La extorsión se ha convertido en uno de los delitos con mayor expansión en México durante la última década. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que entre 2015 y 2025 se iniciaron 91 mil 534 carpetas de investigación por este delito en el país.
Detrás de ese volumen de denuncias aparece un patrón territorial claro: la mayor parte de los casos se concentra en un reducido número de entidades. Los datos acumulados del periodo indican que cinco estados reúnen casi dos de cada tres denuncias registradas a nivel nacional.
Delito concentrado en cinco entidades
El Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y Ciudad de México acumulan en conjunto 57 mil 086 carpetas de investigación, lo que equivale a 62.4 por ciento del total nacional. En otras palabras, seis de cada 10 denuncias por extorsión en México se originan en sólo cinco entidades federativas.
La concentración del delito es especialmente visible en el Estado de México, que por sí solo suma 28 mil 582 carpetas por este delito durante la década analizada, lo que representa alrededor de 31 por ciento de todas las denuncias registradas en el país.
El resto del bloque de mayor incidencia lo integran Nuevo León, con 7 mil 197 casos; Veracruz, con 7 mil 140; Jalisco, con 7 mil 108; y Ciudad de México, con 7 mil 059 carpetas de investigación, lo que hace inferir que el delito tiende a concentrarse en entidades con alta densidad poblacional, intensa actividad económica y una amplia presencia de comercios, empresas y servicios.
En ese contexto, las organizaciones criminales encuentran mayores oportunidades para ejercer presión económica sobre transportistas, empresarios, comerciantes o ciudadanos.
Frente a este fenómeno, el gobierno federal impulsa una estrategia nacional que contempla el bloqueo de líneas utilizadas para extorsionar, revisiones en penales para decomisar equipos de comunicación, bloqueo de señal en cárceles y el fortalecimiento de la denuncia anónima para detectar y desarticular estas redes.
Crecimiento sostenido en la última década
El delito ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos 10 años. En 2015, se iniciaron 6 mil 008 carpetas de investigación por extorsión en el país. Para 2025, la cifra alcanzó 10 mil 481 denuncias. El incremento equivale a un crecimiento de 74 por ciento durante la década analizada.
La evolución anual del delito muestra tres etapas distintas. Entre 2015 y 2018 las denuncias se mantuvieron relativamente estables, con registros que oscilaron entre 5 mil 700 y 6 mil 700 casos anuales. Sin embargo, en 2019 se produjo un salto significativo cuando el número de carpetas de investigación subió a 8 mil 734 denuncias, casi dos mil más que el año anterior.
Posteriormente, durante 2020 y 2021, el delito se mantuvo en niveles cercanos a 8 mil y 9 mil investigaciones.
A partir de 2022, la extorsión superó por primera vez las 10 mil carpetas de investigación anuales. Ese nivel se ha mantenido prácticamente constante en los años posteriores.
Estados donde más aumentó el delito
Al comparar las cifras de 2015 y 2025, el ranking de los estados donde más creció la extorsión en términos absolutos está encabezado por Guanajuato. En esa entidad las denuncias pasaron de 157 carpetas en 2015 a mil 424 investigaciones en 2025, lo que representa un aumento de mil 267 casos.
En segundo lugar aparece Ciudad de México, donde el delito pasó de 703 a mil 792 investigaciones, lo que implica mil 089 denuncias adicionales.
El tercer lugar corresponde a Veracruz, donde las carpetas de investigación aumentaron de 417 a mil 021 casos, es decir, 604 denuncias más.
También registraron incrementos importantes Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Morelos, Michoacán, Hidalgo y Colima.
Impulsan estrategia nacional
Una parte importante de las extorsiones registrados en México se comete mediante llamadas telefónicas y muchas de ellas se originan dentro de centros penitenciarios del país. Ese diagnóstico llevó al gobierno federal a diseñar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada en 2025 como parte del plan de seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha señalado que este delito se apoya cada vez más en redes de comunicación telefónica que permiten a grupos criminales contactar a víctimas en distintas regiones del país, incluso desde prisiones.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha explicado que las investigaciones del gabinete del ramo identificaron una concentración significativa de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar dentro de centros penitenciarios.
De acuerdo con los reportes oficiales, 12 cárceles concentran alrededor de 56 por ciento de las líneas telefónicas reportadas por extorsión a través del número de denuncia anónima 089. Esto significa que más de la mitad de los números asociados con este delito se ubican en un grupo reducido de centros penitenciarios.
El gobierno federal anunció el bloqueo de señal de telefonía móvil en diversos centros de reclusión. La medida contempla inhibir la señal en 14 reclusorios federales y en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México, un proceso que se proyectó completar durante 2026.
Bloqueo de líneas y combate financiero
Las autoridades federales también han identificado miles de números telefónicos utilizados para cometer extorsiones.
En informes de seguridad se documentaron al menos 2 mil 389 líneas vinculadas con este delito, de las cuales una parte ya fue bloqueada por las autoridades.
Además, los reportes oficiales indican que muchas de estas llamadas no logran consumarse. Gracias a la orientación brindada a las víctimas y a la denuncia ciudadana, alrededor de 75 por ciento de los intentos de extorsión telefónica no se concretan.
Frente a este panorama, el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan que busca reducir este delito mediante acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y fiscalías.
La estrategia contempla diversas líneas de acción enfocadas tanto en prevenir el delito como en desmantelar las redes que lo operan. Uno de los ejes principales es el fortalecimiento de la denuncia ciudadana a través del número 089, una línea nacional que permite reportar extorsiones de forma anónima y recibir orientación inmediata sobre cómo actuar ante una llamada sospechosa.
El plan también incluye el bloqueo de números telefónicos utilizados para cometer extorsiones, con el objetivo de cortar la comunicación entre los delincuentes y las posibles víctimas. Otra de las medidas contempla operativos y revisiones sorpresa en centros penitenciarios del país. En estas acciones se decomisan celulares, chips, módems y otros dispositivos utilizados para realizar llamadas delictivas.
La estrategia también incorpora una dimensión financiera. Las autoridades buscan identificar y congelar cuentas bancarias vinculadas con extorsiones, además de rastrear los flujos de dinero utilizados por las redes criminales para recibir depósitos o transferencias de las víctimas.
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