Históricamente, el desarrollo económico ha fermentado problemas relacionados con la corrupción, mayoritariamente en instituciones públicas y en menor medida en las privadas, y ha involucrado a agentes de ambos contextos. Su proliferación y efectos negativos (o positivos) provocaron que en los últimos 50 años se fomentaran políticas para combatirla (desde creación de programas e instituciones), muchas de las cuales se acrecentaron en el denominado periodo neoliberal, con la justificación de hacer eficientes las estrategias para incrementar el desarrollo.
En América Latina y en México, los niveles de esta problemática poco decrecieron en el periodo señalado (por no decir que aumentaron), pues las estrategias no impactaron en la impunidad (aportar pruebas, judicializar y encarcelar), ya que la mayoría de agentes señalados en estos casos evadieron la ley (por lagunas) o tuvieron protección de los gobiernos, en razón de su afinidad ideológica.
En México, el actual gobierno federal ha instrumentado, como parte fundamental de sus políticas, una lucha encarnizada para detectar, denunciar y exhibir los casos de corrupción del sistema político y económico (incluso sin contar con pruebas y generalizando de forma arbitraria), lo que en principio le ha redituado amplias simpatías populares al régimen.
Sin embargo, desde la perspectiva de la impunidad, es demostrable que todos los agentes involucrados (implícita o explícitamente) en los casos más sonados de corrupción, desde Lozoya hasta el caso del aeropuerto, continúan evadiendo en lo general al sistema judicial, y es complicado que en el corto plazo realmente se les pueda aplicar la ley y entren a la cárcel. Esto no evita que sus casos sean utilizados como justificante político para ampliar la popularidad del régimen y apuntalar sus visiones de transformación. Al final, si los niveles de impunidad no decrecen, no importará cuántas políticas anticorrupción se instrumenten, y lo único seguro es que el desarrollo del país continuará bloqueado y el progreso se retrasará aún más.
JOSÉ JUAN CERVANTES
Iinso-UANL
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