Sara Irene Herrerías, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien durante su trayectoria como servidora pública ha atendido y defendido casos que involucran los derechos humanos de víctimas, tiene en sus manos el tema de la prisión preventiva oficiosa, asunto que ha generado polémica en el presente gobierno.
De acuerdo con el listado de turnos asignados por la presidencia de la Corte, la ponencia de la togada recibió la acción de inconstitucionalidad 49/2021, cuyo proyecto original fue elaborado por la entonces ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar inconstitucional dicha figura.
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CNDH promovió dicha figura legal
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma al artículo 19 constitucional, misma que amplió el catálogo de delitos para aplicar la prisión automática.
En julio, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la anterior conformación del Alto Tribunal retirar de su lista de asuntos el tema de la prisión preventiva oficiosa, para que la nueva integración de la Corte, elegida por voto popular, establezca el criterio.
El oficio fue presentado por Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Ahora, la ministra Sara Irene no está obligada a presentar el mismo proyecto de sentencia que dejó la ministra en retiro Ríos Farjat. La togada puede elaborar una nueva propuesta.
El proyecto original estuvo listo para su discusión desde inicios de 2024, pero la Suprema Corte no lo llevó al Pleno.
Antes de que concluyera el mandato de los anteriores ministros encabezados por la ministra Norma Piña Hernández, se planteó la idea de abordar el caso, pero la idea no prosperó.
El proyecto original plantea tomar en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condena al Estado mexicano y ordena declarar inconvencional dicha figura.
Lo anterior, no implica la libertad de las personas imputadas, sino que el Ministerio Público presente argumentos para que el juez pueda determinar en qué casos se puede imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Reforma combatida
La modificación al artículo 19 constitucional combatida por la CNDH tiene que ver porque se impone la medida cautelar a las personas que se imputan delitos de:
- Abuso o violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Homicidio doloso
- Feminicidio, violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Robo de casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Secuestro
- Trata de personas
- Violación
- Corrupción tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
- Robo al transporte de carga
- Delitos en materia de hidrocarburos
- Petrolíferos o petroquímicos
- Desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
- Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
- Delitos en materia de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
- Delitos que atenten contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
La otra reforma
Es de mencionar que, en diciembre de 2024, el Congreso avaló una nueva reforma que volvió a ampliar el catálogo de delitos en que se debe aplicar la PPO.
Entre ellos, en casos de introducción ilegal y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación y exportación de precursores químicos y sustancias químicas esenciales para la elaboración de drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Papel de la ministra Sara Irene
La ministra Sara Irene se ha desempeñado como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República (PGR); fue titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Así como titular de la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal (Províctima), instancia que se transformó en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
De igual manera, ocupó el cargo de Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR; directora General del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH) y titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República (FGR).
RM
