Hacer trampa, negar errores y saber que no pasa nada. Este parece ser el canon en una buena parte de la sociedad mexicana. Cuando estas prácticas se toleran o, peor, se normalizan, la confianza se erosiona y se devalúa la vida pública. Por eso importa lo sucedido con el examen de admisión de la UNAM: ante una falla severa que puso en riesgo la credibilidad de uno de sus procesos más sensibles, la Universidad mostró que existe otra ruta.
El asunto ocupó las primeras planas de los diarios nacionales por varios días. Los resultados del examen de ingreso a licenciatura encendieron las alarmas. Entre 2021 y 2025, 3.5 por ciento de los aspirantes obtuvo 100 aciertos o más; en 2026 la cifra saltó a 16.3 por ciento. Había evidencias de conductas prohibidas y una anomalía estadística imposible de ignorar, agravada por el hecho que, por las mejores razones e intenciones, fue el primer examen aplicado totalmente en línea.
La respuesta institucional fue clara y prudente. Se reconoció el problema, se suspendieron las inscripciones y se integró una comisión de académicos y especialistas de reconocido prestigio para revisar el proceso, reconstruir lo que sucedió y recomendar soluciones al Rector. Su propuesta fue aplicar un examen presencial de control, no sólo a quienes habían obtenido un lugar, sino también a quienes pudieron haber sido desplazados por la distorsión de los resultados. Cerca de 58 mil aspirantes fueron convocados. Entre el 12 y el 19 de agosto se desplegó una operación en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México, con supervisión presencial y equipos sin conexión a internet.
Pero corregir el examen no bastaba. También era necesario que hubiera consecuencias. La secretaria general, responsable del área responsable de aplicar el examen, presentó su renuncia; la UNAM terminó anticipadamente el contrato con la empresa que operó la plataforma y se ordenó el despliegue de auditorías internas y tecnológicas. Además, se solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar el proceso de contratación y determinar eventuales responsabilidades. Las investigaciones están en curso.
El episodio deja al menos tres lecciones. La primera, hacer trampa no es admisible. Obtener una ventaja sin esfuerzo o mintiendo es una forma de corrupción. Esto es inaceptable para la Universidad y su sistema de valores. La segunda, las faltas deben tener consecuencias. Sin responsabilidad, la confianza no se reconstruye.
La tercera, las instituciones se equivocan, pero reconocen sus errores, los corrigen y aprenden de ellos. Aquí, la función de la comisión resulta crítica para entender que falló y convertirlo en aprendizaje institucional.
“El pasado es prólogo” decía Shakespeare. La Universidad tiene, ahora, la oportunidad de usar este aprendizaje para construir los siguientes pasos, sin dejar de innovar.
