El Chiquito Loco, El Niño Problemático, El Guapo, El Mero Güero o como era llamado con mayor frecuencia: El Dictador. Fueron al menos 17 alias y claves con las que Andrew Clark intentó ocultar su verdadera identidad durante el tiempo que operó una red millonaria y transnacional de tráfico de cocaína.
Mientras la atención de la prensa y la opinión pública se centraba en su colega y coacusado, Ryan James Wedding, por su pasado como atleta olímpico en Canadá, El Dictador aprovechaba el anonimato para desempeñar un rol clave dentro de la misma estructura criminal que llegó a asociarse con el Cártel de Sinaloa.
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Si bien Wedding llegó a ser apodado como el Chapo canadiense por encabezar dicha red criminal, Andrew Clark también se encargó de construir su propia reputación y trayectoria delictiva a través de homicidios, lavado de dinero con criptomonedas, sobornos a funcionarios públicos mexicanos y mucha, pero mucha, cocaína.
El Dictador y la red de narcotráfico de Ryan Wedding
“Entre marzo y agosto de 2024, Wedding y Clark presuntamente conspiraron con otros para exportar, poseer y distribuir más de mil 800 kilogramos de cocaína”, describió el Departamento de Justicia sobre las operaciones de la red de narcotráfico operada por ambos ciudadanos canadienses.
De acuerdo con las investigaciones de diversas agencias de seguridad estadunidenses, la red multimillonaria de narcotráfico contaba con rutas de suministro que transportaban toneladas de cocaína desde Colombia a Canadá a través de México y del sur de California.
Si bien en dicho entramado participaban decenas de colaboradores y socios, la red era encabezada por el Chapo canadiense y El Dictador. Una de las acusaciones presentadas en contra de dicha estructura criminal ante una corte federal del Distrito de Arizona en febrero de 2025 identifica a Ryan Wedding como el responsable de coordinar los movimientos de cargamentos de cocaína, los puntos de entrega y a los operadores que participaban en las actividades.
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Andrew Clark, por su parte, se encargaba de negociar con transportistas el traslado de la droga a Canadá. Se presume que ambos gestionaban dicha red desde algún lugar de México donde a se habían aliado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.
“El acusado Clark ordenaría a un individuo negociar un acuerdo de transporte con una red de transporte de drogas (TP) con sede en Canadá, dirigida por los acusados RATTE y SINGH”, narra una parte del documento judicial consultado por MILENIO.
Las autoridades estadunidenses lograron reconstruir la logística de la red de tráfico de cocaína tras una serie de intervenciones en las comunicaciones de los integrantes, así como negociaciones que realizaron con una fuente confidencial que se había convertido en colaborador.
Fue entonces como descubrieron que en enero de 2024, El Dictador buscó que un miembro de su organización negociara con una empresa transportista el traslado de cargamentos de cocaína desde California a Canadá. El trato se cerró un mes después cuando la fuente confidencial se reunió en Toronto con otros dos de sus coacusados: Hardeep Ratte y Gurpreet Singh.
El acuerdo consistía en que Ratte y Singh organizarían el traslado por carretera hasta Canadá de los cargamentos de cocaína que serían recolectados en distintos puntos de California como Los Ángeles, San Bernardino, San Gabriel y Riverside. A cambio, tanto Clark como Wedding autorizaron el pago de 220 mil dólares canadienses por cada cargamento.
Los líderes de la estructura criminal se mantenían al tanto de cada movimiento de su red, según dan cuenta las intervenciones a las conversaciones que mantenían con lenguaje clave con sus subordinados y socios a través de la aplicación Threema. A través de dicha infiltración las autoridades lograron confirmar el traslado de cuatro cargamentos de drogas: en San Bernardino (293 kg), San Gabriel (21 kg), Oak Hills y Perris (299) y Riverside (375 kg). El último sería incautado por las autoridades, sus colaboradores fueron arrestados y la caía de Clark y Wedding se presagiaba.
El lavado de dinero con criptomonedas
Los alcances operativos de la red que encabezaban el Chapo canadiense y El Dictador les dejaban millonarias ganancias cuya procedencia ilícita necesitaba ser ocultada para poder infiltrar el dinero en un sistema financiero legal. Entonces, ambos vieron en las carteras de criptomonedas una oportunidad.
Si bien Ryan Wedding era quien operaba la red financiera, Andrew Clark contaba con su propia cartera de de Theter (USDT) desde la cual se realizaron transferencias a otros miembros de la estructura criminal. De acuerdo con una segunda acusación presentada en contra de Ryan Wedding e integrantes de su grupo delictivo ante la corte federal del Distrito Central de California, el mecanismo consistía en dividir grandes ganancias en transferencias más pequeñas para posteriormente mover los fondos entre distintas direcciones digitales hasta concentrarlos en una cartera central de Tether.
