Ada todavía recuerda el tono de la voz de su madre. No era una llamada común: era llanto, desesperación y miedo. Ese día, un secuestro virtual estuvo a punto de concretarse en su familia.
En ese entonces era estudiante universitaria y tenía prohibido usar el celular durante las clases, por lo que no respondía llamadas a menos que fuera algo urgente. Al salir del aula vio varias llamadas perdidas de su mamá. “Me estaba marque y marque. Entonces contesté pensando que había pasado algo muy malo”, contó a MILENIO.
Del otro lado de la línea el escenario era crítico. “Nada más escuché a mi mamá berreando, desesperada. La verdad me alteró muchísimo porque la escuché muy mal. Le dije ‘¿Qué pasó?', y me respondió —todavía me acuerdo—: ‘Me acaban de marcar. Me dijeron que tienen a uno de mis hijos. No sabía si eras tú, si eran tus hermanas o tu hermano. No tenía ni idea”.
El secuestro virtual es considerado una modalidad de extorsión dentro de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que entró en vigor el 29 de noviembre del año pasado. La legislación establece penas que van de 15 a 20 años de prisión, las cuales pueden aumentar hasta 45 años en casos con agravantes.
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A diferencia de un secuestro real, en estos casos no existe una privación física de la libertad, sino una manipulación psicológica que hace creer a la víctima y a su familia que una persona se encuentra retenida por un grupo criminal.
Un delito millonario
La llamada que recibió su madre seguía el patrón clásico del secuestro virtual: incomunicación, amenazas y presión para depositar dinero. Específicamente le dijeron: no hables, no cuelgues, no hables con nadie, deposítame.
“Creo que le estaban pidiendo como 150 mil pesos, algo así, de entrada, para que no colgara la llamada”, recuerda.
Convencida de que uno de sus hijos estaba en peligro, tomó dinero y salió rumbo al banco. La llamada se interrumpió antes de que pudiera realizar el depósito.
“Afortunadamente se cortó la llamada. Por eso estaba tan alterada; se puso peor porque se perdió la comunicación y ella no podía devolverla”.
El número era desconocido y, como en otros intentos de extorsión que habían recibido anteriormente, no permitía regresar la llamada.
El secuestro virtual se ha convertido en una de las modalidades de extorsión más lucrativas para grupos criminales que operan mediante llamadas telefónicas y manipulación psicológica.
Tan solo durante 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco logró evitar que víctimas realizaran depósitos por 103 millones 664 mil 529 pesos, dinero que habría terminado en manos de delincuentes que operan principalmente desde centros penitenciarios.
En lo que va de 2026, las autoridades también han logrado frenar depósitos por 4 millones 875 mil pesos, gracias a la intervención de personal especializado que asesora a las víctimas y a sus familias para evitar que entreguen dinero.
El director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado, Héctor Daniel Hernández Salazar, señala que las cifras reflejan el tamaño del negocio criminal detrás de estas extorsiones telefónicas.
“Las ganancias que obtienen son, literalmente, millonarias”.
Reportes y denuncias
Ada cree que quienes hicieron la llamada conocían detalles de su familia.
“Hasta la fecha sigo pensando que, por el tipo de trabajo que era —transporte de carretera—, había mucha gente que nos veía todo el tiempo y sabía perfectamente cuántos hijos tenían mis papás, dónde vivían, cuánto tardaban en llegar a la oficina y todo”.
Tras el intento de fraude, la familia decidió no presentar denuncia. Su padre temía que al hacerlo se expusiera aún más información personal.
Los números muestran que este delito mantiene una presencia constante en el estado. Durante 2025 se iniciaron 90 denuncias por secuestro virtual, mientras que en lo que va de 2026 se han presentado 10 denuncias.
No obstante, la cantidad de personas localizadas es mayor, debido a que muchas víctimas reciben orientación de las autoridades, confirman que sus familiares no están privados de la libertad y deciden no formalizar una denuncia.
Aunque no todas las víctimas denuncian, la Fiscalía abre reportes y genera información que permite identificar patrones de operación, números telefónicos y cuentas bancarias utilizadas para recibir depósitos, lo que ayuda a continuar con las investigaciones, explicó el funcionario.
La experiencia marcó la vida de Ada.
