Parte del programa de recuperación de Guanajuato podría ser la constitución de una Ley de Responsabilidad Civil de las Empresas.
El ejercicio 2019 empezó en España con un nuevo marco legal para determinados grupos y sociedades en España con la entrada en vigor de la Ley de Información No Financiera y Diversidad.
La nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad, que exige a determinadas empresas publicar, como parte del reporting anual, información relativa a su gestión social, medioambiental, de derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.
La intención es continuar impulsando la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas. En un plazo de tres meses tras el cierre del ejercicio social, y dentro de las cuentas anuales, las compañías deben presentar una breve descripción del modelo de negocio, incluyendo un entorno empresarial, organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, así como los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución; una especificación de las políticas que aplica a dichas cuestiones; los resultados de esas medidas; los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades empresariales; y los indicadores clave de los resultados no financieros de la actividad empresarial concreta.
Por ahora, este precepto solo afecta a aquellas entidades que superen los 500 empleados o que tengan la consideración de entidades de interés público por la legislación de auditoría de cuentas, o bien que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes tres condiciones: poseer un activo consolidado de más de 20 millones de euros (más de 500 millones de pesos); que la cifra de negocio consolidada sea de más de 40 millones de euros; o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
Está previsto que, a partir de 2021, la obligación de aplicar la nueva normativa se amplíe a todas aquellas sociedades de más de 250 trabajadores que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas (exceptuando a las entidades que tienen la calificación de pequeñas y medianas empresas), o bien a la fecha de cierre de cada uno de los ejercicios sociales posean un activo consolidado de más de 20 millones de euros o la cifra de negocio consolidada sea de más de 40 millones de euros (cerca de mil millones de pesos).
La información incluida según la nueva normativa ha de ser verificada por un prestador de servicios independiente que deberá poder evidenciar que el estado de información no financiera está libre de cualquier error relevante.
Una ley de este tipo tras la pandemia sería muy pertinente para: evitar que los patrones abusen de los despidos fuera del marco de justicia legal que debe prevalecer el trabajo sobre el capital en las empresas; como forma de estimular a las grandes empresas a que incorporen a Mipymes en sus cadenas de valor y a que, a través de la responsabilidad social corporativa, las empresas grandes asuman modelos de negocio compatibles con modelo de economía verde y circular, lo que podría detonar este sector de la economía, para crear empleos.
* Profesor Investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad DeLaSalle Bajío
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