El lunes, la Suprema Corte de Estados Unidos dictó dos sentencias que modifican la arquitectura del poder del sistema político estadunidense. La jueza Sotomayor, junto con Kagan y Jackson, en un emotivo voto minoritario, advierten lo que implica esta decisión: la Corte “confiere al presidente un poder desconocido incluso para la Corona inglesa contra la cual se revelaron los Fundadores, elevándolo por encima de los que eran sus poderes coiguales al transformar el deber de velar por que las leyes se ejecuten fielmente en una licencia para actuar en abierto desafío de esas mismas leyes”. No es retórica. Estamos frente a un cambio fundamental.
En Trump v. Slaughter, una mayoría de seis contra tres revocó el precedente conocido como Humphrey’s Executor que data de 1935 y autorizó al presidente a destituir, sin invocar causa alguna, a los comisionados de la FTC, y por extensión, a cualquier funcionario de una agencia reguladora independiente. Conviene recordar que, desde hace más de un siglo, el Congreso ha creado por ley órganos técnicos —como la Comisión Federal de Comercio (FTC)— diseñados para operar aislados de la política partidista. Su rasgo distintivo es que son cuerpos colegiados y bipartidistas, cuyos integrantes sólo podían ser removidos por el presidente “por causa”. Durante casi noventa años, esa fue la regla, y sobre ella el Congreso edificó decenas de agencias.
La teoría del Ejecutivo unitario, suscrita entre otros por el presidente de la Corte, John Roberts, invierte esa lógica. Parte de una premisa: el artículo II de la Constitución de Estados Unidos deposita el Poder Ejecutivo en una sola persona. Quien lo ejerce debe rendir cuentas al presidente y, por tanto, ser removible por él a voluntad. Las protecciones contra la remoción serían, bajo esa lectura, inconstitucionales. Lo que ayer era diseño institucional legítimo se vuelve hoy una usurpación del poder presidencial.
En la segunda sentencia, Trump v. Cook, en cambio, la misma Corte —por cinco votos contra cuatro— negó al gobierno remover de inmediato a una gobernadora de la Reserva Federal. Pero lo hizo por una vía procedimental: el presidente no le dio el aviso ni la defensa que la ley exige. La independencia del banco central se salvó como excepción “consagrada por la historia”, no como principio. El propio Roberts firmó ambas decisiones.
¿Por qué importa? Porque, la Corte —con claroscuros y no pocas contradicciones— ha venido fortaleciendo los poderes del presidente. Estas decisiones no son casos aislados. La Corte ha desechado precedentes centrales para la división de poderes y los derechos, y habrá más por venir. La Reserva Federal se salva hoy; mañana, quizá, no. Y la figura del Ejecutivo se fortalece hasta límites inimaginables en la tradición constitucional estadunidense. ¿Hasta dónde llegará?
