Hoy quiero hacer un llamado a reconsiderar la forma en la que opera el municipio. Y quiero proponer una reforma que mejore el funcionamiento de los más pequeños de forma que todos los mexicanos podamos tener más y mejor gobierno.
El problema del municipio es serio: a la par de que es el nivel de gobierno más precario y desatendido, es también al que más funciones básicas se le confieren [1]. El municipio está a cargo de casi todo lo que el ciudadano de a pie asocia con buen o mal gobierno.
Sin embargo, el municipio no tiene los recursos ni fue pensado para resolver esos problemas. En muchos casos, el municipio nació para repartir cotos de poder territorial, no para hacer política pública eficaz. Pienso que es tiempo de darle un vuelco.
México requiere reconocer que hay funciones críticas de gobernabilidad que es imposible depositar en 2,476 presidentes municipales, sobre todo cuando muchas de estas manos no tienen capacidades mínimas para ejercer la autoridad.
Una buena forma de identificar si un municipio tiene capacidad mínima para ejercer la autoridad es saber si éstos logran cobrar impuestos para cubrir sus funciones más básicas. La mayoría no lo hace. De 2,476 municipios, hay 1,294 municipios que no recaudan ni 100 mil pesos de predial al mes y 930 que no logran esa cantidad ni con la totalidad de impuestos que recaudan.
Excluyendo a los municipios de usos y costumbres, que tienen una lógica distinta, si un municipio no tiene capacidad o interés por recaudar no puede llamarse a sí mismo gobierno. Puede llamarse representante político, lo cual es una función importante y loable, pero no puede decirse depositario de la autoridad gubernamental.
A ello se debe agregar el problema de la pulverización de autoridad con al menos 1,038 municipios que no tienen ni 10 mil habitantes.
Estimo que, considerando capacidad recaudatoria y población, México podría aspirar a reducir sus unidades municipales hasta en un 35 por ciento, para tener un aproximado de 1,600 municipios. Esto implicaría fusionar unidades territoriales sin tocar uno solo de los municipios de usos y costumbres.
Hay algunas funciones que, independientemente del tamaño del municipio, podrían considerar centralizar en los estados o en unidades territoriales más amplias. Por ejemplo, el servicio de agua potable, y de tratamiento y disposición de aguas residuales, requiere una coordinación por cuenca, en vez de por divisiones territoriales políticas. En cuanto a seguridad, también podría considerarse crear policías locales que fusionen a varios municipios, de forma que se homologue la calidad de su funcionamiento.
En general, desfragmentar el mandato público y fusionar recursos ayudaría a crear unidades de gobierno de un tamaño más manejable y con capacidad de escala. Todo esto podría lograrse sin afectar la estructura de ninguno de los municipios regidos por el sistema de usos y costumbres indígenas.
[1] Las responsabilidades de los municipios son enormes. Tienen a su cargo el cobro del predial, el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; el tratamiento y disposición de aguas residuales, el alumbrado público, y de la recolección y disposición de basura; el cuidado de mercados, centrales de abasto, panteones y rastros; el equipamiento de calles, parques y jardines, así como múltiples áreas de seguridad pública incluyendo la policía preventiva municipal y de tránsito.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
