Cuando en 2020 llegó el covid, si algo nos salvó en muchos aspectos, fue el cibermundo.
A través del internet pudimos seguir estudiando, trabajando, socializando, vendiendo, produciendo y realizando trámites.
Al menos tuvimos una Navidad en la que las video llamadas se convirtieron en la mejor forma de convivencia familiar, por citar un ejemplo muy concreto.
Nuestra presencia en la red se intensificó. Quienes no tenían un correo electrónico, se vieron obligados a tramitarlo, lo mismo para realizar compras que para entrar a una reunión laboral. Otros descubrieron qué significaba el código QR para tramitar el comprobante de su vacuna, mientras que algunos que rehuían históricamente de las tecnologías, encontraron la vía para seguir impartiendo clases y ya no hablemos de las evaluaciones y recepción de trabajos escolares en todos los niveles educativos.
En términos de seguridad ¿qué ocurrió ante la participación masiva de usuarios de internet? Que los delincuentes encontraran terreno fértil, nuevas modalidades y datos para cometer ciberataques, fraudes y también, para comprobar la solidez de los sistemas informáticos gubernamentales, incluyendo el del sector salud.
Los datos sanitarios constituyen la información más sensible de una persona y de una sociedad, porque el catálogo de usos legales e ilegales es inmenso.
¿Ejemplos? La información de salud de las personas permite planear la política pública en materia de seguridad, saber de qué es propensa a enfermarse y cuáles son los recursos que evitarán una crisis en la materia. Pero también sirve para saber los datos actuales de alguien que acudió al puesto de vacunación y luego llamarle bajo la fachada de personal de salud y solicitar algún pago adicional o peor aún, extorsionarlo con el nombre de una organización delictiva. Pero también son útiles para el robo de identidad e incluso de datos bancarios o bien, para recibir transferencias bancarias para evitar una multa sanitaria.
Pensemos en enfermedades que producen escarnio o críticas en la sociedad, ¿podrían ser materia de chantaje o extorsión para una persona con tal de no hacerla pública? Por supuesto que sí. Y también a ello sumemos la promesa de un tratamiento por una módica cantidad.
Ya no hablemos de los beneficios comerciales de la publicidad dirigida a un usuario con una necesidad específica, lo que abarata costos a farmacéuticas y empresas a las que el usuario no consintió dar su información personal.
Perder el control sobre los datos sanitarios de las personas puede tener consecuencias catastróficas y defraudar la confianza de la ciudadanía.
Por cierto, ¿se acuerda dónde quedaron sus comprobantes de la aplicación de la vacuna covid?
