DOMINGA.– Nicolás Pérez conduce su camioneta por las calles poco iluminadas de Silao, un municipio de Guanajuato, en el corazón de México. En la parte trasera vienen con él unos cinco hombres. Están en una “misión espiritual”, dicen, en busca de personas que luchan contra la adicción a la metanfetamina o el cristal para obligarlas a seguir un tratamiento en su centro de rehabilitación.
La camioneta se detiene ante una casa abandonada. Los hombres se bajan, se deslizan por debajo de una valla y entran a la propiedad. Segundos después, se oye un grito desde el piso superior, y el más alto y corpulento del grupo saca a rastras a un hombre mucho más pequeño, que suplica en vano. Quieren encerrarlo a la fuerza en el “anexo” La Sagrada Familia, un centro de rehabilitación que Nicolás Pérez lleva dirigiendo desde hace veinte años en Silao.
“Esto que hacemos es a base de prueba y error”, dice Pérez. “Quizá cuando salga lo va a volver a hacer [consumir drogas]. Pero ya participamos en alargar un poquito su existencia. [...]. Hay probabilidades de que se rehabilite”.
La Sagrada Familia es un centro de rehabilitación informal, de los que abundan en México por la falta de tratamientos públicos para quienes viven con adicción a las drogas. Estos espacios han proliferado en esta parte del país como una respuesta a la crisis provocada por el aumento en la venta y consumo de metanfetamina impulsada por la guerra que se libran allí el Cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde al menos 2015. En este momento hay al menos 520 anexos sólo en el estado de Guanajuato y unos tres mil en todo México; pero sin un sistema de registro formal es imposible saber el número exacto.
Los anexos suelen ser objeto de críticas por sus métodos agresivos y por abusos cometidos en contra de los pacientes, así como por sus deficientes condiciones de higiene y la falta de personal cualificado. Algunos de ellos incluso han sido infiltrados por cárteles de la droga, responsables del aumento en las tasas de adicción, y las autoridades de Guanajuato han intentado clausurarlos. Pero también son la única ayuda disponible para buena parte de los mexicanos que luchan contra graves adicciones, por lo que algunos funcionarios esperan que podrían reformarse para convertirlos en lugares vitales para poder tratar la epidemia.
Alejandro Arias, diputado estatal, ha intentado impulsar una ley en Guanajuato con el objetivo de regular los anexos “para rehabilitar verdaderamente a quienes ingresan en ellos”. Poner los anexos bajo la supervisión de la Secretaría de Salud local podría mejorar problemas que van desde las deficiencias de infraestructura hasta la alimentación inadecuada, la escasez de personal profesional, el hacinamiento, el maltrato a los internos y las tarifas excesivas, afirma.
También espera que un mayor apoyo refuerce la capacidad de los centros para defenderse de las bandas, que ven estos sitios como terreno de reclutamiento de nuevos consumidores de drogas o peones del cártel. “El crimen organizado ha puesto en el punto de mira a nuestros jóvenes adictos como presa fácil, utilizándolos como carne de cañón en sus actividades delictivas”, dice. Sin embargo, la iniciativa que lidera fue rechazada este año por el Congreso estatal.
La capital del asesinato de México
Guanajuato tiene la trágica distinción de ser el estado con la tasa de homicidios más alta de México. Se le consideraba uno de los estados más prósperos y pacíficos del país hasta 2015, cuando se expandió allí el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, y empezó a enfrentarse con los grupos locales por el control de las economías ilegales.
El cártel quería hacerse con las lucrativas redes de robo de combustible que desviaban petróleo de los oleoductos de la refinería local y estaban controladas por el Cártel de Santa Rosa de Lima. La posición geográfica, los corredores industriales y las redes de autopistas de Guanajuato ofrecen además un centro logístico ideal para el transporte de drogas entre México y Estados Unidos.
El número anual de homicidios pasó de 957 en 2015 a 2 mil 539 en 2025. Y es probable que la tasa real de homicidios en Guanajuato sea aún mayor: actualmente hay casi 5 mil 700 personas desaparecidas en el estado, de las cuales unas 870 desaparecieron el año pasado. Para financiar su guerra, estos dos cárteles inundaron los barrios obreros y las fábricas con metanfetamina.
