Cuando se habla de feminicidios en México, de inmediato llega a la mente el atroz panorama que prevaleció en Chihuahua durante los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI. Según datos de Amnistía Internacional, entre 1993 y 2003 se registraron al menos 370 asesinatos de mujeres en aquel estado; en 137 de los casos, las víctimas presentaban huellas de violencia sexual.
A mediados de la década de 1990, la ola de violencia feminicida en Ciudad Juárez ya se posicionaba como una de las mayores preocupaciones para la población y las autoridades, pues las mujeres, en muchos casos jóvenes, estaban siendo asesinadas sin que hubiera rastro de sus victimarios.
En este contexto, apareció en escena un hombre a quien se le atribuyó la escalada de crímenes y se le identificó como asesino serial. Sin embargo, el caso estuvo lleno de interrogantes, ya que la sangre siguió corriendo en la ciudad fronteriza incluso después de su captura. ¿Qué pasó? Esta es la historia de Abdel Latif Sharif, sujeto que recibió los apodos de El Egipcio y El Destripador de Juárez.
De Egipto a EU y México: una historia de abusos y violencia
La trayectoria delictiva de Abdel Latif Sharif comenzó en la década de 1970 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a más de nueve mil kilómetros de su ciudad natal.
Información que el periodista Sergio González Rodríguez incluyó en su libro Huesos en el desierto refiere que Sharif nació el 19 de septiembre de 1946 cerca de El Cairo, en Egipto. Declaraciones que Sharif ofreció en reclusión, retomadas por el escritor estadunidense Michael Newton, señalan que habría sido víctima de abuso sexual durante su infancia.
En su obra, González retrata el hostil contexto en el que creció el hombre que, décadas después, sería conocido como El Destripador de Juárez. Aprendió a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas gracias a su madre, quien contaba con estudios en Química. Cuando ella murió, Sharif quedó bajo la custodia de su padre, quien pactó un casamiento entre él —de 12 años de edad— y una de sus primas —de 10—.
Inconforme con la situación, Sharif decidió divorciarse para dedicarse al estudio. Aparentemente, esta ruptura con la tradición provocó una intensa reacción en su familia que llegó hasta las amenazas de muerte.
Sharif estudió Ingeniería Química en la Universidad de El Cairo y se desempeñó como profesor de bachillerato y universidad. Residió durante un año en la Unión Soviética gracias a un programa financiado por el Gobierno de Egipto y en 1970 se mudó a Nueva York con la misma intención que siguen compartiendo miles de migrantes: triunfar en Estados Unidos.
Es gracias a diversas investigaciones periodísticas que se han podido conocer los detalles sobre la conflictiva vida que Sharif tuvo en la Unión Americana. Su formación académica le permitió introducirse en la industria cosmética y petroquímica de 'La Gran Manzana', pero en 1978 fue despedido de su trabajo por un aparente fraude, según consta en las páginas de Tierra de pandillas: el auge de los cárteles mexicanos de la droga desde El Paso hasta Vancouver, del canadiense Jerry Langton.
Dicha situación lo llevó a mudarse a Pensilvania y, poco después, a la ciudad de Palm Beach, en Florida. Ahí comenzó a trabajar para una empresa llamada Cercoa, la cual se encargó de cubrir los costos de su defensa legal por las acusaciones de abuso sexual que enfrentó en 1981.
La información que Sharif compartió con Sergio González señala que el 2 de mayo de ese año sostuvo un encuentro sexual con una de sus vecinas, llamada Molly Fleming.
Acorde con su narrativa, ambos estaban en el departamento de ella cuando su novio llamó para decirle que llegaría antes; ofendido por la aparente infidelidad, el hombre pidió la presencia de la policía. Otra versión estipulaba que Sharif había golpeado y violado a la joven de 23 años. El ciudadano egipcio enfrentó un proceso penal y logró que le concedieran libertad condicional por cinco años.
En marzo de 1983 Sharif protagonizó otro hecho de violencia que lo hizo acreedor a pasar cinco años en prisión. En ese entonces, mantenía una relación sentimental con una joven llamada Susan Wait, a quien golpeó luego de enterarse de que había pasado la noche con otro hombre en su domicilio. "Sí la golpeé. Después nos reconciliamos y tuvimos relaciones sexuales", recordó en los testimonios publicados por Sergio González.
Hacia finales de la década de 1990 se difundieron rumores de que Sharif acumulaba más de una decena de acusaciones en Estados Unidos por violación. A casi tres décadas, sólo se han documentado tres denuncias además de las ya mencionadas —dos por agresión sexual y una más por golpes, que fue desestimada—; sumado a ello, se tienen reportes sobre una detención en 1991 por manejar bajo la influencia de sustancias.
¿Feminicida serial o chivo expiatorio?
En octubre de 1994, Abdel Latif Sharif huyó a México ante la posibilidad de que las autoridades estadunidenses lo deportaran a su país natal.
