El número de reclusos en las cárceles de nuestro país es mayor a la capacidad instalada; según el INEGI, en el 2016 había más de 188 mil y el número de lugares era de sólo 170 mil; es decir, una sobrepoblación de poco más del 10%. Cada uno de esos reclusos cuestan al erario un promedio de $200 diarios; lo que significa casi 14 mil millones de pesos al año. El personal ocupado en los centros penitenciarios es de poco más de 36 mil; un empleado por cada 5 reclusos.
Para Luis María Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva en México ha implicado: “costos desorbitantes para mantener cárceles precarias, peligrosas y sobrepobladas, escuela criminal para delincuentes de escasa malicia, connivencia entre procesados y sentenciados, familias separadas, proyectos truncados y vidas desperdiciadas para los condenados sin condena, los absueltos tras años de litigio, los inocentes”.
Según el mismo reporte, de cada 10 reclusos, 7 tienen algún nivel de escolaridad básica y 2 de nivel medio superior; el 10% restante se reparte entre los que no tienen ningún tipo de estudios y los que tienen alguno de nivel superior. Reflejo claro de que en las cárceles no están aquellos criminales con más recursos que quizá lograron escabullirse abriendo puertas con dinero, “palancas” e impunidad. De hecho, en nuestro país, de cada 100 delitos que se cometen, solamente se denuncian 6. De los que sí se denuncian, sólo se resuelven, con algún tipo de sentencia, el ¡3.5%! Lo más grave de esta problemática, es que con este pobre nivel de respuesta ya hay sobrepoblación ¿se imagina si se incrementara el número de sentenciados, digamos, al 7%?
Quizá sean éstos sólo algunos de los motivos por los que debemos pensar en una amnistía como la que propone AMLO. Nuestro país no ha sido capaz de dar cabida a buena parte de su población.
Personas que tienen que migrar a otro país en busca de una oportunidad; jóvenes que no caben en ninguna escuela y sin posibilidad de obtener un empleo remunerado; campesinos desprotegidos que quedan a merced del crimen organizado; mujeres explotadas; niños abandonados y una cadena sinfín de víctimas que ante la falta de garantías del Estado no han tenido otra salida más que la de “delinquir”. Una buena parte de nuestros presos forman parte de estos casos. Como dijo AMLO en una reciente entrevista: “Amnistía es para las víctimas forzadas a incurrir en la ilegalidad como consecuencia de la incapacidad del Estado y otras autoridades”. Es momento de hacer justicia.
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