Con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y la aprobación a las leyes secundarias en la materia, fue labor de las entidades federativas crear o armonizar sus leyes con el objetivo de homologar criterios y procedimientos en el combate a la corrupción.
Coahuila inició su armonización legislativa en 2017 con la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la cual establece los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los Entes Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
El Sistema está integrado por un Comité Coordinador, los Municipios y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), siendo éste último el motor ciudadano al interior del SEA.
De modo que, garantizar la idoneidad de los perfiles que integran el CPC fortalece la posición de la ciudadanía en la construcción de los mecanismos que permitan el control de la corrupción y el fortalecimiento institucional del SEA.
Desde su aprobación, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción ha sufrido diversas modificaciones, sin embargo, estas no han sido suficientes para garantizar la idoneidad de los perfiles que lo integran.
Actualmente, no existen limitantes para que quienes integran el CPC desempeñen otras actividades laborales o mantengan relaciones contractuales con alguna entidad pública.
Es necesario poner en el centro del debate el rol preponderante que debe tener el CPC en la articulación del Sistema y plantear la exigencia de que quienes lo integren se rijan bajo los más altos estándares de autonomía e independencia, imparcialidad, capacidades técnicas y experiencia en el combate a la corrupción.
En el CCI Laguna estamos conscientes que la piedra angular en el fortalecimiento del SEA reside en la idoneidad de los perfiles que lo integran y por lo tanto, consideramos de suma importancia se modifique la legislación actual con el objetivo de garantizar la mejor instalación y funcionamiento del sistema.
