Una minoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó la expulsión del sistema jurídico nacional de una fracción de un artículo de Ley General de Víctimas que entró en vigor en 2020 y que anuló la entrega del 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía propuso emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad de la fracción I, del artículo 132, por considerar que la reforma es regresiva.
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Propuesta de Giovanni Figueroa divide la Corte
Sin embargo, su propuesta dividió a ministras y ministros, entre ellos, a Lenia Batres Guadarrama que afirmó que “no hay víctimas quejándose” de la falta de cumplimiento de la reparación de daños.
El año pasado, la extinta Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma y amparó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), por lo cual dio un plazo de 90 días al Congreso de la Unión para dejar de aplicar la fracción y aplicar la legislación anterior que ordenaba la entrega de los recursos del PEF.
La sala enfatizó que el gobierno federal no demostró que los recursos destinados originalmente a las víctimas se utilizaron para la pandemia por covid-19.
El ministro Irving Espinosa Betanzo aseveró que las ministras y ministros en retiro se extralimitaron y se “curaron en salud”, en alusión a la orden del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fondos y fideicomisos, entre ellos, los del Poder Judicial.
“La Corte fue más allá de lo que pidió la propia quejosa (Centro Prodh). La quejosa únicamente se estaba doliendo de la eliminación del porcentaje que debía de estar destinado para atender a las víctimas. Sin embargo, la Corte, indebidamente, estaba curándose en salud (sic) porque sabía que eliminar y tomar una determinación de eliminar este fondo”.
“Además de implicar con posterioridad cuando analizara la extinción de otros fideicomisos que eran, entre otras cosas, los propios que tenía a su cargo la Corte iban a decir que no era posible eliminarlos”, declaró.
María Estela González Ríos y Sara Irene Herrerías Guerra se sumaron al bloque minoritario que se pronunció más porque se estaba tratando de revivir un fondo.
Togados responden al proyecto
La ministra Loretta Ortiz Ahfl afirmó que la Primera Sala, de la cual formó parte, actuó correctamente. Dijo que espera lo mismo de la actual integración del Tribunal Pleno.
“La Primera Sala actuó correctamente. Hay sinnúmero de normas y tratados internacionales, desde la Convención Americana, en fin, un sinnúmero de instrumentos internacionales, convencionales, que nos obligan a garantizar la reparación a las víctimas cuando sufran daños y en razón de estas obligaciones. Justamente que razonamos la Primera Sala, ojalá y así actuemos en un futuro”.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa compartió el proyecto de Figueroa Mejía y también consideró regresiva la reforma, por lo cual propuso no desechar la propuesta bajo el argumento de que se trata de revivir un fondo o un fideicomiso, sino que se debe proteger a las víctimas.
La togada también propuso darle una salida alterna al tema, para emitir la declaratoria.
“No estamos reviviendo un fideicomiso, no estamos reviviendo un fondo, no le estamos dando órdenes al Congreso, le estamos solicitando que en función de, en el pleno ejercicio de sus facultades destine los recursos suficientes para garantizar el apoyo a las víctimas por violaciones a los derechos humanos. No estamos reviviendo ningún fideicomiso. Eso es importante que quede claro”, enfatizó.
Postura del presidente de la Corte
Por su parte, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, se sumó al bloque de Giovanni, pero dijo que el Ejecutivo “cumple su mandato de atender a las víctimas con otros mecanismos”.
A la mayoría se unió el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien mencionó que la entrega del producto de la enajenación de los bienes, es un monto indeterminado.
“En consecuencia de ello, es que efectivamente, desde mi punto de vista, sí se vulnera el principio de progresividad, al ser una cantidad que va a ser indeterminada”.
Sin embargo, solo se reunieron cinco de los seis votos que se necesitaban para emitir la declaratoria de inconstitucionalidad, por lo cual al final el proyecto se desestimó y prevalecerá vigente el artículo impugnado.
RM