Investigaciones de una teniente estadunidense llamada Sadie Darnell ayudó a descubrir que Sharif tenía cinco alias y tres fechas de nacimiento registradas. En su libro Las Hijas de Juárez, Teresa Rodríguez establece que fue a raíz de las alertas de esta agente que un juez en Texas inició los procedimientos para expulsarlo del país. Su vinculación con la oleada de violencia feminicida en la frontera llegó casi un año después de su arribo a Chihuahua.
Elizabeth Castro García, una joven de 17 años originaria de Zacatecas, salió de su casa el 14 de agosto de 1995 para dirigirse a su trabajo en una fábrica. Al salir de ahí, viajó hacia su escuela y al terminar su jornada de estudio caminó acompañada de una amiga durante un trayecto. Su familia no volvió a saber de ella.
Cinco días después de su desaparición, fue localizado un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la altura de la carretera Casas Grandes, en Granjas Santa Elena. La víctima era una mujer joven, presentaba huellas de violencia sexual y se registró como el onceavo caso del año.
Las atrocidades continuaron con el hallazgo de Silvia Elena Rivera (16 años) el 1 de septiembre y de Olga Alicia Carrillo (20 años) una semana más tarde. Las autoridades de Ciudad Juárez estaban completamente rebasadas y parecía no haber respuesta a esta espiral de brutalidades.
El 3 de octubre de 1995, una mujer identificada como Blanca Estela Carmona acusó a Abdel Latif Sharif de secuestro, lesiones y violación. Según su testimonio, el hombre egipcio la habría mantenido privada de su libertad en su casa durante tres días.
Cuando la joven condujo a los policías al domicilio del cual habría escapado, los uniformados se percataron de que la dirección se encontraba en el paso de la ruta del autobús que Silvia Elena había tomado antes de desaparecer, acorde con las investigaciones de Teresa Rodríguez.
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Abdel Latif Sharif fue detenido por la Policía Judicial del Estado de Chihuahua y, al investigar sus antecedentes, las autoridades encontraron en él al perfil ideal para atribuirle las decenas de feminicidios perpetrados en la ciudad fronteriza.
Poco después, las acusaciones por lesiones y secuestro quedaron desestimadas y en octubre de 1996 un juez lo absolvió del delito de violación. Un fragmento del expediente recuperado por Mónica Cedeño Fuentes para su tesis Muertas de Juárez: del escándalo mediático a las rutas del narcotráfico, expone que la decisión judicial fue en ese sentido porque "mediante la certificación médica se comprobó que la chica [Blanca Estela] no había tenido relaciones sexuales".
Para ese entonces Sharif ya había sido presentado a la opinión pública como El Destripador de Ciudad Juárez y como uno de los artífices de los múltiples asesinatos de mujeres. Se le adjudicaron decenas de crímenes e incluso se difundió la versión de que, pese a sus dificultades para hablar español, era el cabecilla de una banda conocida como Los Rebeldes.
La liberación de Sharif significaba que las autoridades no habían logrado, en realidad, ningún avance para explicar este tema. Por tal motivo, apenas minutos después de que se concediera la sentencia absolutoria, Sharif fue recapturado a raíz de una investigación que lo ligaba a la desaparición y muerte de Elizabeth Castro García.
Amnistía Internacional documentó que a lo largo de 1996, en la zona céntrica de Ciudad Juárez se efectuaron operativos que derivaron en el arresto de 10 presuntos miembros de Los Rebeldes. Todos declararon inicialmente que habrían recibido pagos de Sharif, desde la cárcel, para desviar la investigación en su contra, pero años después se retractaron de sus confesiones, alegando que fueron torturados.
El 11 de octubre de 1996 Abdel Latif Sharif fue sentenciado a 30 años de cárcel por homicidio calificado en perjuicio de la joven y en 1999 lo trasladaron de Ciudad Juárez al penal estatal de Aquiles Serdán.
Pese a que logró una reducción de 10 años a su condena en 2003, Abdel Latif Sharif murió en 2006 por un infarto, luego de sufrir severas complicaciones derivadas de una úlcera estomacal.
Este hombre jamás reconoció su responsabilidad en los crímenes por los que fue señalado, incluido el asesinato que lo hizo acreedor a una sentencia condenatoria.
Aunque la familia de Elizabeth Castro reconoció el cuerpo localizado el 19 de agosto de 1995 como suyo, durante las investigaciones se reportaron múltiples irregularidades, siendo las más llamativas las diferencias entre el cadáver y la media filiación de la joven al momento de desaparecer.
"De los supuestos cien integrantes de Los Rebeldes, sólo cinco fueron procesados por los asesinatos de siete mujeres. Con excepción de uno, todos declararon haber sido torturados para confesar su responsabilidad en los asesinatos y su supuesta relación con el egipcio. Las denuncias por la tortura nunca fueron investigadas ni se ordenaron pruebas periciales para confirmar las lesiones", advierte la periodista Rosa Isela Pérez en su investigación Mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: la justicia apenas comienza.
A pesar de las acusaciones y señalamientos, una gran parte de los feminicidios perpetrados en Ciudad Juárez a finales de los noventa y principios de los 2000 quedaron impunes.
En marzo de 2024, la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en nombre del Estado mexicano por estos crímenes. Las medidas paliativas llegaron a las familias de las víctimas, pero la justicia no lo hizo.
BM.
