La tarde del 18 de noviembre, el listado de acuerdos de un juzgado en Baja California despertó un gran interés debido al registro de un amparo promovido por Marco Eduardo Castro Cárdenas, nombre real del influencer Markitos Toys.
En meses recientes, MILENIO dio a conocer que este joven era uno de los creadores de contenido en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a las sospechas sobre su posible participación en un esquema de lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa. ¿Qué detalles se conocen sobre la protección legal que solicitó? Aquí te contamos.
¿Qué dice el amparo tramitado por Markitos Toys?
Según los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la demanda de amparo presentada por Castro Cárdenas radica en el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali.
Específicamente, se trata de un amparo en materia penal contra la presidenta de la República con residencia en Ciudad de México, "el personal a su digno cargo y otros" ante cualquier acto privativo de la libertad.
Además de la titular del Ejecutivo Federal, el amparo interpuesto por Castro Cárdenas menciona a autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Guardia Nacional, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE e incluso la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
En los detalles de la solicitud, se precisa que Markitos Toys busca protegerse de "órdenes emitidas o que estén por emitir de carácter verbal o escrita" en su contra para ser privado de su libertad.
Asimismo, Castro Cárdenas solicitó la protección para cualquier procedimiento "ilegal" en su contra, ya sea penal o administrativo, como el bloqueo de actos financieros, el destierro, la extradición o su traslado fuera de México.
Acorde con los registros oficiales, el trámite fue presentado el pasado 13 de noviembre. Ese mismo día se emitió un auto aclaratorio para que el quejoso especificara cuál era el acto exacto reclamado a cada una de las autoridades mencionadas.
Cuatro días después, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México emitió un oficio sobre el cumplimiento parcial de la comunicación oficial a las distintas autoridades. En el documento se estableció que no fue posible entregar el oficio a algunas de las dependencias debido a que su domicilio está fuera de sus alcances.
De igual forma, se resolvió que la denominación de Interpol como autoridad responsable fue imprecisa, por lo que se le solicitó al quejoso que hiciera la aclaración necesaria. "En caso de ser omiso, no se tendrá como responsable en el presente juicio", puede leerse en el expediente.
Markitos Toys, joven nacido en Culiacán en 1998, acumula actualmente alrededor de 5.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 4.3 millones de suscriptores en su canal de YouTube.
Las investigaciones de la UIF reveladas por el periodista Óscar Balderas, de MILENIO, sugieren que Castro Cárdenas podría ejemplificar uno de los casos de influencers cuyo rotundo crecimiento en los últimos años podría explicarse mediante la intervención de grupos criminales.
El esquema identificado por la autoridad financiera consiste en que determinados actores criminales se acercan a jóvenes con una base importante de suscriptores y les ayudan a incrementar las estadísticas de sus cuentas por medio de bots o donaciones.
Las plataformas como Facebook, Youtube e Instagram premian a estas figuras con la venta de publicidad en diversos espacios y el dinero que otorgan "mágicamente ya está limpio".
BM.
