Con 32 votos a favor y 3 en contra, se aprobó la iniciativa de Ley de Prevención, Tratamiento, Control de las Adicciones y Rehabilitación para el Estado de Guanajuato, propuesta por el Grupo del Partido Revolucionario Institucional.
La propuesta tiene como finalidad regular la autorización de inicio de actividades, funcionamiento, tratamientos, cuotas y clausura de los centros de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y adicciones a drogas y sustancias prohibidas, conocidos como “anexos”, con el objetivo de evitar su proliferación fuera de la normativa estatal y municipal.
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El diputado morenista Antonio Chaurand Sorzano, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Guanajuato, se pronunció en contra de la iniciativa, al señalar que carece de un sustento sólido y que el estado estaría interviniendo en un ámbito que no le corresponde.
"En el plano constitucional, la iniciativa desborda claramente el ámbito de competencia local al plantear la creación de esquemas reguladores paralelos que invaden atribuciones reservadas a la federación, materias como el control sanitario, la vigilancia, la emisión de normatividad técnica y la definición de modelos de atención de salud mental y adicciones se encuentran reguladas en la Ley General de Salud y en las normas oficiales mexicanas", dijo.
Por su parte, Alejandro Arias, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió la propuesta y remarcó la urgencia de emitir una ley que regule estos espacios de prestación de servicios por parte del Estado, a través de la Secretaría de Salud, así como la intervención de la autoridad municipal y otras instancias competentes en la materia.
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"La regulación de los centros de rehabilitación que funcionan de manera irregular en el estado es una necesidad, debido a los abusos que ahí se cometen y son constantes. La Comisión de Salud emitió el dictamen negativo a nuestra propuesta, sin embargo el análisis presenta algunas inconsistencias, se cuestiona nuestra propuesta legislativa, sin embargo, no se cuestiona la ausencia de regulación de esta materia en el estado y en su caso qué autoridad debe ofrecer la regulación de este tipo de establecimientos que hoy funcionan en el limbo jurídico y normativo", puntualizó.
Argumentó que uno de los aspectos novedosos de la propuesta es que se otorgarían facultades de participación a las autoridades municipales, para que, de manera aislada o coordinada con instancias estatales, realicen visitas de supervisión para verificar el cumplimiento permanente de la normativa, así como la posibilidad de clausurar estos establecimientos.
