El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que si el gobierno de México no hace su trabajo para detener las acciones de los cárteles de drogas, entonces ellos lo harán.
La declaración del mandatario ocurrió la mañana del 6 de mayo en la Casa Blanca, durante un evento de poco más de 30 minutos dedicado a las madres de militares estadunidenses, en el marco del Día de las Madres.
“Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, declaró.
A razón del reciente dicho del político republicano, en MILENIO te explicamos qué pasaría si Estados Unidos decide atacar a los cárteles de droga en territorio mexicano.
¿Contra qué tratados atentaría Trump si cumple su amenaza?
Desde febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una serie de iniciativas para reformar artículos de la Constitución Política con el objetivo de reforzar la soberanía nacional.
El artículo 39 de la Carta Magna establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano, mientras que el artículo 89, en su décima fracción, señala que la persona titular del Ejecutivo Federal —en este caso, Claudia Sheinbaum— es la responsable de dirigir la política exterior basada en una serie de principios, incluido el de no intervención.
Asimismo, especialistas consultados por MILENIO señalaron que la advertencia recientemente emitida por el mandatario estadunidense se contrapone a lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo artículo 19 refiere que:
"Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro".
Dicho principio contempla a las Fuerzas Armadas, así como a cualquier forma de injerencia o atentado para intervenir en asuntos políticos, económicos y culturales.
El mismo tratado, firmado en abril de 1948, refiere en su artículo 21 que el territorio de un Estado es inviolable y "no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro", sin importar el motivo o que la intervención sea temporal.
Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas estipula, en su artículo 2, que los miembros de la Organización deberán abstenerse de "recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".
Durante el evento dedicado a las madres de militares estadunidenses, Donald Trump presumió una reducción en el tráfico de drogas por vía marítima como un aparente resultado de los ataques que su país ha desatado en contra de embarcaciones en el Océano Pacífico y el Mar Caribe.
“Los números hablan por sí mismos. El tráfico de drogas por mar se ha reducido un 97%. [...] Y ahora empezamos con el trabajo en tierra que es más fácil, y van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, fueron las palabras de Trump.
En septiembre de 2025, la ONU condenó la ejecución extrajudicial perpetrada por Estados Unidos en contra de quienes ocupaban la supuestas narcolanchas, ya que "el derecho internacional no permite que los gobiernos simplemente asesinen a presuntos narcotraficantes".
"Según el derecho internacional, todos los países deben respetar el derecho a la vida, incluso cuando actúan en alta mar o en territorio extranjero. El uso de fuerza potencialmente letal solo está permitido en legítima defensa personal o en defensa de terceros ante una amenaza inminente a la vida", advirtió en ese entonces la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los ataques perpetrados en aguas abiertas contra embarcaciones, así como las amenazas de una supuesta intervención terrestre en México, se sustentan en la narrativa del gobierno estadunidense respecto al combate al terrorismo.
Sin embargo, aunque existe una Convención Interamericana Contra el Terrorismo, dicho tratado advierte que ningún Estado está facultado para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro "ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado".
BM.
