Electoral. Su expediente está hoy en una pila de miles de denuncias por irregularidades en el proceso electoral brasileño: desde publicidad ilegal en propiedad privada hasta la intromisión del crimen organizado. Los voluntarios del Partido Progresista abandonaron el barrio de inmediato.
En Brasil la gente sabe que no hay que meterse con el Comando Vermelho (CV), el grupo criminal más antiguo del país. Comenzó en los años setenta como una pandilla carcelaria en Río de Janeiro, evolucionó al tráfico de cocaína para convertirse en socio de los cárteles colombianos, apunta Insight Crime, y después se fortaleció hasta transformarse en un grupo clandestino con poder en casi cualquier mercado ilícito de Brasil: drogas, armas, trata de personas, explotación de la Amazonia y más.
Si algo tiene demanda y lucro, ahí está el CV. Tan poderoso que en mayo de 2026 el gobierno estadounidense lo clasificó como una organización terrorista extranjera, al igual que el Cártel Jalisco Nueva Generación, las facciones del Cártel de Sinaloa o Al Qaeda.
El CV mata sin miramientos. Asesina a policías, militares y rivales por el control de favelas y zonas rurales. Ahí donde impidieron la campaña de Forte, en Fortaleza, el 6 de mayo de 2025, sus asesinos cazaron a cuatro personas utilizando un dron silencioso y las siguieron hasta matarlas en una cancha de futbol llanero. Su dureza representa la triada del crimen organizado del siglo XXI: tecnificación, diversificación y control territorial.
Esas matanzas no sólo sirven al CV para mantener a raya a sus principales rivales –el Primer Comando Capital (PCC) y el Tercer Comando Puro (TCP)– sino que también les permite tener influencia en los procesos electorales. Gracias a una marca criminal asociada a la violencia extrema es que sus amenazas de tortura y muerte son altamente creíbles y, por eso, nadie quiere enfrentarlos. Así logran tener aliados en la política local o expulsar a rivales como el diputado Forte, quien en campaña ha ofrecido reformar la ley para que el CV y sus enemigos sean considerados terroristas domésticos. Una candidatura incómoda que los vermelhos podrían evitar que prospere.
Uno de los mejores documentos que explica el interés del crimen organizado brasileño en las urnas es el caso número 0600133-93.2025.6.15.0000 de la fiscalía de Paraíba, entidad vecina de Fortaleza: un alcalde, un exalcalde, un consejal y otros tres servidores públicos fueron acusados el año pasado de dar puestos públicos y contratos a líderes del CV a cambio de sobornos. Cuando un consejal se negó a ceder más cargos de los acordados, queserían vitales para fortalecer al grupo criminal, sufrió actos de vandalismo en su casa y contra sus familiares. Cientos de casos similares se narran en Brasil desde que la democracia llegó en 1985 tras el fin de una dictadura militar que duró 21 años –cuando derrocaron a João Goulart–y el crimen organizado creció exponencialmente.
Si todo esto ha sonado familiar es porque los grupos criminales latinoamericanos operan igual en las elecciones: sin importarles la geografía usan el viejo modelo de “plata o plomo”. Tricolores o verdeamarelas, cárteles o pandillas, amenazas en español o portugués. El crimen siempre encuentra el modo de hacerse presente en las urnas.
Operación Omertá, un esquema de peaje electoral o derecho de piso
La batalla estelar de este domingo en Brasil, vista por todo el mundo, pero especialmente en América, es la lucha presidencial: en la esquina izquierda está el actual mandatario en busca de la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, y en la esquina derecha está su rival Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Uno representa una visión distributiva y social; el otro, un conservadurismo radical y favorable al libre mercado. Aunque hay otros once candidatos inscritos formalmente, estos dos llevan la delantera.
Por sus aliados los conoceréis: a Lula lo apoya la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el presidente español Pedro Sánchez y el alcalde neoyorquino Zohan Mamdani; en cambio, a Bolsonaro junior lo animan el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Dos bandos irreconciliables con contrincantes que hoy, según las encuestas de Quaest/Globo, están en empate técnico y enfilados a una segunda vuelta.
Las otras peleas en el ring político son 27 gubernaturas, 54 senadurías, 513 diputaciones federales y mil 35 diputaciones locales, además de las 24 diputaciones distritales, es decir, las de la Cámara Legislativa de Brasilia.
Aunque, en el fondo, hay una disputa más grande. Es un ruido desde las gradas, un vocerío que incomoda al espectador: el CV, el PCC y TCP tienen a sus favoritos y harán todo lo posible para hacerlos ganar. Lo intentarán a balazos, intimidando, con dinero sucio. El próximo presidente, sea quien sea, deberá cogobernar con ellos más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y a una población estimada de 213 millones de habitantes.
