Es notoria la ansiedad en el Consejo de Ciencia y Tecnología con relación a la Iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Si tienen asegurado el mayoriteo morenista en la Cámara de Diputados, ¿por qué esa zozobra?
A petición de la comunidad académica las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la de Educación acordaron llevar a cabo siete mesas de Parlamento Abierto. Apenas concluido la segunda mesa, la titular de Conacyt tuiteó que las comisiones referidas estaban en condiciones de emitir el dictamen antes del 12 de abril, pero la funcionaria no esperaba la respuesta del diputado Carlos Madrazo Limón, quien en la misma red reaccionó: “¡Desde luego que no, no atenté contra la división de poderes y la soberanía del legislativo. En las Comisiones acordamos siete Mesas y nuestra intención es escuchar a toda la comunidad académica, científica y empresarial”.
La intromisión, descalificación e intimidación desde Conacyt y algunas instituciones han sido constantes desde que aparecieron voces solicitando algunos cambios a la iniciativa de ley. En las 2 mesas del Parlamento Abierto, que se suponía eran espacios para escuchar propuestas desde la comunidad académica, hemos visto el desfile de funcionarios de todos los niveles de Conacyt y de Centros Públicos de Investigación que han cooptado el diálogo. Bueno, el colmo fue la presencia de un miembro de las fuerzas armadas.
Cuando por el lado de la comunidad académica hemos apreciado argumentos congruentes y propositivos, del otro lado vienen las descalificaciones. El intento de imposición que atestiguamos, para su mala fortuna está frente a un sector cuyo trabajo consiste en razonar, argumentar sus críticas y guardar lealtad a criterios de objetividad.
La apertura del Parlamento Abierto fue logrado a través de comunicados enviados a la Cámara de Diputados y firmados voluntariamente por cientos de académicas y académicos. En cambio el “posicionamiento” de los Centros Públicos de Investigación (CPI), léase el posicionamiento oficial promovido por el mismo Conacyt, salvo algunas excepciones, muestra 2 mil 187 firmas donde la mayoría corresponde a personal administrativo, funcionarios, personas que trabajan por proyecto (sin plaza), ¿es verdad eso de que “no somos como los anteriores gobiernos”?
Si usted lee la iniciativa de ley verá un desequilibrio entre sus secciones: algunas sobrerreguladas como es el caso de los CPI, y en cambio otras quedan en el terreno de las generalidades como es el caso de las universidades. No es necesaria una bola de cristal para concluir que la intención es el control total de esos centros y que por ahora no pueden con el paquete de las universidades. La iniciativa oscila entre una Ley General y una Orgánica. Es bipolar.
Hay una serie de preocupaciones encadenadas que pasa por la limitación de la libertad de cátedra, que a su vez tiene relación con la definición de la “agenda nacional” y de cómo es definida tal agenda. Me explico: las secretarías federales y otras dependencias definirán qué debe ser estudiado y por lo tanto qué puede ser financiado con dineros públicos. Aun cuando la respuesta oficial asegura que habrá participación de la comunidad científica a través de un representante, persisten dudas fundadas. La increíble y triste historia de la designación de una funcionaria que plagia tesis, nos muestra escenarios de participaciones de incondicionales al régimen.
Ahora bien, supongamos el remoto caso de que una persona del sector académico sea elegida por sus méritos y a la que no se le condicione de ninguna manera para participar en el diseño de esa agenda, ¿qué incidencia puede tener frente a un órgano donde participan las fuerzas armadas cuando éstas son objeto de estudios por violaciones a los derechos humanos? ¿Qué peso tendrá su opinión y voto si resulta que cuestiona megaproyectos gubernamentales por su impacto ambiental, arqueológico y cultural? ¿O si cuestiona la política migratoria o de seguridad?
El Conacyt puede ser un buen coordinador de sector, pero no un director de la ciencia como pretende con esta iniciativa. Hace algunos años esa dependencia solicitó un estudio sobre los impactos de la construcción del Tren Maya, pero como los resultados del trabajo académico fueron adversos al megaproyecto, decidió no apoyar la publicación. El trabajo finalmente salió a luz gracias a otros apoyos, se trata de “Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya”, donde participan investigadoras e investigadores de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur, INAH, UNAM, ITESM, asociaciones civiles y universiades públicas y privadas. Esta es solo una muestra de acciones ya comunes, acciones que serían legitimadas con la aprobación de la cuestionada iniciativa de ley.
*Camilo Contreras Delgado
*Profesor-investigador de El Colef
