Aunque el aborto está despenalizado en Jalisco y puede realizarse hasta las 12 semanas de gestación por decisión de la mujer, el acceso real al servicio sigue enfrentando resistencias culturales, desinformación institucional y obstáculos dentro del propio sistema de salud.
Patricia Ortega Medellín, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, reconoce el avance legislativo, pero señala que todavía falta trabajo para garantizar el acceso y lograr una transformación cultural respecto a la interrupción del embarazo.
Si bien las usuarias pueden acudir a los hospitales que la Secretaría de Salud ha designado para la interrupción legal del embarazo, en la práctica muchas mujeres aún creen que el procedimiento sigue siendo delito.
“Se sigue pensando que esto está penalizado, que sigue estando en el Código Penal como un delito y, pues, entonces, la mayoría de las veces las usuarias no buscan una opción institucional para atenderse”, explica en entrevista con MILENIO.
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La despenalización del aborto en Jalisco fue reconocida el 4 de octubre de 2024, con lo que la entidad se convirtió en la número 14 del país en reformar su legislación para garantizar a todas las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir la interrupción del embarazo.
Sin embargo, el acceso y la información respecto al procedimiento continúan siendo limitados en el sistema de salud pública.
Incluso cuando las mujeres se acercan a colectivas para solicitar acompañamiento, dice la activista, persiste el temor a la criminalización, a la denuncia o a represalias por parte de sus parejas o familiares.
“Sigue habiendo toda esta preocupación por la criminalización, precisamente porque se desconoce; no ha habido una campaña contundente de difusión de que se ha modificado el artículo”.
Barreras en salud pública
En el Área Metropolitana de Guadalajara, el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos concentra la mayor parte de los servicios por aborto electivo y cuenta con personal sensibilizado y con experiencia en la atención.
Sin embargo, la situación no es homogénea en el resto de Jalisco.
“En el resto del estado y en los demás hospitales en los que se debería estar prestando el servicio, no estamos encontrando lo mismo; no en todos hay personal sensible o que dé la información adecuada”.
La activista denuncia que en varios hospitales regionales se registran “tratos hostiles” y negativas indirectas, como aplazamientos o requisitos adicionales. Menciona el caso del hospital de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, que contaba con infraestructura para realizar procedimientos, pero apenas efectuó uno o dos al año.
“Con toda la instalación que tenían y con todo lo más avanzado, habían hecho uno o dos procedimientos por año; es decir, un recurso mal empleado”.
También señaló dificultades en el IMSS y el ISSSTE, donde, pese a que oficialmente realizan interrupciones, en la práctica se imponen trabas.
“Siguen estando en deuda con sus propias usuarias, porque niegan los servicios, los ocultan, piden un montón de requisitos; o sea, posponen y posponen”.
En algunos casos, relató, mujeres con causal salud —embarazos incompatibles con enfermedades preexistentes— no reciben el medicamento completo debido a que el personal se declara objetor de conciencia y deben esperar al siguiente turno.
“La sugerencia médica de interrumpirlo se vuelve un martirio de varios días, precisamente porque el personal no está habilitado para poder brindar la atención”, revela.
A ello se suma lo que describe como un discurso médico antiderechos, particularmente en la práctica privada.
“No solamente te dice que no te puede atender, sino que te dice que esto es un delito, que te van a meter a la cárcel, que es un procedimiento riesgoso, delicado, que puede poner en riesgo tu vida, tu salud. O sea, todo mentiras”.
Frente a ello, defendió el uso de medicamento como un método seguro en embarazos menores de 12 semanas, siempre que exista acompañamiento y acceso a servicios de salud en caso de complicaciones.
Objeción de conciencia y vacíos institucionales
En torno a la objeción de conciencia, considera que su aplicación ha sido ambigua y, en algunos casos, utilizada para evadir responsabilidades.
“Creo que el tema de la objeción de conciencia y de tener las estadísticas ha sido un problema”, dice, al cuestionar cifras oficiales que reportan altos porcentajes de personal no objetor en hospitales con muy pocos procedimientos realizados.
Aclara que la objeción aplica principalmente para procedimientos instrumentados en segundo o tercer trimestre, no para la administración de medicamento en etapas tempranas.
“Si entendemos que todos los embarazos menores de doce semanas se están atendiendo con medicamento, estaríamos hablando de que hay una gran parte de resolución del problema que no requiere declararte objetora de conciencia”.
También señala una deuda en la formación universitaria.
“Seguimos viendo a las escuelas de medicina sin tomar en serio el tema. Se sigue formando en la escuela de medicina a médicos objetores de conciencia desde el principio”, sostiene.
Desprotección y desinformación
Uno de los focos de preocupación son las adolescentes y niñas, especialmente en el interior del estado. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México continúa recibiendo principalmente a mujeres del área metropolitana, con cierto nivel de escolaridad e información; sin embargo, no están llegando con la misma facilidad menores de edad o habitantes de zonas rurales.
Narra el caso reciente de una menor de 15 años embarazada por violación, a quien en su centro de salud le indicaron que debía trasladarse al hospital regional sin brindarle orientación ni aclarar a la madre que no enfrentaría responsabilidades legales.
“Esta cuestión se complica, se dificulta, porque el centro de salud dice: ‘Aquí no se hace el procedimiento y vete para allá’, pero no le dan ni la información básica”.
Además, advirtió que algunas mujeres evitan reportar la causal de violación por miedo o estigmatización, lo que podría estar impactando en las estadísticas.
“Más que haber mentido antes, están conservando información ahora”.
Algunos casos se registran como aborto electivo cuando en realidad derivan de agresiones sexuales, señala la activista, quien agrega que hay situaciones en las que los agresores estarían vinculados al crimen organizado, lo que incrementa el riesgo para las familias si se denuncia.
Ortega Medellín considera que, pese a la reforma legal, persiste un entorno de criminalización social y médica.
“Todavía en familias o en algunos sectores sigue habiendo una sanción a quien de manera abierta exprese que quiere interrumpir un embarazo y acudir a un servicio de salud”.
Las cifras del problema
Con base en datos compartidos por la Secretaría de Salud, la activista refirió que en 2025 se realizaron 115 interrupciones del embarazo en menores de 18 años; en 2024 fueron 111; en 2023, 64; y en 2022, 32. En menores de 15 años, en 2025 se registraron 18 procedimientos.
Además, ese mismo año se reportaron 404 embarazos en niñas menores de 15 años, una cifra que, según Ortega, no ha disminuido de manera sustancial respecto a años previos.
Desde la experiencia de la Red, el acompañamiento también ha ido en aumento.
“En enero tuvimos dos por día. No es esa la cantidad que regularmente tenemos, pero lo que quiero decir es que todavía hay una mayor incidencia de personas que están recurriendo a las colectivas”.
Si bien reconoce avances en la atención institucional, también señala que aún hace falta mayor difusión pública y cobertura efectiva en todo el estado.
“Sí hace falta difusión y sí hace falta cobertura de la atención, para que entonces pudiéramos decir que hay una diferencia sustancial entre una capacidad instalada de una institución y las colectivas que lo hacen de forma voluntaria”.
MC