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Entonces “se empieza a observar esta reconfiguración en este lugar, que antes se consideraba un punto de tránsito” para las drogas y es “un punto geográfico clave” ahora para su consumo, en medio de un mercado en crecimiento, dice Hugo Córdoba, coordinador del proyecto sobre drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La metanfetamina es un poderoso estimulante sintético considerado como la “cocaína del pobre” por lo barato que es producirla. Por una fracción de su costo, puede producir un efecto hasta 10 veces superior al del polvo blanco.
“Empecé a consumir metanfetamina en el trabajo… en una fábrica de automóviles”, cuenta por ejemplo El Bolas, un hombre internado en La Sagrada Familia. “Allí hay mucha metanfetamina porque el trabajo es duro, sobre todo por la noche”. Relata que compraba la droga a sus compañeros de trabajo, que también eran consumidores y habían empezado a traficar para pagarse su propio consumo. “De allí fue aumentando, al punto que ya no iba a trabajar por lo mismo de que me quedaba dormido. Y luego me cambié de trabajo e igual también estuve un tiempo consumiendo cristal mientras estaba manejando. [...] Tuve dos o tres accidentes por culpa del cristal”.
Con el aumento del consumo de drogas, creció la demanda de los centros de rehabilitación de bajo costo. Los anexos locales, que antes acogían a diez o quince personas, se llenaron hasta con cien, dice David Saucedo, analista de seguridad con sede en México. Mientras el internamiento de un trimestre en una clínica de alta gama puede llegar a costar cientos de miles de pesos, en La Sagrada Familia el precio ronda los 12 mil pesos por semestre. “Nosotros atendemos a la población en donde el problema está más cabrón, que es la gente pobre”, dice Nicolás Pérez.
Sobriedad y disciplina forzadas
Buena parte de las personas internadas en un anexo suelen estar allí contra su voluntad. Tras recoger a personas en la calle, el equipo de Nicolás Pérez suele llamar al 911 para comunicar los datos de identidad de la persona y su ubicación, con el fin de “no cometer un delito, como el secuestro”, afirma. En otros casos, familiares desesperados suelen pagar a estos centros para que se los lleven por la fuerza y los traten. A menudo, los familiares se ven empujados por el consumo crónico de la metanfetamina que provoca en sus seres queridos un comportamiento insoportable: paranoia grave, privación extrema del sueño, alucinaciones y psicosis.
La metanfetamina es conocida por ser una de las drogas más difíciles de dejar, pero Pérez cree que el tratamiento en anexos como el suyo puede ser la cura. Dada la naturaleza clandestina y variable del sistema de anexos, no hay estadísticas sobre el éxito del tratamiento. “Tenemos mucha fe que con lo que nosotros hacemos podemos lograr salvar a alguien, porque el milagro me lo hicieron a mí”, dice este hombre quien se encuentra en recuperación por alcoholismo al cabo de años de sobriedad.
Esto es algo habitual entre los encargados del anexo. Los cinco hombres que ayudan a Pérez en su reciente misión nocturna también están en fase de rehabilitación; de hecho, se encuentran internados en La Sagrada Familia, en régimen completo o en semilibertad. Conocen a algunos de los tipos que detendrán en esta noche de enero de 2026 porque enfiestaron juntos durante días con metanfetamina.
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La recepción de La Sagrada Familia, que se encuentra en una casa de dos plantas, está equipada con esposas y un botiquín de primeros auxilios con sedantes para controlar a los internados más recalcitrantes. Los que están a punto de terminar su estancia hacen de guardias, impidiendo que los recién llegados se escapen.
Pérez cuenta que una vez estuvo a punto de perder un ojo cuando lo apuñaló un chico que había sido ingresado a petición de una familia. Esta noche, sin embargo, todo fluye tranquilamente. El primer hombre al que detuvieron prefiere irse a otro sitio, a un centro especializado para personas sin hogar que ya conoce. Los otros dos que siguen comienzan su estancia en La Sagrada Familia sin protestar demasiado, incluso cuando se les baña a la fuerza con una manguera. Permanecerán allí al menos seis meses, compartiendo alojamiento con otras cincuenta personas.
