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Martes , 23.04.2019 / 04:51 Hoy

Seguridad ciudadana

Donde más les duele

Sophia Huett

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Dicho en términos prácticos, la extinción de dominio es cuando el Estado toma un bien de la delincuencia para ponerlo a disposición de una mejor causa. Su objetivo en primera instancia, es disminuir los recursos de los delincuentes y así desalentar su capacidad operativa. Los bienes obtenidos a través de esta vía tienen como primordial uso atender el interés y beneficio de la sociedad, a través incluso de esquemas de reparación del daño a las víctimas y ofendidos por hechos ilícitos. Se trata de otra vía para enfrentar a la delincuencia de manera sistemática y organizada, a fin de disuadir la comisión de delitos y afectar la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias. Es un instrumento legal para las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, sin que ello signifique un gasto para las finanzas públicas.

Desde el año 2011, Guanajuato cuenta con su propia Ley de Extinción de Dominio, que establece la pérdida de derechos sobre bienes relacionados con casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito.

Tiene como materia aquellos bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito; bienes que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; bienes utilizados para la comisión del delito por parte de un tercero, si se da el caso de que el dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, así como que estén a nombre de terceros, sobre los cuales haya suficientes elementos para determinar que son productos de delitos patrimoniales y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.

La Ley establece que la extinción de dominio procede en cualquier momento, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero que existan elementos relacionados con el delito.

Tiene gran importancia resaltar que aquellas personas que denuncien o contribuyan efectivamente a obtener medios de prueba para declarar la extinción de dominio, podrían obtener del 5 al 20% del valor de venta o comercial, dependiendo de la colaboración que haya tenido en el caso.

De tal forma que toda persona que presente una denuncia que conduzca a un resultado positivo en materia de extinción de dominio, tiene el derecho a solicitar la retribución correspondiente.

Se trata de castigar a los delincuentes en donde más les duele: lo económico.

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