Laura no recuerda cuándo empezó a cuidar a Emilce. Recuerda otra cosa: el momento en que dejó de tener horarios.
Se despertaba en la madrugada y, antes de moverse, veía el celular. Miraba la cámara instalada en la sala de la casa de su suegra para comprobar que seguía en la cama. Si no lo hacía, la imaginación hacía el resto. Una caída, horas en el suelo, nadie escuchando.
Emilce no era su madre. Era la madre de su esposo, Daniel. Una mujer que hasta los setenta y tantos viajaba sola, iba al estadio, practicaba tai-chi y comía con sus amigas. Independiente. No quería vivir con sus hijos ni que ellos vivieran con ella.
La pandemia fue el primer quiebre. Después llegaron las pequeñas fisuras: llaves perdidas, comida echándose a perder, el microondas incomprensible, enojo en la calle, medicinas olvidadas. Emilce quería quedarse en su casa, pero dejarla sola dejó de ser posible.
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Contrataron cuidadoras. Primero una amiga que hacía el aseo. Luego una mujer con experiencia en geriátricos que iba de lunes a viernes. Otra los fines de semana. Todas reportaban a Laura y a Daniel. En teoría, había un sistema. En la práctica, la responsabilidad siempre regresaba.
El teléfono sonaba desde temprano: “No quiere desayunar. No quiere bañarse. No quiere comer”. Laura no estaba ahí, pero estaba. Decidía. Pagaba. Organizaba. Cancelaba trabajo. Suspendía planes. Vivía entre dos casas y ningún descanso. “Mi vida estaba en suspenso”, dice.
No habla de heroísmo. Habla de agotamiento. De la sensación de que la única forma de recuperar estabilidad era que su suegra muriera. “Es horrible pensarlo”, admite. Cuando el cuidado es permanente y el apoyo institucional es mínimo, el horizonte se estrecha.
Laura nunca usó la expresión derecho a no cuidar. Lo que sabe es más simple. Un día empezó a cuidar y, sin darse cuenta, empezó a desaparecer.
Trabajo sin paga
Lo que le ocurrió no es excepcional. En México, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
Las mujeres realizan el 75 por ciento de ese trabajo y dedican en promedio 37.9 horas semanales a cuidados no remunerados, frente a 25.6 horas de los hombres. Si se suma el trabajo pagado y el no pagado, el tiempo total de trabajo es mayor en ellas. Entraron al mercado laboral sin salir del mandato doméstico. El sistema económico descansa, en buena medida, sobre ese esfuerzo invisible.
“Es insostenible mantener los cuidados exclusivamente o principalmente desde las familias y desde las mujeres”, asegura en entrevista Rocío Enríquez, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). La palabra clave es, insiste, insostenible. No se trata de que algunas estén cansadas. Se trata de que el modelo entero depende de que alguien no pueda decir que no.
Enríquez habla de una “familiarización y feminización de los cuidados de larga data”. Cuando alguien envejece o enferma, la primera pregunta no es qué hará el Estado. Es quién en la familia se hará cargo. Dentro de la familia, casi siempre la respuesta es una mujer: hija, esposa, nuera. “Se asume que la familia resolverá y que, dentro de ella, una mujer lo hará”.
Ese supuesto rara vez se discute. Se hereda
Durante la charla, Enríquez introduce una idea que cuestiona esa herencia. “Es un punto muy importante y que no se ha discutido suficientemente”. Habla del derecho a no cuidar. “Es un derecho que toda persona tiene o debe tener a decidir no cuidar por distintas circunstancias”.
Circunstancias laborales, económicas o biográficas. Pone un ejemplo que quita la romantización de hacerse cargo de un ser querido: una mujer que debe cuidar a un padre con quien tuvo una historia de violencia o abandono.
“La cuestión de la obligatoriedad de cuidar lleva a situaciones emocionales límite”. En esos casos, insiste, debe hablarse también del derecho a no cuidar. Eso no significa dejar sin atención a quien depende. Significa que la responsabilidad no puede recaer automáticamente en quien aparece disponible por género o parentesco.
En el libro Cuidado colectivo y personas mayores, coordinado por Enríquez, plantea la necesidad de desnaturalizar la expectativa de que los cuidados deban ser asumidos por un familiar, particularmente por mujeres. Mientras esa expectativa siga intacta, el cuidado funcionará como mandato moral y no como derecho social.
“Si el cuidado es un derecho, hay que garantizarlo, así como el autocuidado”, afirma. “Y eso es responsabilidad, en primer lugar, del Estado”.
