“Hasta que la gran masa del pueblo
se llene con un sentido de responsabilidad
por el bienestar del otro, la justicia social
nunca podrá alcanzarse”
Helen Keller
El día de ayer, llamó mi atención una nota periodística que señalaba que en Guanajuato hacían falta elementos de policía, para cumplir con estándares internacionales, pero hay que decirlo, éste es un problema no sólo estatal, sino nacional, puesto que hasta el Presidente habló sobre ello, y que es resultado de diversos problemas.
En función de mi experiencia, uno de ellos, tiene que ver con algo muy simple, nosotros como ciudadanos confiamos nuestra seguridad a los policías, y se supone que el gobierno, se debe encargar de tenerlos en las mejores condiciones posibles, y no sólo para evitar que se corrompan, sino para asegurarles que ante cualquier situación, incluyendo la pérdida de su vida, serán atendidos, ya sea ellos o sus familias.
La Constitución Federal y los derechos humanos en ella contemplados, son diseñados a partir de principios, que deben ser desarrollados por leyes secundarias para que tengan plena eficacia, por lo que su aplicación, como en el caso de los policías, no siempre es la adecuada.
Es conocido, que quienes pretenden integrarse o permanecer en un cuerpo policiaco, tienen que pasar por una serie de pruebas; pero adicionalmente, si alguno de ellos, es separado de manera injustificada y es demostrado ante los Tribunales, existe la prohibición constitucional de reinstalarlos, lo que genera una clara desventaja en sus derechos.
Y ante ello, lo único que la constitución prevé, es que, sólo podrán acceder a una indemnización y demás prestaciones a las que tengan derecho conforme a lo establecido en sus propias disposiciones, y es precisamente, esto último, lo que evidencia una violación a sus derechos, ya que las leyes federales y muchas estatales vigentes, no contemplan ni la forma de calcular la indemnización, ni se mencionan cuáles son esas prestaciones.
Los avances de una sociedad, no sólo deben medirse en términos de desarrollo tecnológico, sino también con base en el nivel con el que se respetan y garantizan los derechos humanos, y en ese sentido, derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, los derechos humanos en México, recibieron un nuevo impulso.
Así, han sido tribunales administrativos quienes mediante sentencias, han resuelto estos espacios legales -que subsisten tanto a nivel federal como en diversas entidades- para asignar a los elementos cesados injustificadamente, cuáles son esas prestaciones a las que tienen derecho, asignando una indemnización de 3 meses de sueldo y 20 días por año laborado.
En el caso de Guanajuato, a mediados del año pasado, entraron en vigor reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que buscan mejorar las condiciones en que nuestros policías se desempeñan; sin embargo, desde el gobierno federal es necesario asumir un compromiso para impulsar reformas legales y estructurales de fondo, que garanticen los derechos de los policías y en función de ello, exigirles precisamente a lo que están obligados por ley, ni más ni menos.
* Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017