Los que ingresan voluntariamente o son traídos por sus familias pagan entre mil 600 y 2 mil pesos al mes, pero Pérez afirma que también acepta a quienes no pueden pagar. “Nuestro programa es 100% espiritual”, afirma.
El modelo de tratamiento de La Sagrada Familia es el típico de un anexo, que impone la sobriedad y la disciplina junto con el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Varias veces al día, los residentes se reúnen para relatar sus experiencias y son aplaudidos o juzgados por otros que conocen su dolor. Un residente apodado El Trailero relata cómo el consumo de metanfetamina le ayudó al principio a mantenerse despierto en los largos viajes en camión entre los municipios guanajuatenses de Cuerámaro y Abasola, y en su solitario trabajo al volante. Sin embargo, rápidamente, el insomnio y las alucinaciones le causaron muchos problemas.
Algunos profesionales de la salud critican estos anexos por confiar la recuperación de adicciones graves a compañeros no cualificados en lugar de a profesionales médicos. Un informe de 2020 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló condiciones de higiene deficientes, falta de personal cualificado, así como denuncias de internamiento forzoso, abusos físicos, amenazas y malos tratos. Ya hasta los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), una red de más de 180 anexos en Guanajuato, ha denunciado abusos contra los residentes que han provocado hasta su muerte. Pérez es el presidente de CRUB y en su Sagrada Familia no hay indicios de violencia física. Sin embargo, el orden es estricto.
A la hora de levantarse, quienes han dormido en el patio central guardan sus colchones y barren y trapean el suelo. Después del desayuno, el ambiente se relaja. Un residente veterano afeita a los recién llegados. Otros cocinan para la casa, preparando sopa de pollo y guisos con ingredientes comprados por quienes tienen permiso para salir, utilizando el dinero que reciben de sus familiares y las donaciones de los vecinos.
Punto álgido de la sangrienta guerra entre cárteles
La vulnerabilidad de estos centros de rehabilitación ante los cárteles quedó al descubierto en 2020, en otro anexo de Guanajuato, cuando se produjo una de las peores masacre registrada en la historia del estado. Alejandra –cuyo apellido no se revela por razones de seguridad– estaba ingresada en Buscando el Camino a mi Recuperación, en Irapuato, cuando unos hombres armados entraron y reunieron a los residentes varones en la segunda planta.
“Nunca imaginé que los iban a matar. Les dispararon a todos en la cabeza”, cuenta. “Cuando dispararon al chico de la puerta, me salpicó la sangre y me cayó un casquillo en la mano”. Tras escapar con una amiga, llamó por teléfono a su madre, quien pensó que se había inventado una excusa para huir. Entonces, la noticia del tiroteo masivo saltó a los titulares. Mientras Alejandra huía, veintisiete personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas.
La magnitud de la violencia centró la atención en los anexos y sus prácticas cuestionables, así como en el fracaso de México a la hora de proporcionar tratamiento público para las adicciones. Al carecer de supervisión y regulación, los anexos se convirtieron en un blanco para los cárteles. El tiroteo masivo puso de manifiesto cómo el CJNG había comenzado a utilizar estos centros de Guanajuato como escondites, centros de distribución de drogas y lugares para reclutar o entrenar a jóvenes, afirma el analista de seguridad David Saucedo, quien estima que un tercio de los centros de Guanajuato podrían estar bajo el control del CJNG.
Tanto el CJNG como su rival, el Cártel de Santa Rosa de Lima, ya estaban masacrando a cualquiera que, sospechaban, vendiera el producto del otro. Cuando los grupos locales descubrieron que el CJNG se estaba apoderando de los anexos, atacaron. “El Cártel de Jalisco está tratando de blindar y defender sus anexos y el Cártel de Santa Rosa está tratando de exterminarlos […]. Eso es lo que tenemos actualmente, es la guerra de los anexos”, afirma Saucedo.
