La creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE parte de una preocupación que nadie podría considerar menor: evitar que personas vinculadas con la delincuencia organizada lleguen a las boletas de una elección.
El mecanismo ya tiene lineamientos. Los partidos podrán enviar voluntariamente al INE los nombres de sus aspirantes para que la información sea canalizada a instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras.
La decisión final sobre la postulación seguirá siendo responsabilidad de los partidos y de las candidaturas independientes.
Hasta ahí, todo parece razonable.
El problema comienza cuando se mira desde Tamaulipas.
Porque aquí conocemos desde hace años las acusaciones, investigaciones oficiales y extraoficiales, así como señalamientos públicos sobre presunto financiamiento irregular de campañas y la posible utilización de recursos de procedencia cuestionada.
No se trata de convertir señalamientos en sentencias ni de atribuir delitos a quien no ha sido condenado. Se trata de recordar que el problema de una elección no necesariamente termina cuando se revisa el nombre de quien aparece en la boleta.
La nueva Comisión puede ayudar a detectar riesgos en las personas que buscan una candidatura. Incluso las autoridades competentes pueden continuar o iniciar investigaciones cuando encuentren información relevante.
Es el tema que debería interesarnos particularmente en Tamaulipas, porque a lo largo y ancho del territorio Alcaldesas, Alcaldes, Senadoras y Senadores y otros funcionarios de primer nivel, han sido señalados por su cercanía con el crimen organizado.
Un aspecto es que la persona postulada haya pasado por la revisión y otra muy distinta es que se logre impedir que recursos de origen ilícito o dudoso terminen financiando una campaña.
El INE ha sido claro: esta Comisión no investiga ni determina riesgos. Coordina y canaliza información. Son otras instituciones las que realizan los análisis correspondientes.
Eso hace que la eficacia del nuevo mecanismo dependa, en buena medida, de la calidad y oportunidad de la información que reciba.
La entidad tamaulipeca debería mirar con especial atención este experimento institucional.
No para descalificarlo antes de que funcione, sino para exigir que funcione.
Y esa es una prueba que no se gana solamente revisando nombres.