“Hoy en día yo no contesto llamadas si son números que no conozco. Si no recibo antes un mensaje y no estoy completamente segura de quién es la persona, no contesto”.
Desde entonces, reconoce que vive en un estado permanente de alerta.
“No confío en las redes sociales, ni en ninguna plataforma en línea que me pida mi número, mi nombre, mi dirección o cualquier dato. Es vivir en un estado permanente de desconfianza, esperando cuándo me van a volver a marcar para decirme que tienen a alguien importante”.
La operación del engaño
Las investigaciones han permitido identificar que los delincuentes realizan llamadas al azar, sin conocer previamente a sus víctimas.
En muchos casos se hacen pasar por personal de alguna dependencia gubernamental o de seguridad, como el 911, el 089 o la propia Fiscalía, y aseguran que desde el número telefónico de la víctima se realizó un reporte relacionado con actividades sospechosas.
Posteriormente, cambian el discurso y aseguran pertenecer a la delincuencia organizada, acusando a la persona de haber provocado la detención o muerte de integrantes del grupo criminal.
Durante la llamada, obligan a la víctima a mantenerse en comunicación constante mientras la presionan para que abandone el lugar donde se encuentra y se dirija a otro sitio, generalmente un centro comercial, un motel o algún lugar apartado.
Uno de los principales objetivos de los delincuentes es aislar a la persona, impedir que tenga contacto con familiares o autoridades y mantenerla bajo presión psicológica.
En algunos casos incluso le piden que se tome fotografías semidesnuda o desnuda para enviarlas a sus familiares como supuesta prueba de que está secuestrada.
Otro elemento clave del engaño es el uso de llamadas en conferencia, mediante las cuales los delincuentes simulan que la víctima se encuentra junto a ellos. De esta forma, cuando los familiares reciben la llamada, escuchan tanto al supuesto secuestrador como a la persona que creen privada de la libertad, lo que aumenta la presión psicológica y facilita que accedan a las exigencias económicas.
Menores de edad, principales víctimas
Especialistas en seguridad advierten que esta modalidad también ha puesto en la mira a menores de edad, quienes suelen ser más vulnerables a los engaños telefónicos.
Rubén Ortega Montes, profesor e investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, advierte que niñas, niños y adolescentes se convierten en blancos frecuentes debido a su interacción constante con teléfonos y redes sociales.
“Primero, porque están ávidos de comunicación; cualquiera que les mande una solicitud de amistad o cualquier llamada de un número desconocido, ellos la reciben”, señala.
Además, los delincuentes aprovechan la etapa de desarrollo emocional de los jóvenes.
“Por la edad en la que se encuentran, a veces les resulta sencillo o atractivo lo que les ofertan o les dicen, y los van trabajando poco a poco”.
Bajo amenazas o promesas, los criminales obtienen información personal y números telefónicos de familiares.
“Los chicos y las chicas temen por esta situación y terminan accediendo a casi todo lo que les piden los delincuentes”.
Llamadas desde penales
“Sabemos que el cien por ciento de las llamadas de este tipo provienen de algún centro penitenciario”, reconoce el director de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsiones.
En varios casos, las llamadas provienen de penales ubicados fuera de Jalisco, lo que obliga a las autoridades estatales a solicitar colaboración con fiscalías de otras entidades para identificar a los responsables.
Ante esta situación, el académico de la UdeG considera que esto ocurre debido a fallas estructurales en el sistema penitenciario.
“Por la corrupción que existe en los propios centros penitenciarios o reclusorios”, señala, lo que permite el ingreso de teléfonos celulares y su uso entre los internos.
Por ello, afirma que combatir este delito requiere medidas estructurales dentro del sistema penitenciario.
“Creo que, si hay voluntad política, se puede lograr evitando, primero, lo que marcan los reglamentos: que los presos no deben tener celulares; y segundo, combatiendo la corrupción”.
Además, urge instalar inhibidores de señal en los centros penitenciarios para evitar la comunicación telefónica ilegal.
Mientras tanto, la prevención dentro de las familias sigue siendo clave. Ante este tipo de situaciones, la Fiscalía del Estado recomienda no continuar con la llamada, evitar cualquier depósito y comunicarse de inmediato con las autoridades para recibir asesoría especializada.
SRN
