M+.- El feminicidio de Edith Guadalupe, quien se presume acudió a una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, reabrió una necesidad: actualizar la ley de seguridad privada, tras revelarse una cadena de irregularidades en el control de accesos al inmueble donde fue asesinada.
Así lo consideró el presidente jurídico del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién, quien ve en la seguridad privada un coadyuvante que, en casos críticos, tiene la capacidad de aportar importantes datos para una investigación, lo que además favorece la comunicación y participación interinstitucional con la seguridad a nivel federal o estatal.
“¿Qué quiere decir que es un coadyuvante?, que las empresas de seguridad privada pueden ayudar a generar actos de investigación para aportar datos, no que sean investigadores, que sean suficientemente interesantes y de trascendencia para hacer un banco de información”, explicó a MILENIO.
Hoy, las empresas de seguridad privada tienen servicio de monitoreo, de identidad, de instalación de cámaras, de televisión, ya que prestan servicios en plazas públicas, para custodia de mercancías, de valores, en aeropuertos, entre muchas otras formas de apoyo, esa, dijo, es justamente la participación institucional que debe existir.
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Sector privado necesita cumplir con los acuerdos
Sin embargo, para que ese servicio sea satisfactoriamente adecuado es imperativa la actualización de la Ley General de Seguridad Privada, para que no existan empresas que ofrezcan servicios sin cumplir con las reglamentaciones o normas tanto a nivel nacional como internacional.
La problemática que prevalece en el sector de la seguridad privada, consideró, es una ley que no se actualiza y no se armoniza a las nuevas normas económicas, sociales, sociológicas y que, además, se suma a otras 32 leyes estatales que tratan de regular, situación que favorece el aprovechamiento desmedido.
“Hoy tenemos una diversidad (ley federal, estatales y municipales) y esto ha venido a generar un ecosistema de oportunismo, para temas de actos de corrupción, de actos únicamente para hacer cobros por derechos, pero en realidad no existe una debida regulación”, lamentó el también presidente de relaciones políticas del CNSP.
La ley vigente data de 2006 y por mandato constitucional, en 2021, el Senado otorgó una prórroga de seis meses para expedir una ley general en materia de seguridad privada, aunque hasta el momento está estancada.
“Desde el Consejo Nacional de Seguridad Privada estamos enfocados en trabajar de la mano con el Congreso, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a efectos de dotar a nuestro país y al sector de una nueva ley general”, se comprometió.
Lo imperativo de una nueva ley de seguridad privada
El punto más importante de una nueva ley, acorde a las necesidades del país, es que debe contar con un registro nacional, un banco de datos de las empresas de seguridad privada que están prestando servicios.
Que establezca en qué modalidades están prestando los servicios, en qué estados o municipios y muy importante, consideró el experto, saber a quién se le están prestando los servicios.
“Derivado de que hay diversas modalidades como es el tratado de valores, el tema del blindaje empresas de seguridad privada (es importante) que estén regulares por una necesidad de tener un vehículo blindado, que no existan empresas que ofrecen vehículos que no cumplan con los controles de calidad, ni con el material que se debe utilizar para tales efectos”, detalló.
Actualmente existen alrededor de 6 mil 500 empresas de seguridad privada, con una fuerza laboral de más de 50 mil personas, de las cuales apenas el 40 o 46 por ciento están debidamente reguladas.
Lo que muestra la fragilidad en materia de vigilancia, custodia y protección para quien vive en un fraccionamiento, edificio, ingresa a alguna plaza comercial o cualquier sitio en donde los elementos responsables de la seguridad ni están regulados ni cuentan con la capacitación reglamentaria para proveer protección, incluso considerar que no exista algún tipo de infiltración criminal.
“Existe una probabilidad que al ser una empresa irregular, que trabaja en el anonimato, no se sabe, por ejemplo, quién está cuidando, me refiero al tema de la modalidad de seguridad ejecutiva (el caso de condominios), por ello debe haber un registro público de prestadores y servicios de seguridad privada”.
Otro elemento que debe incluir es que sea una ley homogénea en materia regulatoria, ya que la vigente regula y sanciona de maneras diferentes en todo el territorio nacional.
Se sanciona más a una empresa regular que a aquella que trabaja en la clandestinidad, entre otras cosas porque al no contar con oficinas o registros legales ni siquiera hay cómo encontrarlas, no obstante, las empresas irregulares son más cautivas.
“Porque el regular está establecido, tiene imagen corporativa, cumplen con obligaciones fiscales, pero el irregular trabaja desde un lugar en donde mañana deja de estar, en donde ponen un anuncio solicitando guardias de seguridad privada para cubrir un evento masivo, como ya sucedió desafortunadamente en el estadio de fútbol de Querétaro (enfrentamiento que dejó 26 lesionados), y como son empresas ilegales no hay manera de ir tras ellas”.
Importancia de la capacitación de seguridad privada
La capacitación de los elementos de seguridad privada es otro factor de gran envergadura para tomar en cuenta en la nueva ley, ya que al no estar regulados los programas de entrenamiento, se cae en un abuso en el cobro de cuotas que para algunas empresas son inalcanzables.
“Lejos de generar un efecto atractivo para que se capacite al personal, ahuyenta y prevalece el personal poco capacitado y profesionalizado”, precisó.
La nueva reglamentación habrá de favorecer que el prestador de servicios acredite que su personal está debidamente capacitado con los planes y programas establecidos para esos efectos, y no solamente mediante una certificación sino con inspecciones de los reguladores oficiales.
Finalmente, destacó, la comunicación interinstitucional entre la seguridad federal y/o estatal y las seguridades privadas, pues como se dijo, son coadyuvantes.
RM