La corresponsabilidad no puede quedarse en el discurso. Implica servicios de salud suficientes, atención domiciliaria, centros de día, residencias supervisadas, certificación y remuneración para quienes cuidan, apoyos económicos que no sean simbólicos.
La experta reconoce que hay avances en clave normativa y diagnóstica, pero no al ritmo necesario: “No a la velocidad que se requiere ni al ritmo que se requiere”.
El Diagnóstico Estatal de Cuidados, presentado a principios de año por el Sistema DIF Jalisco, confirma lo que Enríquez dice. Seis de cada diez personas mayores de 15 años en el estado se reconocen como cuidadoras. Nueve de cada diez no reciben remuneración por ese trabajo. Y por cada hombre que realiza principalmente labores de cuidado en el hogar hay cuatro mujeres que lo hacen.
No es un fenómeno marginal. Es la estructura
El documento admite que la familia sigue siendo la principal infraestructura de cuidado ante una limitada corresponsabilidad social e institucional. Infraestructura no como puentes o carreteras, sino como hijas, esposas y nueras que sostienen la vida cotidiana cuando el sistema no alcanza.
Este estudio se construyó con mil 619 encuestas probabilísticas en hogares, mil 600 encuestas a personas cuidadoras, 28 grupos focales en las distintas regiones del estado y 38 entrevistas a profundidad.
En esa radiografía aparece una brecha clara entre la existencia formal de servicios y el acceso real a ellos. El 12.3 por ciento de las personas encuestadas declaró no confiar en el trato o la calidad de los servicios disponibles. El 10.6 por ciento dijo no conocer las opciones existentes. Sin embargo, el 61.2 por ciento afirmó que utilizaría un centro de cuidado cercano, seguro y de calidad.
La realidad no es que las familias no quieran apoyo. Es que no siempre lo tienen o no confían en él. “Si el cuidado es un derecho, hay que garantizarlo”, insiste Enríquez. Garantizarlo implica presupuesto, regulación, supervisión, infraestructura territorial diferenciada para municipios metropolitanos, intermedios y rurales, profesionalización y formalización de personas cuidadoras, sostenibilidad financiera.
La decisión, hasta hoy, no es simétrica. El derecho a no cuidar solo existe cuando el sistema ofrece una alternativa digna, accesible y confiable.
Sobrecarga a causa de la insuficiencia
Si Enríquez coloca el problema en la estructura, Fabiola de Santos Ávila, coordinadora de la Maestría en Psicología de la Salud de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lo baja al cuerpo.
Desde la psicología de la salud no habla de sacrificio ni de vocación. Habla de sobrecarga. “La sobrecarga del cuidador es cuando los recursos de la persona son insuficientes para atender las demandas de la persona a la que está cuidando”.
Las consecuencias no son retóricas. Son médicas: dolor corporal crónico, hipertensión arterial, cefaleas persistentes, fatiga crónica, alteraciones del sueño, insomnio, ansiedad y depresión. “Cuando los recursos ya no son suficientes, ya no puedes más”, explica.
El perfil más frecuente de quien cuida en casa coincide con lo que muestran las cifras: mujeres de entre 36 y 65 años, mayormente hijas o esposas, muchas veces amas de casa. El rol puede extenderse de uno a trece años. Y no es una jornada simbólica. Es un trabajo de más de ocho horas al día.
Muchas mujeres dejan de trabajar. El ingreso familiar disminuye justo cuando aumentan los gastos médicos. Aunque haya seguridad social, muchos medicamentos se compran por fuera. La vulnerabilidad económica se suma al agotamiento físico.
Hay también una dimensión emocional persistente: la culpa. Culpa por no cuidar suficientemente bien. Culpa por no saber lo suficiente. Culpa por desear estar en otro lugar. Esa culpa mina la salud mental y puede afectar también al paciente, que termina sintiéndose una carga.
El sistema de salud, dice Fabiola, atiende formalmente a pacientes, no a cuidadores. Quien carga el peso no es sujeto central de atención pública.
Y, asegura, el problema crecerá. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en América Latina una de cada diez personas asume el rol de cuidador. Vivimos más años, pero no necesariamente con mejor salud. La dependencia aumenta. La estructura no se transforma al mismo ritmo.
“Muchas veces los cuidadores son también pacientes y no es raro que mueran antes que las personas a quienes cuidan”, advierte la académica.
Hablar del derecho a no cuidar no es, entonces, una consigna ideológica. Es una discusión ética, económica y sanitaria. Si el Estado no asume la corresponsabilidad, la sobrecarga se convierte en enfermedad crónica. Si el cuidado sigue resolviéndose en silencio dentro de los hogares, el costo no es solo emocional. Es médico, económico y social.
