Hay ideas que se instalan en el debate público antes de que entendamos bien qué significan. “Soberanía digital” es una de ellas. El concepto ya circula en México y se usa en documentos oficiales. Por ejemplo, la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 establece a la “soberanía tecnológica” como principio rector, y el gobierno habla hoy de una política de “soberanía digital” a cargo de la Agencia de Transformación Digital. Pero ¿qué significa exactamente? Me temo que la respuesta dista de ser clara.
Conviene mirar su origen. En los años noventa se imaginó internet como un espacio sin fronteras, ajeno al poder de los Estados. Esa ilusión se desvaneció. Los gobiernos aprendieron a regular, vigilar y controlar la red. Hacia 2016 —con la llegada de Trump, el reglamento europeo de datos y la ley de ciberseguridad china— la soberanía digital se volvió consigna global. Hoy la invocan por igual democracias y regímenes autoritarios.
Una revisión de la literatura muestra que, bajo el mismo término conviven, al menos, tres contenidos distintos. El primero es la capacidad del Estado para controlar infraestructuras críticas, datos y redes frente a potencias y empresas extranjeras. El segundo es económico: impulsar la industria tecnológica nacional y reducir la dependencia de las empresas estadunidenses o chinas. El tercero, más reciente, mira al individuo para que cada persona pueda decidir, de manera consciente, sobre sus datos y su vida digital. Aquí, la soberanía no es del Estado, sino de la persona.
Las implicaciones no son menores. Apelar a la soberanía digital puede justificar desde la localización de datos hasta el bloqueo de plataformas. El mismo concepto sirve para amparar derechos y para restringirlos. En Europa es bandera para regular a las grandes plataformas mientras que en otras latitudes es argumento para cerrar el espacio digital.
El problema es evidente. Buena parte de la literatura académica advierte que la soberanía digital funciona como un “significante vacío”, es decir, una etiqueta maleable que cada actor dota de significado a conveniencia. Puede encubrir proteccionismo disfrazado, nacionalismo tecnológico o control político sobre la información.
Hay, además, una objeción de fondo para muchos países, México entre ellos. La soberanía digital presupone capacidades —regulatorias, industriales, inversiones, infraestructura física y humana, centros de datos — de las que carecemos y que no se generan por decreto. Aspirar a una soberanía digital suena bien pero resulta irreal. Conviene por ello cambiar el lenguaje. Más que soberanía, necesitamos gobernanza digital, donde el acceso a los recursos y las capacidades digitales sea global y esté abierto a todos. Y para que esa gobernanza sea real, debe incluir a todos los actores: gobiernos, empresas, comunidad técnica, academia y sociedad civil. Lo demás es retórica.
