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Sábado , 23.03.2019 / 19:17 Hoy

Derechos Humanos

Seguridad escolar, un tema de urgencia en la agenda del ombudsman mexiquense

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María José Bernal Ballesteros


La seguridad es un derecho fundamental porque supone la preservación de las dimensiones físicas, psíquicas y morales de las personas; un bien jurídico cuya protección tiene como objetivo el desarrollo integral y que, por tanto, se relaciona con el derecho a la dignidad y a la integridad, de ahí que constituya un factor ineludible para el goce y el disfrute del resto de los derechos.

La protección y la tutela de este derecho ocupan una relevancia destacada cuando se refiere a un grupo en situación de vulnerabilidad, tal y como ocurre en el caso de niños y adolescentes, quienes enfrentan problemáticas de violencia en las escuelas.

Los constantes casos de riesgo y de violencia en las escuelas se han convertido en un fenómeno social que preocupa a padres de familia, y que, desafortunadamente, cada día van en aumento, pues se supone que son el espacio que educa, enriquece y protege a sus estudiantes; por ello, resulta indispensable que se constituyan, a través de procesos de planeación y políticas públicas, en un ambiente armónico y seguro que permita su bienestar y desarrollo pleno.

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió, en 2016, 713 quejas radicadas por violación al derecho a una educación libre de violencia; mientras que en lo que va del año se han registrado 260.

Por lo anterior, esta defensoría de habitantes trabaja en la implementación del Protocolo para la ejecución del operativo "mochila segura", las Directrices para la prevención de casos de riesgo en materia educativa, así como los distintos programas de capacitación en la materia, instrumentos que tienen como objetivo fortalecer la seguridad escolar de los niños mexiquenses. Aunado a ello, emite Recomendaciones que exhortan a las autoridades educativas a generar protocolos de actuación para saber cómo actuar en casos de riesgo.

Sin embargo, es importante que las autoridades trabajen conjuntamente en la elaboración de protocolos de actuación que se ajusten a los parámetros establecidos en la normatividad internacional y nacional a favor de los niños mexiquenses, para que se eduquen en un ambiente les permita su desarrollo pleno.

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