Algunos buscarán ganar pagando al crimen: en agosto pasado, la Policía Federal de Brasil desplegó en Ceará, Brasil, la Operación Omertá que descubrió un esquema de “peaje electoral”, lo que en México llamaríamos “derecho de piso”: en una zona popular, el CV cobra 30 mil reales (unos 105 mil pesos mexicanos) a cada candidato para permitirle hacer campaña; la cifra sube a 60 mil reales (unos 310 mil pesos mexicanos), si el candidato busca la reelección. Montos iniciales que luego crecen con un eventual éxito en las urnas.
Otros intentarán vencer usando a los delincuentes como grupos de choque, tal y como lo halló una investigación judicial: en 2024, el alcalde José Braga Barrozo y su vicealcalde Francisco Gardel Mesquita Ribeiro –también en Ceará– usaron a sicarios del CV para hacer pintas en bardas y enviar mensajes de audio a los vecinos exigiendo su abstención o el apoyo electoral al candidato rival del alcalde. Los votantes que se rehusaron fueron expulsados de la comunidad y, en recompensa por su apoyo, un líder del crimen organizado en la favela Rocinha, en Río de Janeiro, habría recibido un auto de lujo.
En México las investigaciones federales se han quedado cortas para determinar montos precisos o regalos específicos a favor del crimen organizado, pero desde hace años hay denuncias informales entre políticos locales de Jalisco y Tamaulipas sobre cuotas exigidas por el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Golfo para hacer campañas en sus bastiones, o gratificaciones que reciben los capos por su apoyo electoral, por ejemplo, el Lamborghini verde de Édgar Rodríguez Ortiz, El Limones, operador financiero del clan Cabrera Sarabia que trabaja para La Mayiza.
558 episodios de violencia política y electoral en Brasil
Brasileños y mexicanos operan de formas similares: primero, restringen campañas en zonas de dominio; luego, cobran por dejar hacer proselitismo cuando el acceso es necesario; más tarde, coaccionan a electores y candidatos para asegurarse que su favorito gane; y finalmente penetran las instituciones exigiendo nombramientos, contratos y protección. El que se niega, debe huir del territorio o morir protegiendo sus valores o intereses.
En el caso del diputado Danilo Forte, en Fortaleza, el ataque del CV estaría ligado a su postura de derecha de endurecer los castigos al crimen organizado en la misma línea que ofrece Flávio Bolsonaro y su alentador Donald Trump; pero la violencia también se extiende a la izquierda, como le sucedió a Adail Fernandes Vieira Junior, conocido como Adail Junior, candidato a diputado federal por el Partido Democrático Laborista, aliado del Partido de los Trabajadores que impulsa a Lula a llegar al Palacio de la Alvorada.
Ocurrió ese 15 de septiembre: Adail Junior estaba en sus oficinas, conocidas como Casa do Povo, en el barrio Antônio Bezerra de Fortaleza, cuando sicarios dispararon contra la fachada. Según el medio CN7, el ataque se produjo después de que el político se negó a pagar al CV uno 200 mil reales (unos 700 mil pesos) como condición para hacer campaña y plantear su solución al crimen organizado: que consiste en asfixiarles financieramente con investigaciones de lavado de dinero y atacarlos mediante un Sistema Único de Seguridad Pública. En cualquier espectro de la política, derecha o izquierda, se mueve una mano negra.
México debería mirar las urnas brasileñas como quien mira su siguiente elección: candidatos pidiendo permiso para hablar y ciudadanos pidiendo permiso para elegir. En ese espejo, el crimen ya ensaya el próximo gobierno: por ejemplo, en Brasil, las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global han identificado que entre noviembre de 2022 y octubre de 2024 se han registrado 558 episodios de violencia política y electoral. Los más graves llevan la firma del crimen organizado: 36 asesinatos y 146 atentados.
Mientras que en nuestro país, un informe del monitoreo de las asociaciones civiles Data Cívica y México Evalúa dan cuenta que entre septiembre de 2023 y junio de 2024, hubo 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas que fueron atacadas presuntamente por grupos del crimen organizado: 34 fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados y 32 recibieron amenazas tangibles.
Es el reflejo criminal de dos países hermanos: hoy domingo es turno de ir a las urnas para 158 millones de ciudadanos en Brasil que elegirán un gobernante con el CV, y otros grupos, espiándoles por detrás del hombro. En sólo ocho meses, el 6 de junio de 2027, será nuestro turno: millones de mexicanos estaremos decidiendo entre las urnas y las balas.
GSC