Las transacciones con criptomonedas dificultaban la identificación del origen, la ubicación, la propiedad y el control de los dólares estadunidenses y canadienses obtenidos a través del tráfico de cocaína al tiempo que le permitían a los líderes e integrantes de la estructura criminal mantener un lujoso estilo de vida.
Los homicidios ordenados en Canadá
Ryan Wedding y Andrew Clark aprendieron de los cárteles mexicanos no sólo la logística necesaria para contrabandear millonarios cargamentos de cocaína sino también la herramienta predilecta para proteger su lucrativo negocio: la violencia.
Según se narra en la acusación presentada ante la corte federal de Los Ángeles, ambos líderes ordenaron el asesinato de personas que consideraban amenazas para su organización delictiva. En un primer caso, el Chapo canadiense y el Dictador ofrecieron una millonaria recompensa y contrataron a asesinos a sueldo para eliminar a una víctima en miras de, supuestamente, desestimar la acusación federal en su contra y frenar los procedimientos de extradición de colaboradores.
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En noviembre de 2023 Wedding y Clark ordenaron el asesinato de otra persona que presuntamente les había robado 200 kilogramos de cocaína en Ontario, Canadá. La ejecución de dicha instrucción dejó como saldo dos personas muertas y una más sin vida.
"Wedding y Clark también habrían ordenado el asesinato de una cuarta persona el 18 de mayo de 2024. Clark y otro coacusado también están acusados del asesinato de una quinta persona el 1 de abril de 2024 en Ontario, Canadá", abunda el Departamento de Justicia.
Según la acusación consultada por MILENIO, los homicidios fueron ordenados por ambos líderes criminales ante la sospecha de que se tratara de informantes o por deudas relacionadas al tráfico de cocaína.
El arresto de Clark y del juez Luis Benítez Alcántara
El amplio historial que acumularon tanto Ryan Wedding como Andrew Clark los llevaron a convertirse en objetivos prioritarios para autoridades de, al menos, tres países. El Dictador fue el primero en caer.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en México, Omar García Harfuch, presentó su arresto como una de las acciones más relevantes llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad. Andrew Clark fue arrestado en un centro comercial del área metropolitana de Jalisco durante un operativo desplegado por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) e Interpol.
Entonces, el Gabinete de Seguridad lo vinculó al trasiego de fentanilo, metanfetaminas, armas y comercialización ilegal de drogas sintéticas entre México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia. Omar García Harfuch también se refirió al socio de Ryan Wedding como un enlace logístico entre un grupo delincuencial local -el Cártel Jalisco Nueva Generación- y el Cártel del Pacífico que, si bien en aquel entonces eran aguerridos rivales por el control territorial, pudieron haber colaborado en operaciones de trasiego de cocaína gracias a la intervención del Dictador.
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Andrew Clark fue procesado judicialmente en México y un mes después de su arresto el gobierno estadunidense solicitó formalmente su extradición. Desde ese momento y hasta febrero de 2025, las autoridades detectaron que El Dictador realizó transacciones de aproximadamente 2.5 millones de dólares a intermediarios con el propósito de asegurar su liberación en México. Fue en ese punto en donde destacó el nombre del juez Luis Benítez Alcántara.
"Clark negoció un acuerdo para pagarle al acusado BENÍTEZ aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo para ordenar la liberación de Clark. El 24 de febrero de 2025, aproximadamente, el mismo día en que recibió el pago completo del soborno de 2 millones de dólares, el acusado BENÍTEZ le otorgó a Clark la libertad bajo fianza y ordenó su liberación", se lee en una reciente acusación presentada en contra del juzgador mexicano ante una corte federal del Distrito Central de California.
Si bien la fiscalía estadunidense sostiene que dicho millonario soborno hizo efecto, antes de que Andrew Clark pudiera disfrutar de su libertad fue considerado como candidato a formar parte del primer paquete de generadores de violencia entregado por el Gobierno de México a Estados Unidos bajo amparo jurídico de la Ley de Seguridad Nacional.
Mientras El Dictador enfrenta su respectivo proceso judicial en Estados Unidos, las autoridades también alcanzaron al juez Luis Benítez Alcántara cuyo arresto se llevó a cabo el domingo primero de noviembre en Colombia. La acusación que pesa en su contra se perfila a motivar su extradición a Estados Unidos en los próximos días.
Bajo la sombra del Chapo canadiense pero con un historial delictivo igual de pesado, Andrew Clark no sólo fue clave para la operación de la millonaria red de tráfico de cocaína que extendió sus tentáculos a lo largo del continente sino que también, como efecto dominó, destapó uno de los casos más escandalosos de corrupción judicial en México.
ATJ