Laura no dejó de cuidar porque no podía. No porque no quisiera. Esa diferencia es central. Mientras el sistema no ofrezca una alternativa real, el derecho a no cuidar seguirá siendo una formulación necesaria y, al mismo tiempo, una posibilidad frágil.
La urgencia no es abstracta. Es demográfica
Rocío Enríquez subraya que el debate sobre el cuidado no puede separarse del envejecimiento acelerado de la población. No solo aumenta el número de personas mayores, también crecen los años vividos con enfermedades crónicas y dependencia. En ese escenario, dejar la responsabilidad casi exclusivamente en los hogares implica una presión creciente sobre familias cada vez más pequeñas y dispersas.
Las redes de apoyo se redujeron. Hay menos hijas e hijos disponibles, más movilidad laboral y mayor fragmentación territorial. La expectativa de que alguien en casa asumirá la atención prolongada descansa sobre una base que se debilita con el tiempo.
Para Enríquez, si el cuidado se reconoce como derecho, su garantía no puede limitarse a declaraciones. Requiere presupuesto estable, servicios cercanos, supervisión, alternativas reales que permitan decidir sin que esa decisión se traduzca en abandono.
Desde la práctica clínica, De Santos Ávila advierte que el desgaste asociado a la atención prolongada no aparece de golpe. Se acumula. “Cuando la sobrecarga se mantiene durante años, el impacto en la salud es progresivo”, explica. En un contexto de envejecimiento sostenido, esa acumulación deja de ser un asunto individual y adquiere dimensiones sociales.
Laura no habló de demografía. Habló de insomnio, de vigilancia nocturna, de la sensación de que su vida quedaba suspendida. Su historia no cuestiona la idea del derecho a no cuidar; lo que pone en evidencia es lo difícil que resulta ejercerlo.
El derecho a no cuidar no significa desentenderse de quien depende, sino trasladar la responsabilidad a una red más amplia que no recaiga automáticamente en una mujer por parentesco. Sin esa red, asegura Enríquez, la elección se vuelve una carga moral.
La discusión no es si alguien cuidará, sino bajo qué condiciones y con qué respaldo institucional se hará.
¿Qué dice la Ley en Jalisco?
Jalisco se convirtió en una de las primeras entidades del país en contar con una legislación específica en materia de cuidados. El 17 de febrero de 2024, el Congreso del estado aprobó la Ley del Sistema Integral de Cuidados para el Estado de Jalisco. Fue publicada en el Periódico Oficial días después y entró en vigor el 25 de marzo del mismo año.
La ley surgió en un contexto de presión social y académica creciente para reconocer el trabajo de cuidados como un asunto público y no exclusivamente familiar. Durante años, organizaciones civiles, universidades y colectivos de mujeres insistieron en que el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la participación femenina en el mercado laboral hacían insostenible el modelo tradicional basado en que las familias —y dentro de ellas las mujeres— resolvieran solas la dependencia.
El objetivo central de la norma es crear un Sistema Integral de Cuidados que articule a dependencias estatales, municipios, instituciones públicas, sector privado y organizaciones sociales. No se trata solo de otorgar apoyos económicos, sino de coordinar políticas que reconozcan, redistribuyan y reduzcan las cargas desiguales de cuidado.
La ley establece que el cuidado es un derecho de las personas que lo requieren y, al mismo tiempo, un derecho de quienes cuidan a hacerlo en condiciones dignas. Plantea principios como la corresponsabilidad social y de género, la igualdad sustantiva, la accesibilidad y la inclusión.
En términos operativos, prevé la creación de un sistema de coordinación interinstitucional, la elaboración de diagnósticos periódicos, el diseño de programas de atención domiciliaria y comunitaria, el fortalecimiento de centros de día y servicios especializados, así como la profesionalización y certificación de personas cuidadoras. También contempla la generación de información estadística para dimensionar la demanda real y orientar la planeación presupuestal.
La legislación reconoce distintas poblaciones prioritarias, entre ellas personas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños y personas con enfermedades crónicas o en situación de dependencia temporal o permanente. El enfoque es territorial, lo que implica que las acciones deben adaptarse a contextos metropolitanos, intermedios y rurales.
En el papel, el cambio es significativo. El cuidado deja de ser considerado exclusivamente un asunto privado y se reconoce como parte de la responsabilidad pública. La eficacia del sistema, sin embargo, depende de su implementación presupuestal, su capacidad operativa y la articulación real entre instituciones.
JVO