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Tras la masacre de 2020 en Irapuato, la policía estatal de Guanajuato y los inspectores sanitarios respondieron con redadas y el cierre de al menos 49 anexos por carecer de los permisos adecuados y otras deficiencias regulatorias. Pero lejos de calmar la violencia, la medida la intensificó. Decenas de estos espacios siguieron operando en secreto y las redadas acabaron dejando a los consumidores de drogas desesperados en la calle. Les habían quitado su red de seguridad, por imperfecta que fuera. Mientras tanto, los cárteles comenzaron a disputarse con mayor agresividad los anexos restantes que las autoridades habían pasado por alto.
“Hubo un momento en el que, sin saber que esto iba a suceder, llevamos a cabo operaciones en las que [cerramos los anexos]”, explicó un alto funcionario de Irapuato bajo condición de anonimato. “Se dijo: estos centros no pueden existir. Y entonces se produjo un aumento de los incidentes delictivos”.
Ahora, algunos funcionarios locales están adoptando un enfoque diferente: trabajar para mejorar los centros.
Más amenazas de los cárteles
El funcionario de Irapuato afirma que el aumento de la delincuencia desencadenó una relación más colaborativa entre los anexos y las autoridades. El municipio está trabajando con ellos para garantizar que cumplan con la normativa local, como las normas de seguridad pública y de uso del suelo.
Algunos funcionarios de Guanajuato también ven avances en la crisis. Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, afirma que las autoridades incautaron 4.5 millones de dosis de metanfetamina cristalina entre febrero de 2025 y febrero de 2026. También destaca la reducción del 64 % en el número de víctimas de homicidios intencionales registrada en el estado durante el último año.
Aun así, Guanajuato sigue siendo el estado con el mayor número de asesinatos del país, y los anexos siguen siendo un objetivo. En enero de 2026, dos personas murieron cuando un anexo, Los Marginados, fue acribillado a balazos. En otro cercano fueron capturados unos asaltantes de camiones que lo usaban como escondite. En una reunión de una docena de directores de anexos celebrada en Irapuato, a la que asistimos a principios de este año, el tema principal de debate fueron las amenazas a las que se enfrentan por parte de los cárteles.
No todos los anexos son atacados por estar vinculados a los narcos, afirman. Algunos son atacados por negarse a llevar a cabo actividades ilícitas para los cárteles, otros por venganza de antiguos residentes que han sido maltratados, y otros más por haber internado –a veces sin saberlo– a un miembro de un cártel rival. En su reunión, los directores debatieron si denunciar tales incidentes a las autoridades, dado el riesgo de que los cárteles los consideren colaboradores de la policía y redoblen sus ataques.
Algunos directores de anexos y funcionarios estatales también han estado presionando para que se legalicen oficialmente los anexos, con el argumento de que la supervisión gubernamental mejoraría la seguridad y evitaría que se convirtieran en puntos de apoyo para los cárteles. Sin embargo, en marzo, la Asamblea Legislativa de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para regularlos. “La rechazaron con argumentos como que se invadía el terreno federal de la Secretaría de Salud y en otros apartados dijeron que estaba sobrerreglamentando la legislación que nosotros habíamos presentado”, afirma el legislador estatal Alejandro Arias.
Sin embargo, señala que existen precedentes en otras partes del país y destaca que los anexos de la Ciudad de México y Chihuahua están registrados en sus ministerios de salud locales y son inspeccionados periódicamente. Otros estados, como Jalisco, han aprobado normativas locales que regulan estos centros que aún no se han aplicado formalmente.
Arias afirma que tiene previsto volver a presentar el proyecto de ley “corrigiendo algunos de los aspectos que [...] presentaban deficiencias”. Pero le preocupa que exista cierta reticencia a regularlos porque “de ahí se derivan obligaciones presupuestarias, médicas y asistenciales que quizá el Estado no quiera asumir”. En la reunión de directores de anexos celebrada en Irapuato, quedó claro que muchos no están motivados únicamente por los beneficios económicos, como alegan algunos críticos. Se ven a sí mismos como parte de una respuesta social a una crisis de adicción y seguirán adelante sin dejarse intimidar.
“Estamos prácticamente abandonados y eso es lo que nos llena de impotencia a quienes nos dedicamos a esto”, dijo uno de los directores, antes de exclamar: “¡Si van a venir a quitarme lo que he construido para entregárselo a estos cabrones, mejor que me maten!”.
Este reportaje contó con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una red global de periodismo de investigación.
GSC/ATJ
